Las organizaciones
políticas, del movimiento social, defensoras de derechos
humanos y de
prisioneras y prisioneros políticos, organizaciones de
mujeres y personalidades
abajo firmantes:
DENUNCIAMOS QUE
A pesar
de los anuncios del gobierno y la insurgencia de las FARC-EP
sobre la cercanía
de un Acuerdo final, el Estado sigue dando muestras de su
accionar represivo.
Lejos de
ajustar su actuación en clave de generar confianzas en la
nueva etapa que se avecina,
la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral
a las Víctimas ha decidido dar continuidad al proceso de cobro coactivo en contra de la socióloga
y defensora de derechos
humanos Liliany
Patricia Obando Villota,
pretendiendo a través del mismo ejecutar la multimillonaria
multa impuesta como
parte de la pena por el delito de rebelión.
Sentencia,
que debe recordarse, fue proferida en desarrollo de un
cuestionado proceso, en
el que se vulneraron todo tipo de garantías judiciales. Liliany no sólo fue condenada mediáticamente
incluso desde antes
de su captura, violando su derecho a la presunción de
inocencia y a su
intimidad, sino que la determinación judicial se basó en
pruebas ilegales,
desechadas por la Corte Suprema de Justicia en otras
actuaciones.
Sumado a
ello, tanto los medios de comunicación como las
determinaciones de los
operadores de “justicia” reprodujeron una constante violencia
de género,
sometiéndola a un “sutil” maltrato a su condición de mujer. A
su presentación
ante la opinión como la “amante” o “compañera sentimental” del
abatido comandante
de la insurgencia Raúl Reyes, lo cual refleja la forma como la
asignación de
roles sociales a la mujer se reproducen en los procesos
judiciales denigrando
de la condición femenina, se sumaron repetidas negativas al
reconocimiento de
los beneficios que la ley contempla para las madres cabeza de
hogar, que como Liliany
deben asumir solas la responsabilidad
del cuidado de sus hijas e hijos.
Hoy, esta
misma violencia de género se reproduce con la decisión de
perseguir el
patrimonio de su familia, para supuestamente reparar a sus
presuntas víctimas,
que jamás existieron en el proceso penal.
El Estado
sigue empeñado en continuar un proceso de inversión de la
verdad, tratando como
victimarios, a quienes en realidad son víctimas del abuso del
poder judicial y
su uso como arma de guerra.
Mientras
se anuncia la próxima implementación de un Sistema Especial de
Justicia y una Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), que permitirá, entre otras cosas,
la revisión
de sentencias proferidas
arbitraria e ilegalmente, se persiste en el ensañamiento
contra quienes han
sido sometidas a la cárcel y el escarnio público, por sus
supuestos vínculos
con la insurgencia.
La
determinación contenida en el auto 4325 de mayo 31 de 2016, en
contra de Liliany
Obando, emanada de la Oficina
Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas,
que reza: “… ORDENAR el
embargo del bien
inmueble…”, no sólo constituye una afrenta en la
construcción de confianzas
en este momento crucial del proceso con las FARC-EP, sino que es un claro reflejo de una política
estatal que
desconoce por completo una perspectiva de género en sus
actuaciones, al
perseguir sin miramiento alguno de su condición social, a las
mujeres que se
enfrentan a la realidad de proteger y garantizar la
estabilidad integral de sus
hijas e hijos.
Ante esta
nueva evidencia de la violencia estatal, hacemos un llamado a
la solidaridad.
Un llamado a rechazar la continuidad de la política de guerra
que sigue usando
el gobierno en las decisiones jurídicas contra quienes han
sido condenados por
su pensamiento crítico, como Liliany
Obando.
Rechazamos
cualquier tipo de estigmatización, persecución y
revictimización contra Liliany.
La paz son cambios y no discurso, por ello, el
silencio NO es
alternativa!
PETICIONES
Solicitamos
a las organizaciones defensoras de derechos humanos,
defensoras de la Paz y la
Justicia Social, nacionales e internacionales, enviar cartas
de apoyo y
solidaridad con Liliany y de presión a las instituciones
colombianas,
solicitando:
1.
La SUSPENSIÓN de la medida de cobro coactivo de la
multa y embargo de
su inmueble familiar (Radicado No. 20161120039833, Auto 4325
del 5/31/2016),
para que su caso pueda ser revisado en la JURISDICCION
ESPECIAL PARA LA PAZ, en
consecuencia con lo acordado por las partes en la Mesa de
Conversaciones de Paz
entre el gobierno Santos y las FARC en el Punto V de la
agenda: VICTIMAS.
2.
Que cese la estigmatización,
persecución y revictimización en contra de la Socióloga y
Defensora de Derechos
Humanos LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA.
3.
Que se garantice el respeto
a su vida, su integridad física y moral y la de su familia.
Sus cartas de presión y solidaridad
con Liliany puede dirigirlas a las siguientes direcciones,
con copia a:
JUAN MANUEL SANTOS
PRESIDENTE DE COLOMBIA
Dirección:
Casa de Nariño, Carrera 8 No. 7 – 26 Bogotá
ALAN JARA
Director
Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
Dirección:
Calle 16 No. 6 – 66 Edificio Avianca
IVAN SARMIENTO GALVIS
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
Dirección:
Carrera 6 No. 14 – 98
Doctor
SERGIO JARAMILLO
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
PARA LA PAZ
Dirección:
Casa de Nariño, Carrera 8 No. 7 – 26 Bogotá
DELEGACIÒN DE PAZ DE LAS
FARC – EP
La Habana – Cuba
Firman,
GLORIA INÉS
RAMÍREZ, Ex Senadora de la República
LILIA
SOLANO, Relaciones Internacionales de la Unión Patriótica,
Consejera del Consejo
Nacional de Paz
MARK
BURTON, abogado defensor de Derechos Humanos (EEUU)
JUSTICE
FOR COLOMBIA (Inglaterra)
MARCHA
PATRIÒTICA
PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO
COMISIÓN
DE SOLIDARIDAD CON LAS DETENIDAS Y PRESOS POLÍTICOS DEL
PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO
DEPARTAMENTO
DE MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO DEL PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO
UN MILLON
DE MUJERES DE PAZ
COLECTIVA
JUANA JULIA GUZMÁN
CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
RED INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS
COLOMBIANOS – INSPP
BRIGADA
JURÍDICA EDUARDO UMAÑA MENDOZA – BJEUM
...
