No creamos un sistema jurídico para que se digan mentiras

Publicado el Domingo, 27 Septiembre 2015

 Diego Martínez, uno de los seis abogados artífices de la noticia de la semana, explica algunos detalles del acuerdo de justicia.
entrevista diego martinez .

Martínez es el secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). 
Nadie sabe con certeza cuántos debates a puerta cerrada tuvieron que pasar para que esta semana se anunciara desde La Habana el acuerdo sobre justicia transicional entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Se trataba, ni más ni menos, de definir el futuro del proceso.

Diego Martínez fue uno de los seis abogados encargados de desenredar el nudo jurídico y, a la vez, de dejar contentas a las dos partes con el resultado. No niega lo complicado del proceso, en especial, porque no solo se trataba de vencer la presión de la opinión pública frente a los Diálogos de Paz sino de crear un mecanismo novedoso que estuviera a la altura del derecho internacional humanitario, el derecho de las víctimas y el respeto al debido proceso de quienes participarán en él.

Los cerebros detrás de la fórmula de justicia para el proceso de paz
VerdadAbierta.com conversó con Diego pocas horas después de su regreso desde La Habana.
VerdadAbierta.com: En el momento que lo llaman a la mesa, ¿cuál era el punto de partida desde lo jurídico?
Diego Martínez: La información era que en dos años de discusión, no se había podido avanzar en nada.

V.A.: ¿Y cuál era la meta?
D.M.: Encontrar una puerta que abriera la posibilidad de finalizar el conflicto. Me refiero a una puerta jurídica porque la ley es sólo un medio y no un fin, que es como muchos la están viendo.
V.A.: Hay quienes tienen la idea de que cuando se habla de justicia transicional, se habla de una justicia de mentiras, ¿qué tan sólida es esta propuesta?
D.M.: Justicia de mentiras es la justicia ordinaria. El 99 por ciento de los casos en la ordinaria están en la impunidad y eso incluye los casos del conflicto armado. No creamos un sistema para que se digan mentiras. Todo lo contrario, nos da la posibilidad de convertirlo en un instrumento para encontrar la verdad.
V.A.: ¿Es decir que José Miguel Vivanco (director de la División de las Américas de Human Right Watch) está equivocado? Él dijo esta semana que el nuevo sistema iba a garantizar la impunidad.
D.M.: Lo primero que hay que decirle a Vivanco es que de los 27 acuerdos de paz que hay en el mundo con 86 grupos parecidos a las Farc, en ninguno se ha establecido un sistema de justicia. Miremos el último, el del gobierno filipino y el frente islámico: sólo hay cuatro o cinco párrafos sobre justicia. Lo que nosotros creamos es un sistema que tiene por objeto respetar el debido proceso de quienes participaron en el conflicto, respetar el derecho de las víctimas y respetar los límites del derecho internacional.
V.A.: Durante mucho tiempo, las Farc dijeron que no se sometían a la justicia colombiana. Daba la impresión que querían más un componente internacional. Sin embargo, lo que aceptaron es netamente un sistema colombiano, ¿por qué?
D.M.: Es colombiano pero con la participación de jueces internacionales. Además, prevé un mecanismo autónomo de elección de jueces y magistrados, y eso es clave para las Farc porque hay cuestionamientos sobre la forma cómo trabajan muchos jueces… desde lo ideológico. A veces pareciera que las personas de las Farc no tuvieran derechos.
V.A.: ¿Quién elige al tribunal?
D.M.: Habrá una subcomisión elegida por las partes y esta, a su vez, elegirá a un grupo de jueces nacionales, pero con la posibilidad de que haya un componente mínimo de jueces internacionales, que podrá llegar hasta el 25 por ciento del total. El sistema también está pensado para brindar garantías.
V.A.: ¿Cómo evitar que suceda lo de la Ley de Justicia y Paz que se la terminó tragando las lógicas del derecho penal?
D.M.: Ese mecanismo fue diseñado para los paramilitares. En cambio este es diseñado para terminar el conflicto armado. Además, tiene como base la justicia restaurativa, la idea de que a mayor verdad menos punibilidad, estimula una verdad judicial dirigida y personalizada hacia las víctimas. Y reconoce, desde el principio, la amnistía cuando se trata de delitos políticos.
V.A.: En términos generales, ¿cómo va a funcionar el nuevo sistema de justicia?
D.M.: Tiene dos vías: una de reconocimiento de la verdad y otra de no reconocimiento. Habrá una sala de calificación jurídica, un tribunal con secciones y subsecciones, y una sala de amnistías e indultos. Y habrá un órgano para todo el tema de investigación.
V.A.: ¿Se contemplan las apelaciones?
D.M.: Sí, hay mecanismos de revisión de casos cuando se trate de sentencias injustamente emitidas.
V.A.: ¿Desapareció el término de “máximos responsables”?
D.M.: Es un término utilizado por la Corte Penal Internacional porque tiene que seleccionar a los máximos responsables de muchos conflictos en el mundo, pero la principal crítica a ese sistema es que en Colombia, nuestro régimen penal, dice que la responsabilidad es individual. Lo que sí tenemos acá es una responsabilidad por cadena de mando.
V.A.: ¿Va a operar por un tiempo determinado?
D.M.: El sistema no tiene previsto una fecha de finalización.
V.A.: ¿La guerrilla del Eln está cobijada por el acuerdo?
D.M.: El sistema está hecho para aquellos que firmen un acuerdo de paz.
V.A.: ¿Y en el caso de la Fuerza Pública?
D.M.: Es claro que el sistema es para aquellos que firmen el acuerdo.
V.A.: ¿Qué quieren decir cuando hablan de sanción restaurativa?
D.M.: Por ejemplo, participar en los programas de desminado o en los programas de protección del medio ambiente.
V.A.: ¿Y qué quieren decir con restricción de la libertad?
D.M.: Lo que prevé este sistema es la sanción a través del trabajo y esto requerirá unos mecanismos propios de restricción de la libertad.
V.A.: ¿Pero habrá vigilancia en un lugar específico?
D.M.: Sí, pero lo fundamental es dónde se realiza el trabajo; no el domicilio de la persona sancionada.
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Martínez representa legalmente a víctimas de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a presos políticos. También es uno de los abogados de 'Simón Trinidad', el jefe de las Farc extraditado a Estado Unidos. Foto: Semana.
V.A.: Cuando la persona esté cumpliendo esta sanción ¿podrá participar en política?
D.M.: Sí.
V.A.: ¿Qué va a pasar con las personas que reconozcan parcialmente los hechos?
D.M.: Si la persona no dice toda la verdad, será meritorio de sanciones como condenas de 5 a 8 años. Y los que no colaboren con nada se les dará una sanción máxima a 20 años de privación de la libertad.
V.A.: ¿A qué se refiere el acuerdo cuando habla de un sistema diferenciado para la Fuerza Pública?
D.M.: Los militares han dicho no quieren estar en el mismo paquete donde están las Farc, por eso se pensó en decisiones judiciales diferenciadas y equilibradas. Formará parte de los desarrollos posteriores del acuerdo cómo será ese mecanismo diferenciado.
V.A.: ¿Qué pasará con los civiles que puedan ser llamados por el nuevo sistema?
D.M.: El sistema prevé que personas que sin ser miembros de una organización rebelde y estén condenadas o investigadas por los delitos de rebelión o delitos políticos, puedan acceder a mecanismos como la amnistía o el indulto. Ahora, el sistema también abre una posibilidad muy importante para los casos que tienen que ver con la protesta social. Por ejemplo, Feliciano Valencia podría acceder y pedir que le revisen si su condena es en estricto derecho y fue emitida con las garantías fundamentales.
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V.A.: Y para los casos de protesta social, ¿habrá una sala aparte?
D.M.: De esos se encarga una sala de definición jurídica que podrá aplicar mecanismos de extinción a la responsabilidad penal siempre y cuando no se trate de hechos graves.
V.A.: ¿A qué se refiere el acuerdo cuando habla de una amnistía amplia?
D.M.: El DIH contempla la posibilidad de otorgar las amnistías más amplias posibles para la finalización de los conflictos. Colombia ha tenido más de 130 amnistías e indultos en toda su historia. Hoy en día las amnistías solo se dan para los delitos con ocasión a delitos políticos.
V.A.: ¿Cuáles son los delitos conexos al delito político?
D.M.: Todo lo que fue necesario hacer para el ejercicio de la organización rebelde. Claro, con unos límites.
V.A.: ¿Los muertos en combate?
D.M.: Ese es un delito conexo.
V.A.: ¿El reclutamiento forzado?
D.M.: No sería conexo en la medida en que es un crimen incluido por la Corte Penal Internacional.
V.A.: ¿Extorsión y narcotráfico?
D.M.: Son delitos conexos aunque frente al narcotráfico sólo si es para la financiación de la organización rebelde.
V.A.: ¿El secuestro?
D.M.: Sí es conexo salvo en los casos donde exista similitud con el crimen internacional de toma de rehenes.
V.A.: Según sus cálculos, ¿cuántos presos de las Farc saldrían de las cárceles por una amnistía?
D.M.: Hay 2 mil personas de las Farc en las cárceles pero son ellos los que proporcionarían un listado de posibles amnistiados tal como ocurre en todos los conflictos.
V.A.: ¿Qué garantías tienen las Farc de que no serán extraditados?
D.M.: Debe existir garantía plena de que nadie será extraditado a razón de la firma del acuerdo. Y garantía no sólo para los hombres de las Farc… recuerde que en este país la extradición también es un mecanismo para evadir la verdad.
V.A.: ¿Este sistema va a subsumir el de los paramilitares, es decir a la Ley de Justicia y Paz?
D.M.: Los temas de Justicia y Paz no serán objeto de conocimiento de este nuevo sistema. Ya hay unas condenas y unas decisiones que serán respetadas. Pero si hay un empresario que dice: “yo financié a los paras”, o una organizaciones de derechos humanos que determine que algunos empresarios nunca fueron a Justicia y Paz y están en la total impunidad, entonces ahí sí podrían entrar al nuevo sistema.
V.A.: En casos como el del general Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán, ¿podrá pedirle a la sala de revisión del nuevo sistema que mire su caso?
D.M.: Claro, podrá hacerlo pero también van a operar las denuncias que reforzarán la acusación contra el General.
V.A.: ¿Qué interacción tendrá lo judicial con la Comisión de la Verdad?
D.M.: Las decisiones del tribunal podrán ser enviadas a la Comisión de la Verdad. Pero debe ser claro que esta Comisión no tiene ninguna función judicial dentro del sistema.
V.A.: Bueno y ¿qué se necesita para que todo esto entre en operación?
D.M.: Voluntad política y pocos casos de reformas constitucionales.
V.A.: ¿Cuáles son los riesgos de que esto no funcione?
D.M.: La corrupción, la falta de recursos y la falta de garantías para los que participen.
V.A.: Da la impresión de que todo el mundo quedó contento con el trabajo de ustedes…
D.M.: No sé si contento pero quedó el consenso de que es un sistema serio que respeta el derecho internacional, a las víctimas y a los procesados.