lunes, 1 de agosto de 2016
EVENTOS RECREATIVOS EN LA PICOTA.....
EN ESTOS MOMENTOS SE DESARROLLA EN EL AREA DEL PATIO, EVENTOS RECREATIVOS COMO PARTE DE LA DESOBEDIENCIA PACIFICA LLEVADA A CABO HACE 14 DIAS, EXIGIENDO ATENCION EN SALUD A TODOS LOS PRESOS DE COLOMBIA
Justicia para Liliany Obando
TOMADO DE AGENCIA PRENSA RURAL.
Por estos días, la injusticia y la violencia de género la siguen persiguiendo, esta vez enfocándose en el patrimonio de su familia, con la excusa de reparar a sus presuntas víctimas, las que jamás existieron en el proceso penal.
Alejandra Cano
/ Domingo 31 de julio de 2016
A pesar de que el gobierno y la insurgencia de las FARC-EP están ad
portas de un acuerdo final, el Estado no manifiesta intención de
inspirar confianza durante los siguientes capítulos que harán parte de
la historia del país. Esto queda demostrado en el trato que se le ha
dado al caso Liliany Patricia Obando Villota, pues la continuidad al
proceso de cobro coactivo, por parte de la Oficina Asesora Jurídica de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es un
abuso, al constituir una millonaria multa que hace parte de la pena por
el supuesto delito de rebelión.
La sentencia en mención, vale la pena recordar, fue manifestada durante un reñido proceso, durante el cual no hubo ningún tipo de garantías judiciales, lo que nos lleva a la conclusión de que la acusada fue víctima de una condena mediática, vulnerando así todo derecho a la presunción de inocencia e incluso a la intimidad, pues se dice que llegaron a basarse en pruebas ilegales.
A este despreciable acto de misoginia se le suma el hecho de que, aun siendo madre cabeza de familia, tuvo que enfrentar en repetidas ocasiones la negativa al reconocimiento de los beneficios que la ley contempla para las madres cabeza de hogar, que como ella, deben asumir solas la responsabilidad del cuidado de sus hijas e hijos.
Por estos días, la injusticia y la violencia de género siguen persiguiendo a Liliany Obando, esta vez enfocándose en el patrimonio de su familia, con la excusa de reparar a sus presuntas víctimas, las que jamás existieron en el proceso penal. Todo esto, al tiempo que se pretende implementar el Sistema Especial de Justicia y una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se supone admitirá una revisión de las sentencias declaradas de manera ilegal, se insiste en la persecución de personas inocentes como la protagonista de esta historia, quien además del encarcelamiento injusto, ha sido víctima del escarnio público, por supuestos vínculos con un grupo guerrillero.
Es por eso que el movimiento social y las y los defensores de derechos humanos alrededor del país, solicitan al Estado colombiano la suspensión de la medida de cobro coactivo de la multa y embargo de su inmueble familiar (Radicado No. 20161120039833, Auto 4325 del 5/31/2016), para que su caso pueda ser revisado en la Jurisdicción Especial para la Paz, en consecuencia con lo acordado por las partes en la mesa de conversaciones de paz entre el gobierno Santos y las FARC-EP en el Punto V de la agenda: Víctimas.
- Liliany Obando. Foto Wood Wolf.
La sentencia en mención, vale la pena recordar, fue manifestada durante un reñido proceso, durante el cual no hubo ningún tipo de garantías judiciales, lo que nos lleva a la conclusión de que la acusada fue víctima de una condena mediática, vulnerando así todo derecho a la presunción de inocencia e incluso a la intimidad, pues se dice que llegaron a basarse en pruebas ilegales.
Violencia de género
A todo lo anterior se le puede agregar la violencia de género de la cual también ha sido víctima la socióloga defensora de derechos humanos, pues debido a su condición de mujer, los medios de comunicación aprovecharon para llamar la atención por el señalamiento que se le hizo por ser la supuesta amante o compañera sentimental del abatido comandante de las FARC-EP, Raúl Reyes, deshonrando, como es costumbre en los procesos judiciales, por falta de una justicia de género, la condición femenina. La principal consecuencia de estos hechos, es en cualquier caso, la revictimización.A este despreciable acto de misoginia se le suma el hecho de que, aun siendo madre cabeza de familia, tuvo que enfrentar en repetidas ocasiones la negativa al reconocimiento de los beneficios que la ley contempla para las madres cabeza de hogar, que como ella, deben asumir solas la responsabilidad del cuidado de sus hijas e hijos.
Por estos días, la injusticia y la violencia de género siguen persiguiendo a Liliany Obando, esta vez enfocándose en el patrimonio de su familia, con la excusa de reparar a sus presuntas víctimas, las que jamás existieron en el proceso penal. Todo esto, al tiempo que se pretende implementar el Sistema Especial de Justicia y una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se supone admitirá una revisión de las sentencias declaradas de manera ilegal, se insiste en la persecución de personas inocentes como la protagonista de esta historia, quien además del encarcelamiento injusto, ha sido víctima del escarnio público, por supuestos vínculos con un grupo guerrillero.
El embargo de su inmueble familiar
La determinación contenida en el auto 4325 de mayo 31 de 2016, en contra de Liliany Obando, emanada de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reza: “… Ordenar el embargo del bien inmueble…”, es una injusticia más en contra de una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, sobre todo los derechos de las personas víctimas de persecución judicial por el supuesto delito de rebelión y que hoy en día se encuentran encerradas en cárceles del país, bajo condiciones inhumanas.Es por eso que el movimiento social y las y los defensores de derechos humanos alrededor del país, solicitan al Estado colombiano la suspensión de la medida de cobro coactivo de la multa y embargo de su inmueble familiar (Radicado No. 20161120039833, Auto 4325 del 5/31/2016), para que su caso pueda ser revisado en la Jurisdicción Especial para la Paz, en consecuencia con lo acordado por las partes en la mesa de conversaciones de paz entre el gobierno Santos y las FARC-EP en el Punto V de la agenda: Víctimas.
Indultados y presos de las Farc exigen cumplimiento de acuerdos
Tomado de Verdadabierta.com.
Tras cumplirse seis meses del indulto concedido a 30 miembros del grupo guerrillero, son varios los traspiés que han tenido en su reincorporación a la vida civil. Pese a estar estudiando y capacitándose como promotores de paz, sus condiciones de salud no han mejorado y las garantías de seguridad están lejos de cumplirse. En las cárceles la situación no parece mejorar.
El día que le concedieron la libertad a William Antonio López uno de sus deseos era trasladarse al municipio de Envigado, Antioquia, para visitar a su familia y desde allí iniciar el camino de reinserción a la vida civil, aprovechando el beneficio del indulto que, por razones de salud, les otorgó el gobierno nacional a él y a 29 guerrilleros más detenidos en distintas cárceles del país en noviembre del año pasado.
Sin embargo, días después de su llegada a la finca de sus padres, miembros de la llamada ‘Oficina de Envigado’ amenazaron a López en repetidas ocasiones y lo conminaron a que se fuera de la región aduciendo que era objetivo militar por ser miembro de las Farc, situación que lo obligó a desplazarse y abandonar a su familia.
Por su parte, Aristides Luna y otros siete indultados enfermos de gravedad creyeron que tras su salida de la cárcel la atención en salud mejoraría; no obstante, se encontraron que luego de ser afiliados a la EPS Capital Salud, las citas se demorarían, no tendrían los medicamentos necesarios y no se priorizaría su atención.
VerdadAbierta.com dialogó con Sandra Patricia Isaza y Ever Ulises Verbel, dos de los 30 indultados por el gobierno nacional. Ambos viven en una casa en el occidente de Bogotá, donde cumplen con el programa de reinserción acordado con La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y ejecutado por la Agencia Colombiana para la Reincorporación. El propósito de conversación fue identificar los retos a los que se han enfrenado en su tránsito a la vida civil, conocer la actual situación de los presos del grupo armado ilegal, su acercamiento con los diálogos en La Habana y su papel en el posacuerdo.
Vida cotidiana
Pese a no tener el mismo agite del día a día en las filas guerrilleras, en la casa siguen funcionando algunas cosas que evocan la vida cotidiana en los campamentos: hay horas determinadas para el estudio, donde aparte de discutir los acuerdos preparan las pedagogías que dictan en las cárceles, otras para el ocio y, a diario, como quien lee la biblia, consultan el material informativo que llega desde La Habana. Sandra y Ever aseguran que la salida de la cárcel les sirvió para reorganizarse y retomar la disciplina que llevaban en las montañas.
A la fecha, el grupo de indultados se está capacitando en un curso de sistemas que dicta el Sena y quienes no han alcanzado la educación media están a la espera de iniciar en agosto un curso de nivelación y graduarse como bachilleres.
“Yo tenía miedo de empezar a estudiar porque creía que estando en las Farc nos habíamos aislado del avance de la sociedad, pero la realidad es que no, en las filas guerrilleras tenemos visión de futuro, hay muchas cosas que la selva nos enseña que los títulos no dan”, asegura Sandra, quien ha participado en foros y eventos académicos dando a conocer la situación carcelaria y la apuesta de los presos e indultados de cara al posacuerdo.
Las preocupaciones más latentes siguen siendo las mismas que estaban exigiendo cuando aún seguían privados de la libertad: las condiciones de seguridad y la atención en salud. Pese a que la Unidad Nacional de Protección (UNP) dispuso de un mecanismo para asegurar la integridad de cada uno de los indultados, solo uno ha hecho uso del protocolo, los demás creen que es mejor estar sin dar tanta evidencia y aseguran que la única garantía que en realidad podrían tener es “el desmonte de las estructuras paramilitares”.
“La condición de ser ‘farianos’ nos coloca en un riesgo extraordinario, es decir, por nuestra condición política nos sentimos amenazados ¿Quién va a garantizar que de acá a Acacias no nos pase algo? o que en la vía Ibagué – Chaparral no nos hagan un atentado? Hasta que no se acaben los grupos paramilitares va a ser muy difícil que se den las condiciones óptimas para el ejercicio de la oposición política”, afirma Sandra.
En la casa, el peso de la confrontación armada se ve en cada uno de los cuerpos de los excombatientes, hay personas con extremidades amputadas, otros en condición de discapacidad y algunos con enfermedades renales a causa de las “secuelas de la guerra”, como le llaman. Aseguran que pese a tener EPS el acceso a los servicios no lo tienen garantizado debido a las deficiencias del sistema de salud. Ellos reclaman mayor diligencia en la atención, sobre todo de los ocho casos priorizados que tienen, porque quieren evitar que se repita lo ocurrido con Jhon Jairo Moreno, quien murió el 5 de febrero pasado en el hospital San Jorge de Pereira a causa de una enfermedad hepática.
Paradójicamente, su situación que no dista mucho de la crisis humanitaria que se vive en las cárceles, la cual viene siendo denunciada, desde el 2013, por la Defensoría del Pueblo, agencia estatal que reiteradamente advierte sobre el deterioro de las condiciones de salubridad y hacinamiento.
El compromiso que nunca llegó.
Tras el indulto, uno de los compromisos del gobierno nacional fue adecuar patios especiales para concentrar a miembros de las Farc e iniciar una serie de brigadas de salud a nivel nacional para darle tratamiento especial a los reclusos con enfermedades graves. No obstante, el incumplimiento ha llevado a los reclusos a realizar varias huelgas de hambre y “desobediencias pacíficas”; la última de ellas empezó en Bogotá hace dos semanas y se ha ido extendiendo a otras cárceles del país.
Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, René Nariño un preso del grupo insurgente, quien cumple una condena de 13 años, le manifestó a VerdadAbierta.com que los patios especiales se quedaron en el papel porque a la fecha siguen mezclados con presos comunes: “A pesar de que se adelantaron varios censos, tanto por parte del Inpec como por nosotros, nunca se nos ha adecuado un patio donde solo estemos los reclusos de las Farc. Ello ha conllevado a que se sigan presentando las amenazas y algunos encontrones con internos de otros patios que nos han visto como un objetivo”.
En cuanto a las condiciones de salud, según cifras de la Corporación Solidaridad Jurídica, de 324 casos urgentes que existen se ha atendido cerca del 80% mediante una valoración. De acuerdo con John León, vocero de la organización, se ha convertido en un “saludo a la bandera”.
“Los que han sido valorados les reafirman la condición de enfermedad, pero no se atienden a los que tienen problemas ortopédicos, no hay médicos especialistas, ni tampoco se priorizan los casos de enfermos terminales” puntualiza este líder.
La propuesta que han hecho los indultados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es que se permita que las organizaciones no gubernamentales internacionales garantes del proceso que se han ofrecido a prestar el servicio ingresen a las cárceles para realizar las brigadas. Es pertinente recordar que desde julio de 2015 un grupo de intelectuales de varios países pidieron la libertad de 71 presos políticos que están en condiciones graves de salud, asegurando que tienen la disposición para ayudar a agilizar el proceso. (Lea aquí la carta)
Por ahora, unos y otros siguen presionando a nivel institucional para que se cumpla con lo pactado y se les dé celeridad a los casos más urgentes. Por su parte, los presos políticos y de guerra han decidido continuar con la huelga carcelaria paralelo al desarrollo de actividades pedagógicas, como obras de teatro, en los centros de reclusión para generar conciencia sobre la crisis del sistema de salud a nivel nacional.
“La cárcel también es un espacio de formación”
“Desde que fuimos indultados salimos con el compromiso de socializar los acuerdos con los compañeros que siguen reclusos. La pedagogía no es ir a hablar y ya. Es una guía que orienta a la formación y el conocimiento, más que ir a hablar es ir a escuchar las preguntas que tienen los compañeros y tratar, en lo posible, de hacer las mejores claridades”, señala Sandra.
Según cifras de la Corporación Solidaridad Jurídica se han realizado 21 actividades pedagógicas a nivel nacional, la primera de ellas el 10 de junio en la cárcel Picota de Bogotá. Allí, el máximo jefe de las Farc, alias ‘Timoleón Jiménez`, y alias ‘Edilson Romaña´, uno de los negociadores en La Habana, se dirigieron a través de videoconferencia al grupo de reclusos para contarles el avance del proceso. “Nosotros no nos vamos a desmovilizar, nosotros vamos es a surgir en la vida política del país en unas condiciones tales que nos garanticen un mínimo de seguridad y de garantías políticas”, aseguró el máximo comandante del grupo insurgente.
Desde la cárcel La Picota en Bogotá, René Nariño manifestó que a pesar de ser un tiempo muy restringido, alrededor de tres horas, fue satisfactorio el encuentro pedagógico, entre otras razones porque Enrique Santiago, abogado asesor de la Comisión Jurídica de las Farc en La Habana, les pudo responder la mayoría de preguntas relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz, que pretende investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.
“Los compañeros están muy entusiasmados, el hecho de poder interactuar con la delegación en La Habana fortalece las filas, ha sido un renacer para todos, uno puede observar las caras de felicidad cuando se ve a los comandantes. Ahora nos queda claro parte del panorama y ya nos corresponde a nosotros estudiar a fondo los acuerdos y Salir, quienes decidamos seguir en la organización a hacer política, como se ha dispuesto ahora”, asevera René Nariño.
Sin embargo, no en todas las cárceles se ha podido realizar la pedagogía. En Picaleña, Ibagué, los reclusos que se encuentran en unidades especiales de máxima seguridad no fueron trasladados al patio donde se iba a realizar la videoconferencia con La Habana, según el Inpec, porque ese tipo de reclusos cuenta con un protocolo de máxima seguridad que aún no se ha podido establecer.
“Lo que nos parece ilógico es que dentro de la misma cárcel no puedan movilizar a los internos, es contradictorio cuando por ejemplo a Iván Márquez le dieron acompañamiento al sepelio de su madre, entonces dentro de la cárcel ¿qué pude pasar? eEs negligencia del Inpec”, señala Sandra y agrega que varios centros carcelarios no dejan entrar los documentos oficiales de la guerrilla al considerarlos material que hace apología a la subversión.
El recorrido pos las distintas cárceles del país va a continuar hasta que se llegue a la firma del acuerdo final entre las dos partes. Para Ever ha quedado un compromiso implícito en todos los guerrilleros presos y es el de empezar a estudiar y socializar los acuerdos con los demás reclusos, sea o no de la guerrilla; insiste, además en que la pedagogía también debería ser para las instituciones y sus funcionarios, con el fin de evitar que se generen estigmas y prejuicios contra quienes ejercen las campañas de socialización.
De la amnistía al partido político
Aunque ambos son conscientes que no todo el grueso de los presos va a seguir siendo parte de la organización luego de salir de la cárcel, creen que la convicción política y los años que duraron en la guerra los va a hacer reafirmarse dentro de la organización para ahora disputarse el poder por medio de la política sin armas.
Según lo acordado, tras la firma del Acuerdo Final se dará la amnistía más amplia posible a los miembros del grupo insurgente que hayan cometido delitos políticos y sus conexos, al igual que ha ocurrido en otros procesos de paz a nivel internacional como fue el del Ejército Republicano Irlandés (IRA), donde salieron de prisión 433 excombatientes amnistiados luego de la firma del acuerdo ‘Viernes Santo’ en 1998.
“En mi condición de revolucionaria no me da miedo que me maten, me da pavor morirme sin hacer nada. Hay que dejar sembrada la semilla en las nuevas generaciones, todos merecen nuevas oportunidades”, afirma con vehemencia Sandra, quien se está capacitando como promotora de paz, con la finalidad de ayudar al movimiento que se establezca en el posacuerdo.
Para Ever el partido o movimiento va a estar integrado también por la gente que ha simpatizado y hecho parte del círculo cercano durante los 52 años que llevan de existencia: “a los medios y a la clase dirigente se les olvida que nosotros hemos hecho escuelas, hospitales y carreteras donde históricamente el Estado no ha entrado, ahí tenemos una base social fuerte, sin el pueblo hubiese sido insostenible mantenernos de pie tantos años”.
Ambos aseguran que, al igual que lo han dicho los jefes negociadores, no van a entrar al ruedo de la política a protagonizar sino a unir fuerzas para superar la crisis en la que la izquierda está sumergida y en la que prevalecen intereses individuales. “Tenemos que hace un trabajo enorme para ganarnos a las masas, lo debemos de hacer con liderazgo”, concluyen.

La Cárcel Modelo, Picota, y Buen Pastor, fueron las primeras donde se desarrollaron las pedagogías, la participación contó con alrededor de 100 integrantes del grupo armado. Foto: cortesía Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos.
Tras cumplirse seis meses del indulto concedido a 30 miembros del grupo guerrillero, son varios los traspiés que han tenido en su reincorporación a la vida civil. Pese a estar estudiando y capacitándose como promotores de paz, sus condiciones de salud no han mejorado y las garantías de seguridad están lejos de cumplirse. En las cárceles la situación no parece mejorar.
El día que le concedieron la libertad a William Antonio López uno de sus deseos era trasladarse al municipio de Envigado, Antioquia, para visitar a su familia y desde allí iniciar el camino de reinserción a la vida civil, aprovechando el beneficio del indulto que, por razones de salud, les otorgó el gobierno nacional a él y a 29 guerrilleros más detenidos en distintas cárceles del país en noviembre del año pasado.
Sin embargo, días después de su llegada a la finca de sus padres, miembros de la llamada ‘Oficina de Envigado’ amenazaron a López en repetidas ocasiones y lo conminaron a que se fuera de la región aduciendo que era objetivo militar por ser miembro de las Farc, situación que lo obligó a desplazarse y abandonar a su familia.
Por su parte, Aristides Luna y otros siete indultados enfermos de gravedad creyeron que tras su salida de la cárcel la atención en salud mejoraría; no obstante, se encontraron que luego de ser afiliados a la EPS Capital Salud, las citas se demorarían, no tendrían los medicamentos necesarios y no se priorizaría su atención.
VerdadAbierta.com dialogó con Sandra Patricia Isaza y Ever Ulises Verbel, dos de los 30 indultados por el gobierno nacional. Ambos viven en una casa en el occidente de Bogotá, donde cumplen con el programa de reinserción acordado con La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y ejecutado por la Agencia Colombiana para la Reincorporación. El propósito de conversación fue identificar los retos a los que se han enfrenado en su tránsito a la vida civil, conocer la actual situación de los presos del grupo armado ilegal, su acercamiento con los diálogos en La Habana y su papel en el posacuerdo.
Vida cotidiana
Pese a no tener el mismo agite del día a día en las filas guerrilleras, en la casa siguen funcionando algunas cosas que evocan la vida cotidiana en los campamentos: hay horas determinadas para el estudio, donde aparte de discutir los acuerdos preparan las pedagogías que dictan en las cárceles, otras para el ocio y, a diario, como quien lee la biblia, consultan el material informativo que llega desde La Habana. Sandra y Ever aseguran que la salida de la cárcel les sirvió para reorganizarse y retomar la disciplina que llevaban en las montañas.
A la fecha, el grupo de indultados se está capacitando en un curso de sistemas que dicta el Sena y quienes no han alcanzado la educación media están a la espera de iniciar en agosto un curso de nivelación y graduarse como bachilleres.
“Yo tenía miedo de empezar a estudiar porque creía que estando en las Farc nos habíamos aislado del avance de la sociedad, pero la realidad es que no, en las filas guerrilleras tenemos visión de futuro, hay muchas cosas que la selva nos enseña que los títulos no dan”, asegura Sandra, quien ha participado en foros y eventos académicos dando a conocer la situación carcelaria y la apuesta de los presos e indultados de cara al posacuerdo.
Las preocupaciones más latentes siguen siendo las mismas que estaban exigiendo cuando aún seguían privados de la libertad: las condiciones de seguridad y la atención en salud. Pese a que la Unidad Nacional de Protección (UNP) dispuso de un mecanismo para asegurar la integridad de cada uno de los indultados, solo uno ha hecho uso del protocolo, los demás creen que es mejor estar sin dar tanta evidencia y aseguran que la única garantía que en realidad podrían tener es “el desmonte de las estructuras paramilitares”.
“La condición de ser ‘farianos’ nos coloca en un riesgo extraordinario, es decir, por nuestra condición política nos sentimos amenazados ¿Quién va a garantizar que de acá a Acacias no nos pase algo? o que en la vía Ibagué – Chaparral no nos hagan un atentado? Hasta que no se acaben los grupos paramilitares va a ser muy difícil que se den las condiciones óptimas para el ejercicio de la oposición política”, afirma Sandra.
En la casa, el peso de la confrontación armada se ve en cada uno de los cuerpos de los excombatientes, hay personas con extremidades amputadas, otros en condición de discapacidad y algunos con enfermedades renales a causa de las “secuelas de la guerra”, como le llaman. Aseguran que pese a tener EPS el acceso a los servicios no lo tienen garantizado debido a las deficiencias del sistema de salud. Ellos reclaman mayor diligencia en la atención, sobre todo de los ocho casos priorizados que tienen, porque quieren evitar que se repita lo ocurrido con Jhon Jairo Moreno, quien murió el 5 de febrero pasado en el hospital San Jorge de Pereira a causa de una enfermedad hepática.
Paradójicamente, su situación que no dista mucho de la crisis humanitaria que se vive en las cárceles, la cual viene siendo denunciada, desde el 2013, por la Defensoría del Pueblo, agencia estatal que reiteradamente advierte sobre el deterioro de las condiciones de salubridad y hacinamiento.
El compromiso que nunca llegó.
Tras el indulto, uno de los compromisos del gobierno nacional fue adecuar patios especiales para concentrar a miembros de las Farc e iniciar una serie de brigadas de salud a nivel nacional para darle tratamiento especial a los reclusos con enfermedades graves. No obstante, el incumplimiento ha llevado a los reclusos a realizar varias huelgas de hambre y “desobediencias pacíficas”; la última de ellas empezó en Bogotá hace dos semanas y se ha ido extendiendo a otras cárceles del país.
Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, René Nariño un preso del grupo insurgente, quien cumple una condena de 13 años, le manifestó a VerdadAbierta.com que los patios especiales se quedaron en el papel porque a la fecha siguen mezclados con presos comunes: “A pesar de que se adelantaron varios censos, tanto por parte del Inpec como por nosotros, nunca se nos ha adecuado un patio donde solo estemos los reclusos de las Farc. Ello ha conllevado a que se sigan presentando las amenazas y algunos encontrones con internos de otros patios que nos han visto como un objetivo”.
En cuanto a las condiciones de salud, según cifras de la Corporación Solidaridad Jurídica, de 324 casos urgentes que existen se ha atendido cerca del 80% mediante una valoración. De acuerdo con John León, vocero de la organización, se ha convertido en un “saludo a la bandera”.
“Los que han sido valorados les reafirman la condición de enfermedad, pero no se atienden a los que tienen problemas ortopédicos, no hay médicos especialistas, ni tampoco se priorizan los casos de enfermos terminales” puntualiza este líder.
La propuesta que han hecho los indultados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es que se permita que las organizaciones no gubernamentales internacionales garantes del proceso que se han ofrecido a prestar el servicio ingresen a las cárceles para realizar las brigadas. Es pertinente recordar que desde julio de 2015 un grupo de intelectuales de varios países pidieron la libertad de 71 presos políticos que están en condiciones graves de salud, asegurando que tienen la disposición para ayudar a agilizar el proceso. (Lea aquí la carta)
Por ahora, unos y otros siguen presionando a nivel institucional para que se cumpla con lo pactado y se les dé celeridad a los casos más urgentes. Por su parte, los presos políticos y de guerra han decidido continuar con la huelga carcelaria paralelo al desarrollo de actividades pedagógicas, como obras de teatro, en los centros de reclusión para generar conciencia sobre la crisis del sistema de salud a nivel nacional.
“La cárcel también es un espacio de formación”
“Desde que fuimos indultados salimos con el compromiso de socializar los acuerdos con los compañeros que siguen reclusos. La pedagogía no es ir a hablar y ya. Es una guía que orienta a la formación y el conocimiento, más que ir a hablar es ir a escuchar las preguntas que tienen los compañeros y tratar, en lo posible, de hacer las mejores claridades”, señala Sandra.
Según cifras de la Corporación Solidaridad Jurídica se han realizado 21 actividades pedagógicas a nivel nacional, la primera de ellas el 10 de junio en la cárcel Picota de Bogotá. Allí, el máximo jefe de las Farc, alias ‘Timoleón Jiménez`, y alias ‘Edilson Romaña´, uno de los negociadores en La Habana, se dirigieron a través de videoconferencia al grupo de reclusos para contarles el avance del proceso. “Nosotros no nos vamos a desmovilizar, nosotros vamos es a surgir en la vida política del país en unas condiciones tales que nos garanticen un mínimo de seguridad y de garantías políticas”, aseguró el máximo comandante del grupo insurgente.
Desde la cárcel La Picota en Bogotá, René Nariño manifestó que a pesar de ser un tiempo muy restringido, alrededor de tres horas, fue satisfactorio el encuentro pedagógico, entre otras razones porque Enrique Santiago, abogado asesor de la Comisión Jurídica de las Farc en La Habana, les pudo responder la mayoría de preguntas relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz, que pretende investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.
“Los compañeros están muy entusiasmados, el hecho de poder interactuar con la delegación en La Habana fortalece las filas, ha sido un renacer para todos, uno puede observar las caras de felicidad cuando se ve a los comandantes. Ahora nos queda claro parte del panorama y ya nos corresponde a nosotros estudiar a fondo los acuerdos y Salir, quienes decidamos seguir en la organización a hacer política, como se ha dispuesto ahora”, asevera René Nariño.
Sin embargo, no en todas las cárceles se ha podido realizar la pedagogía. En Picaleña, Ibagué, los reclusos que se encuentran en unidades especiales de máxima seguridad no fueron trasladados al patio donde se iba a realizar la videoconferencia con La Habana, según el Inpec, porque ese tipo de reclusos cuenta con un protocolo de máxima seguridad que aún no se ha podido establecer.
“Lo que nos parece ilógico es que dentro de la misma cárcel no puedan movilizar a los internos, es contradictorio cuando por ejemplo a Iván Márquez le dieron acompañamiento al sepelio de su madre, entonces dentro de la cárcel ¿qué pude pasar? eEs negligencia del Inpec”, señala Sandra y agrega que varios centros carcelarios no dejan entrar los documentos oficiales de la guerrilla al considerarlos material que hace apología a la subversión.
El recorrido pos las distintas cárceles del país va a continuar hasta que se llegue a la firma del acuerdo final entre las dos partes. Para Ever ha quedado un compromiso implícito en todos los guerrilleros presos y es el de empezar a estudiar y socializar los acuerdos con los demás reclusos, sea o no de la guerrilla; insiste, además en que la pedagogía también debería ser para las instituciones y sus funcionarios, con el fin de evitar que se generen estigmas y prejuicios contra quienes ejercen las campañas de socialización.
De la amnistía al partido político
Aunque ambos son conscientes que no todo el grueso de los presos va a seguir siendo parte de la organización luego de salir de la cárcel, creen que la convicción política y los años que duraron en la guerra los va a hacer reafirmarse dentro de la organización para ahora disputarse el poder por medio de la política sin armas.
Según lo acordado, tras la firma del Acuerdo Final se dará la amnistía más amplia posible a los miembros del grupo insurgente que hayan cometido delitos políticos y sus conexos, al igual que ha ocurrido en otros procesos de paz a nivel internacional como fue el del Ejército Republicano Irlandés (IRA), donde salieron de prisión 433 excombatientes amnistiados luego de la firma del acuerdo ‘Viernes Santo’ en 1998.
“En mi condición de revolucionaria no me da miedo que me maten, me da pavor morirme sin hacer nada. Hay que dejar sembrada la semilla en las nuevas generaciones, todos merecen nuevas oportunidades”, afirma con vehemencia Sandra, quien se está capacitando como promotora de paz, con la finalidad de ayudar al movimiento que se establezca en el posacuerdo.
Para Ever el partido o movimiento va a estar integrado también por la gente que ha simpatizado y hecho parte del círculo cercano durante los 52 años que llevan de existencia: “a los medios y a la clase dirigente se les olvida que nosotros hemos hecho escuelas, hospitales y carreteras donde históricamente el Estado no ha entrado, ahí tenemos una base social fuerte, sin el pueblo hubiese sido insostenible mantenernos de pie tantos años”.
Ambos aseguran que, al igual que lo han dicho los jefes negociadores, no van a entrar al ruedo de la política a protagonizar sino a unir fuerzas para superar la crisis en la que la izquierda está sumergida y en la que prevalecen intereses individuales. “Tenemos que hace un trabajo enorme para ganarnos a las masas, lo debemos de hacer con liderazgo”, concluyen.
La Cárcel Modelo, Picota, y Buen Pastor, fueron las primeras donde se desarrollaron las pedagogías, la participación contó con alrededor de 100 integrantes del grupo armado. Foto: cortesía Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos.
MUJERES, DIVERSA COMO EL ARCOIRIS
La PAZ que queremos construir debe ser con las MUJERES, DIVERSA como el ARCOIRIS, tolerante a las diferencias, incluyente!!!
Toda la solidaridad con Yurani, prisionera política, con todas las MUJERES TRANSGENERO y con toda la población LGTBI que se encuentra bajo un intolerante y homofóbico régimen carcelario. Su resistencia les hace grandes.
Toda la solidaridad con Yurani, prisionera política, con todas las MUJERES TRANSGENERO y con toda la población LGTBI que se encuentra bajo un intolerante y homofóbico régimen carcelario. Su resistencia les hace grandes.
UN POCO DE HISTORIA ..... Y UN POCO DE ACTUALIDAD NUNCA VIENEN MAL PARA REFRESCAR LA MEMORIA.....
3 de julio de 2001: Los paramilitares que controlan la mayor cárcel
de Colombia, La Modelo, hacen detonar un petardo en la entrada al
pabellón donde se encuentran principalmente guerrilleros de las Farc y
ELN. Durante 24 horas fueron asesinados aproximadamente 30 guerrilleros.
Las autoridades no hicieron nada en una lenta matanza durante los años
1996-2002. Ahora dice la Fiscalía que podría ser hasta 400 presos
asesinados, picados y convertidos en comida para cerdos o tirados por el
alcantarillado de La Modelo.
COLOMBIA:
Centenares de presos en La Modelo fueron picados y tirados al alcantarillado
Por Dick Emanuelsson, Resumen Latinoamericano
TEGUCIGALPA-BOGOTA / 2016-07-26 / Los testimonios de diez paramilitares y ex reclusos en la mayor cárcel de Colombia, La Modelo, han sacudido a la nación suramericana. Relatan cómo presos & víctimas de los paramilitares en La Modelo fueron picados en pedazos y tirados como alimentación a los cerdos o al alcantarillado. Según la Fiscalía Colombiana podrían ser hasta 400 las personas que fueron asesinadas y desaparecidas durante los años 1999-2002.
ESCUCHA LAS ENTREVISTAS COMPLETAS EN AUDIO:
Entrevista con ULDARICO FLOREZ, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza acerca la información de 100-400 presos asesinados y desaparecidos por los paramilitares en la cárcel La Modelo 1999-2001.
https://app.box.com/s/5wmqln8d2z5lj660u5557vi25wjvurul
Entrevista con el ex preso (1996-1999) ROMMEL HANZ PRECIADO RODRÍGUEZ de la cárcel La Modelo en Bogotá y sobre la información de 100-400 presos asesinados y desaparecidos 1999-2001 por los paramilitares ahí.
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Como reportero acreditado en Colombia entre 2000-2005, fui testigo de cómo se expresaba el control paramilitar de La Modelo. El 2-3 de julio de 2001, los paramilitares en esa cárcel atacaron a los dos patios en donde se encontraban en su mayoría guerrilleros de las Farc y ELN así como también otros presos políticos, sindicalistas, líderes campesinos y populares. En la noche entre esas dos fechas fueron asesinados aproximadamente 30 guerrilleros. Los representantes de la prensa fuimos testigos de cómo los paramilitares hicieron detonar sus bombas en los portones de los patios donde se encontraban los guerrilleros, para poder entrar y ejecutar sus matanzas.
La cárcel La Modelo, en Bogotá, cubierto por los medios de comunicación durante la guerra paramilitar a los presos guerrilleros y políticos del movimiento popular.
Poder mafioso paramilitar
Las fuentes nuestras decían que los paramilitares patrullaban juntos con los guardianes durante las noches en la cárcel de La Modelo, armados con fusiles AK-47 y granadas de manos. Las autoridades carcelarias o estatales no hicieron nada por evitarlo.
Había también, en esa época, informaciones y denuncias de los presos, familiares y organismos de DDHH sobre desapariciones y asesinatos. Los jefes paramilitares vivían literalmente como reyes bajo un poder mafioso adentro de la cárcel más grande de Colombia, mientras la inmensa mayoría de los reclusos soportaban un régimen carcelario infrahumano.
Pero la mentira tiene patas cortas, como dice el dicho y ahora hablan los mismos paramilitares sobre el régimen de horror que los escuadrones de la muerte ejecutaban esos años.
La cárcel Modelo y sus cinco patios con 5000 presos.
Los paramilitares (AUC) controlaban tres de los cinco patios, patrullando armados en las noches junto con los guardianes del Inpec. Reinaba un Poder Mafioso con acceso de internet y la demás comunicación (fijese en la parabola de Sky-Chanel).
Los presos guerrilleros de las Farc y ELN fueron presas fáciles para los paramilitares que tenían la tarea de exterminarlos físicamente con sus fusiles de AK-47, bombas y granadas de mano. Las autoridades colombianas cerraron sus ojos. 15 años después comienzan a reaccionar.
“Un secreto a gritos”
– De lo que viví del periodo 1996-1999, y posteriormente lo que sucedió en el periodo 1999-2002, fue un secreto a gritos que sabían los presos, los familiares de los presos, la administración de la cárcel y del INPEC (Instituto Penitenciario y Carcelario). No hicieron nada para parar eso. El Molino de Sangre y Violencia se vivió gravemente entre los años 1996-2002, dice Rommel Hans Preciado Rodríguez, preso en La Modelo entre 1996-1999, quien fue víctima de un Falso Positivo Judicial y condenado por la “Justicia Sin Rostro”. En el fondo, lo decisivo para su encarcelamiento, fue su actividad como dirigente universitario en la Universidad Nacional en Bogotá y dirigente popular en Ciudad Kennedy también en Bogotá.
“Picados y sacados por el alcantarillado”
Cuenta que en el Patio 3, que era “el Patio de los Ricos” en la cárcel La Modelo, se llevaba a personas de otros patios y en el Patio 3 se las eliminaba.
– Ahora lo que están diciendo los medios en relación a ese fenómeno del 1999-2002, es que las personas eran picadas y sacadas en bolsas de basura o en recipientes con residuos para alimentar cerdos y que otros fueron picados y sacados por el alcantarillado, entonces, difícil será una investigación científica para dar con el paradero de estos restos o de estas personas, cuenta Rommel Hanz.
Caterina Heyck Puyana, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, decía a la Revista Semana:
– Los horrores de lo que aconteció en esa cárcel deben ser analizados de manera penal por la Fiscalía, pero también necesitan de una reflexión profunda en la sociedad colombiana”, afirmó al contar algunos pormenores del que, posiblemente, sea uno de los casos más espeluznantes de la historia reciente.
La Medicina Forense recoge un preso asesinado por los paramilitares durante los días en julio 2001.
“Desaparecían en canecas de aguamasa”
Para poder avanzar en la investigación, la fiscalía tiene diez paramilitares que han dado sus testimonios sobre cómo fueron exterminadas las víctimas de los paramilitares. El testimonio de uno de ellos es literalmente horroroso:
– Primero le metían corriente a la gente. Al que no moría en los tanques de la corriente lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa (sobras de comida), contó el ex paramilitar a los fiscales y seguía:
– Los picaban, degollaban, ahorcaban, envenenaban o los atacaban a cuchillo. Eso hubo un revuelo a nivel nacional, me acuerdo tanto que eso salió por las noticias. El Inpec tenía un contrato con un señor de Soacha, de unas marraneras. Eso fue muy mencionado para el 2001, cuando encontraron un marrano chilingueando con una mano, este señor llamó a la prensa y eso fue noticia, contó en su aterrador relato en el que afirmó que para esa época se confirmó que los restos humanos provenían de las sobras de comida de La Modelo.
El descuartizador con su almádana picaba a las víctimas
Con el descubrimiento de los cerdos, se cerraba ese canal de descarte de las víctimas en La Modelo. Entró en el escenario un temido sicario paramilitar, contó el desmovilizado e hizo una afirmación impresionante:
– Se botó mucha gente por las alcantarillas. Me acuerdo tanto que este señor (descuartizador) cargaba un banco con un trozo de madera. Llevaba una almádana (martillo grande). Este señor cargaba esto… Nosotros le teníamos miedo y recelo, él era uno de los sicarios del patio tres. Cargaba tres o cuatro costales paneleros de cabuya. Se encargaba de picar la gente, llegaba y ponía los huesos encima del banquete, ponía los costales encima y les daba”.
El General Jorge Luis Ramírez es director de INPEC y sostiene que no ha tenido conocimiento sobre la barbaridad en La Modelo, pero tampoco sabe nada sobre las matanzas y desapariciones en las cárceles de las ciudades de Barranquilla, Popayán y Bucaramanga.
“Guerra paramilitar para el control de la cárcel”
El abogado Uldarico Florez es presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, bautizado en memoria de uno de los más queridos abogados del movimiento popular, asesinado por el paramilitarismo el 18 de abril de 1998. Umaña trabajó arduamente por los presos políticos y los sindicatos clasistas de Colombia.
Uldarico Florez.
– La lectura que nosotros hacemos de esta situación que ocurrió en la cárcel La Modelo de Bogotá es la siguiente: Para esa época habían varios presos políticos muy importantes en ese establecimiento carcelario y precisamente algunos estudiantes universitarios también habían sido detenidos en un falso positivo. Las FARC habían entregado cerca de 500 prisioneros de guerra que tenían retenidos policías y militares. En el departamento del Caquetá la inteligencia (militar) en aras de dar un golpe, capturó a varios estudiantes universitarios y ahí pues cayeron varios amigos que nosotros íbamos a visitar en esa cárcel.
Dice el abogado que la situación se volvió muy tensa en la cárcel, porque no se daba cumplimiento a lo establecido en la normatividad internacional para que los presos políticos estuvieran separados de los presos paramilitares.
– Había prácticamente una guerra de los paramilitares para no perder el control de esa cárcel. Conocimos situaciones muy difíciles pero la verdad es que las autoridades del Inpec nunca investigaron o pusieron atención a muchas quejas que colocaron en esa época, sostiene el abogado Florez.
La cárcel Tramacúa o El “Guantánamo Colombiano”, un literal infierno para 1500 presos.
El “Guantánamo Colombiano” mata presos
Dice que en realidad no mucho ha cambiado en el sector carcelario. Aunque el paramilitarismo llamado AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) ya no existe, pues el paramilitarismo colombiano ha tomado diferentes nombres y siguen su control en varias cárceles colombianas.
La situación de los derechos de los aproximadamente 120.000 reclusos, tampoco ha mejorado, sino todo lo contrario.
– El caso de la cárcel Tramacua (en la ciudad de Valledupar en el departamento de Cesar) es dónde está el llamado “Guantánamo Colombiano”, y ahí tenemos de manera sistemática y permanente una campaña mundial para cerrar esa cárcel. La Corte Constitucional dio diez días para mejorar la cárcel o cerrarla en el 2014. Pero no pasó nada, relata un indignado Uldarico Florez.
En Tramacua han muerto varios presos políticos y guerrilleros por falta de atención médica. Otros se han suicidado por las condiciones totalmente infrahumanas. Los presos tienen acceso al agua dos veces por día en una región donde la temperatura media es de 44 grados durante el día y en donde el hacinamiento en esa Cárcel de Máxima Seguridad, copia del modelo estadounidense, es literalmente increíble.
300 presos políticos en desobediencia civil en La Picota
– En este momento los presos políticos del Patio 4 en la cárcel de La Picota (en el sur de Bogotá) vienen desarrollando desde el lunes una jornada de desobediencia civil que se ha venido escalando hasta del día de hoy (lunes 25 de julio) precisamente por el tema de salud. ¿Cómo es posible que el Inpec no sea capaz de solucionar los problemas de salud de los prisioneros? Ahí están violando claramente y de manera sistemática los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Dice el abogado Florez que tanto la Defensoría del Pueblo como la Corte Suprema de Justicia los han llamado la atención, pero los directores de las cárceles colombianas son un reflejo del país que se ha encontrado en un conflicto armado y social durante más de medio siglo.
El régimen carcelario es vengativo y no trabaja para rehabilitar a los presos. Los directores del Inpec andan como si fueran un cartel militarista.
ESCUCHA LAS ENTREVISTAS COMPLETAS EN AUDIO:
Entrevista con ULDARICO FLOREZ, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza acerca la información de 100-400 presos asesinados y desaparecidos por los paramilitares en la cárcel La Modelo 1999-2001.
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Entrevista con el ex preso (1996-1999) ROMMEL HANZ PRECIADO RODRÍGUEZ de la cárcel La Modelo en Bogotá y sobre la información de 100-400 presos asesinados y desaparecidos 1999-2001 por los paramilitares ahí.
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COLOMBIA:
Centenares de presos en La Modelo fueron picados y tirados al alcantarillado
Por Dick Emanuelsson, Resumen Latinoamericano
TEGUCIGALPA-BOGOTA / 2016-07-26 / Los testimonios de diez paramilitares y ex reclusos en la mayor cárcel de Colombia, La Modelo, han sacudido a la nación suramericana. Relatan cómo presos & víctimas de los paramilitares en La Modelo fueron picados en pedazos y tirados como alimentación a los cerdos o al alcantarillado. Según la Fiscalía Colombiana podrían ser hasta 400 las personas que fueron asesinadas y desaparecidas durante los años 1999-2002.
ESCUCHA LAS ENTREVISTAS COMPLETAS EN AUDIO:
Entrevista con ULDARICO FLOREZ, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza acerca la información de 100-400 presos asesinados y desaparecidos por los paramilitares en la cárcel La Modelo 1999-2001.
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Entrevista con el ex preso (1996-1999) ROMMEL HANZ PRECIADO RODRÍGUEZ de la cárcel La Modelo en Bogotá y sobre la información de 100-400 presos asesinados y desaparecidos 1999-2001 por los paramilitares ahí.
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Como reportero acreditado en Colombia entre 2000-2005, fui testigo de cómo se expresaba el control paramilitar de La Modelo. El 2-3 de julio de 2001, los paramilitares en esa cárcel atacaron a los dos patios en donde se encontraban en su mayoría guerrilleros de las Farc y ELN así como también otros presos políticos, sindicalistas, líderes campesinos y populares. En la noche entre esas dos fechas fueron asesinados aproximadamente 30 guerrilleros. Los representantes de la prensa fuimos testigos de cómo los paramilitares hicieron detonar sus bombas en los portones de los patios donde se encontraban los guerrilleros, para poder entrar y ejecutar sus matanzas.
La cárcel La Modelo, en Bogotá, cubierto por los medios de comunicación durante la guerra paramilitar a los presos guerrilleros y políticos del movimiento popular.
Poder mafioso paramilitar
Las fuentes nuestras decían que los paramilitares patrullaban juntos con los guardianes durante las noches en la cárcel de La Modelo, armados con fusiles AK-47 y granadas de manos. Las autoridades carcelarias o estatales no hicieron nada por evitarlo.
Había también, en esa época, informaciones y denuncias de los presos, familiares y organismos de DDHH sobre desapariciones y asesinatos. Los jefes paramilitares vivían literalmente como reyes bajo un poder mafioso adentro de la cárcel más grande de Colombia, mientras la inmensa mayoría de los reclusos soportaban un régimen carcelario infrahumano.
Pero la mentira tiene patas cortas, como dice el dicho y ahora hablan los mismos paramilitares sobre el régimen de horror que los escuadrones de la muerte ejecutaban esos años.
La cárcel Modelo y sus cinco patios con 5000 presos.
Los paramilitares (AUC) controlaban tres de los cinco patios, patrullando armados en las noches junto con los guardianes del Inpec. Reinaba un Poder Mafioso con acceso de internet y la demás comunicación (fijese en la parabola de Sky-Chanel).
Los presos guerrilleros de las Farc y ELN fueron presas fáciles para los paramilitares que tenían la tarea de exterminarlos físicamente con sus fusiles de AK-47, bombas y granadas de mano. Las autoridades colombianas cerraron sus ojos. 15 años después comienzan a reaccionar.
“Un secreto a gritos”
– De lo que viví del periodo 1996-1999, y posteriormente lo que sucedió en el periodo 1999-2002, fue un secreto a gritos que sabían los presos, los familiares de los presos, la administración de la cárcel y del INPEC (Instituto Penitenciario y Carcelario). No hicieron nada para parar eso. El Molino de Sangre y Violencia se vivió gravemente entre los años 1996-2002, dice Rommel Hans Preciado Rodríguez, preso en La Modelo entre 1996-1999, quien fue víctima de un Falso Positivo Judicial y condenado por la “Justicia Sin Rostro”. En el fondo, lo decisivo para su encarcelamiento, fue su actividad como dirigente universitario en la Universidad Nacional en Bogotá y dirigente popular en Ciudad Kennedy también en Bogotá.
“Picados y sacados por el alcantarillado”
Cuenta que en el Patio 3, que era “el Patio de los Ricos” en la cárcel La Modelo, se llevaba a personas de otros patios y en el Patio 3 se las eliminaba.
– Ahora lo que están diciendo los medios en relación a ese fenómeno del 1999-2002, es que las personas eran picadas y sacadas en bolsas de basura o en recipientes con residuos para alimentar cerdos y que otros fueron picados y sacados por el alcantarillado, entonces, difícil será una investigación científica para dar con el paradero de estos restos o de estas personas, cuenta Rommel Hanz.
Caterina Heyck Puyana, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, decía a la Revista Semana:
– Los horrores de lo que aconteció en esa cárcel deben ser analizados de manera penal por la Fiscalía, pero también necesitan de una reflexión profunda en la sociedad colombiana”, afirmó al contar algunos pormenores del que, posiblemente, sea uno de los casos más espeluznantes de la historia reciente.
La Medicina Forense recoge un preso asesinado por los paramilitares durante los días en julio 2001.
“Desaparecían en canecas de aguamasa”
Para poder avanzar en la investigación, la fiscalía tiene diez paramilitares que han dado sus testimonios sobre cómo fueron exterminadas las víctimas de los paramilitares. El testimonio de uno de ellos es literalmente horroroso:
– Primero le metían corriente a la gente. Al que no moría en los tanques de la corriente lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa (sobras de comida), contó el ex paramilitar a los fiscales y seguía:
– Los picaban, degollaban, ahorcaban, envenenaban o los atacaban a cuchillo. Eso hubo un revuelo a nivel nacional, me acuerdo tanto que eso salió por las noticias. El Inpec tenía un contrato con un señor de Soacha, de unas marraneras. Eso fue muy mencionado para el 2001, cuando encontraron un marrano chilingueando con una mano, este señor llamó a la prensa y eso fue noticia, contó en su aterrador relato en el que afirmó que para esa época se confirmó que los restos humanos provenían de las sobras de comida de La Modelo.
El descuartizador con su almádana picaba a las víctimas
Con el descubrimiento de los cerdos, se cerraba ese canal de descarte de las víctimas en La Modelo. Entró en el escenario un temido sicario paramilitar, contó el desmovilizado e hizo una afirmación impresionante:
– Se botó mucha gente por las alcantarillas. Me acuerdo tanto que este señor (descuartizador) cargaba un banco con un trozo de madera. Llevaba una almádana (martillo grande). Este señor cargaba esto… Nosotros le teníamos miedo y recelo, él era uno de los sicarios del patio tres. Cargaba tres o cuatro costales paneleros de cabuya. Se encargaba de picar la gente, llegaba y ponía los huesos encima del banquete, ponía los costales encima y les daba”.
El General Jorge Luis Ramírez es director de INPEC y sostiene que no ha tenido conocimiento sobre la barbaridad en La Modelo, pero tampoco sabe nada sobre las matanzas y desapariciones en las cárceles de las ciudades de Barranquilla, Popayán y Bucaramanga.
“Guerra paramilitar para el control de la cárcel”
El abogado Uldarico Florez es presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, bautizado en memoria de uno de los más queridos abogados del movimiento popular, asesinado por el paramilitarismo el 18 de abril de 1998. Umaña trabajó arduamente por los presos políticos y los sindicatos clasistas de Colombia.
Uldarico Florez.
– La lectura que nosotros hacemos de esta situación que ocurrió en la cárcel La Modelo de Bogotá es la siguiente: Para esa época habían varios presos políticos muy importantes en ese establecimiento carcelario y precisamente algunos estudiantes universitarios también habían sido detenidos en un falso positivo. Las FARC habían entregado cerca de 500 prisioneros de guerra que tenían retenidos policías y militares. En el departamento del Caquetá la inteligencia (militar) en aras de dar un golpe, capturó a varios estudiantes universitarios y ahí pues cayeron varios amigos que nosotros íbamos a visitar en esa cárcel.
Dice el abogado que la situación se volvió muy tensa en la cárcel, porque no se daba cumplimiento a lo establecido en la normatividad internacional para que los presos políticos estuvieran separados de los presos paramilitares.
– Había prácticamente una guerra de los paramilitares para no perder el control de esa cárcel. Conocimos situaciones muy difíciles pero la verdad es que las autoridades del Inpec nunca investigaron o pusieron atención a muchas quejas que colocaron en esa época, sostiene el abogado Florez.
La cárcel Tramacúa o El “Guantánamo Colombiano”, un literal infierno para 1500 presos.
El “Guantánamo Colombiano” mata presos
Dice que en realidad no mucho ha cambiado en el sector carcelario. Aunque el paramilitarismo llamado AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) ya no existe, pues el paramilitarismo colombiano ha tomado diferentes nombres y siguen su control en varias cárceles colombianas.
La situación de los derechos de los aproximadamente 120.000 reclusos, tampoco ha mejorado, sino todo lo contrario.
– El caso de la cárcel Tramacua (en la ciudad de Valledupar en el departamento de Cesar) es dónde está el llamado “Guantánamo Colombiano”, y ahí tenemos de manera sistemática y permanente una campaña mundial para cerrar esa cárcel. La Corte Constitucional dio diez días para mejorar la cárcel o cerrarla en el 2014. Pero no pasó nada, relata un indignado Uldarico Florez.
En Tramacua han muerto varios presos políticos y guerrilleros por falta de atención médica. Otros se han suicidado por las condiciones totalmente infrahumanas. Los presos tienen acceso al agua dos veces por día en una región donde la temperatura media es de 44 grados durante el día y en donde el hacinamiento en esa Cárcel de Máxima Seguridad, copia del modelo estadounidense, es literalmente increíble.
300 presos políticos en desobediencia civil en La Picota
– En este momento los presos políticos del Patio 4 en la cárcel de La Picota (en el sur de Bogotá) vienen desarrollando desde el lunes una jornada de desobediencia civil que se ha venido escalando hasta del día de hoy (lunes 25 de julio) precisamente por el tema de salud. ¿Cómo es posible que el Inpec no sea capaz de solucionar los problemas de salud de los prisioneros? Ahí están violando claramente y de manera sistemática los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Dice el abogado Florez que tanto la Defensoría del Pueblo como la Corte Suprema de Justicia los han llamado la atención, pero los directores de las cárceles colombianas son un reflejo del país que se ha encontrado en un conflicto armado y social durante más de medio siglo.
El régimen carcelario es vengativo y no trabaja para rehabilitar a los presos. Los directores del Inpec andan como si fueran un cartel militarista.
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Entrevista con ULDARICO FLOREZ, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza acerca la información de 100-400 presos asesinados y desaparecidos por los paramilitares en la cárcel La Modelo 1999-2001.
https://app.box.com/s/5wmqln8d2z5lj660u5557vi25wjvurul
Entrevista con el ex preso (1996-1999) ROMMEL HANZ PRECIADO RODRÍGUEZ de la cárcel La Modelo en Bogotá y sobre la información de 100-400 presos asesinados y desaparecidos 1999-2001 por los paramilitares ahí.
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Boletín informativo #9.
La
Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA, continua su combativa
solidaridad con los presos políticos y prisioneros de Guerra de las
Farc.Ep del patio 4 de la penitenciaria la Picota de Bogota-Colombia y
hace un urgente llamado al CICR, Médicos Sin Fronteras, la Mesa Nacional
de Salud, a la comunidad Internacional de DDHH, a los Congresistas de
las comisiones de paz y DDHH a realizar visitas humanitarias y de salud
ante estos graves hechos.
Viva la lucha de los presos políticos colombianos por el derecho a la salud!
Viva la lucha de los presos políticos colombianos por el derecho a la salud!
Viva la solidaridad amplia democrática y combativa del pueblo colombiano.
Boletín informativo #9.
Julio 31 de 2016.
La picota Bogotá.
Los reclusos del pabellón 4, que desde hace 13, dias nos encontramos en desobediencia pacifica exigiendo del Gobierno nacional atención integral en salud a todos los presos de Colombia informamos.
A pesar del compromiso adquirido el pasado jueves 28 de julio por la representante del CONSORCIO, Dra Nuria Lozada Posada, de hacer un barrido de campo de las falencias en salud y suministro de medicamentos y equipos médicos, así como contratación de personal; reiteramos que para los protestantes es bien venida esa disponibilidad, pero, hasta no ver hechos fehacientes y tangibles la desobediencia continuará, y por ello, el día de mañana, 01 de Agosto otros compañeros se coseran sus bocas como forma protesta, continuaremos las jornadas ludicas, deportivas y teatrales, de las cuales mañana obtendran los registros filmicos y fotograficos.
Agradecemos a todos aquellos que han difundido por medios hablados, escritos, y audiovisuales la problematica vivida. Así como quienes han mostrado toda su solidaridad para con nuestra justa lucha.
Esperamos, que al día 4, de Agosto tengamos resultados de fondo a nuestras pretenciones y así poder parar esta protesta, de lo contrario nos veriamos abocados a escalonarla.
Cordialmente.
Reclusos pabellón 4, cárcel penitenciaria la picota bogotá.
Boletín informativo #9.
Julio 31 de 2016.
La picota Bogotá.
Los reclusos del pabellón 4, que desde hace 13, dias nos encontramos en desobediencia pacifica exigiendo del Gobierno nacional atención integral en salud a todos los presos de Colombia informamos.
A pesar del compromiso adquirido el pasado jueves 28 de julio por la representante del CONSORCIO, Dra Nuria Lozada Posada, de hacer un barrido de campo de las falencias en salud y suministro de medicamentos y equipos médicos, así como contratación de personal; reiteramos que para los protestantes es bien venida esa disponibilidad, pero, hasta no ver hechos fehacientes y tangibles la desobediencia continuará, y por ello, el día de mañana, 01 de Agosto otros compañeros se coseran sus bocas como forma protesta, continuaremos las jornadas ludicas, deportivas y teatrales, de las cuales mañana obtendran los registros filmicos y fotograficos.
Agradecemos a todos aquellos que han difundido por medios hablados, escritos, y audiovisuales la problematica vivida. Así como quienes han mostrado toda su solidaridad para con nuestra justa lucha.
Esperamos, que al día 4, de Agosto tengamos resultados de fondo a nuestras pretenciones y así poder parar esta protesta, de lo contrario nos veriamos abocados a escalonarla.
Cordialmente.
Reclusos pabellón 4, cárcel penitenciaria la picota bogotá.
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