Por: Camilo Raigozo. Fensuagro
Viernes, 13 Noviembre 2015 00
El profesor universitario Miguel Ángel
Beltrán, víctima de la persecución del régimen terrorista que padece
Colombia, le escribió desde el sitio de su reclusión una carta pública
al general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto General Carcelario
y Penitenciario, Inpec y a Cesar Augusto Ceballos, director del
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá
Comeb-Picota, en la que deja al desnudo la incompetencia de estos dos
personajes al frente de sus cargos.
La negligencia de Ramírez y de
Ceballos ha causado varias muertes de reclusos, graves violaciones a los
derechos humanos fundamentales de las personas privadas de la libertad y
alto grado de corrupción en las entidades que dirigen.
A continuación transcribimos apartes de la misiva del profesor Baltran:
Carta pública de un preso político al director general del Inpec y al director del Comeb-Picota
General
Jorge Luis Ramírez
Director general del instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Doctor
César Augusto Ceballos
Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-Picota
Atento saludo.
El
pasado sábado 31 de Octubre recibimos con dolor y sorpresa la noticia
de la muerte cerebral del interno Pablo Javier Gómez Sánchez, un preso
social con quien compartíamos reclusión en el patio 14 del Complejo
Metropolitano de Bogotá que usted dirige.
Pablo Javier –
quien falleció días después- estaba condenado a 37 años de cárcel y era
padre de tres hijos que hoy tristemente lo ven retornar a la libertad, a
costa de sacrificar el valor más alto que tiene el ser humano: la vida.
A
través de sus compañeros de celda pudimos corroborar lo que muchos de
nosotros ya presentíamos, esto es, que hubo negligencia en la atención
brindada al interno por el Inpec-Caprecom, pese a la pronta reacción de
los pabelloneros situación que precipitó el fatal desenlace.
Para
empezar, el médico de turno tardó cerca de media hora en atender la
emergencia, dejando en claro que el Establecimiento Reclusorio de Orden
Nacional (Eron) no garantiza la atención de urgencias las 24 horas del
día.
Como si esto fuese poco el galeno dispuso el traslado
del paciente desde guardia interna – en la planta baja – hacia el área
de sanidad, ubicada en el séptimo piso.
No se requiere de
gran imaginación para comprender las dificultades que supuso desplazar
el cuerpo ya casi inerte del interno, en medio de convulsiones y
ensopado en agua - sangre; y menos aún cuesta entender una situación que
hemos venido denunciando por años y es la falta de infraestructura
sanitaria y de personal idóneo para una atención médica adecuada y
oportuna, porque:
¿A qué mente lúcida se le ocurre instalar
el área de sanidad en un séptimo piso? sin contar con los medios
apropiados para trasladar pacientes en delicado estado de salud hasta
ese lugar.
A estas limitaciones habría que sumar los
múltiples obstáculos interpuestos por el personal de guardia y custodia
para atender la urgencia con la celeridad que lo requería, así como la
ausencia de una ambulancia para la remisión del interno al Centro
Hospitalario del Tunal, con el fatídico desenlace que es del
conocimiento de ustedes.
La normatividad vigente establece
que las personas privadas de la libertad debemos gozar de una atención
médica integral que supone el cuidado, la prevención, la conservación y
la recuperación de la salud, y es el Estado quien debe garantizar este
derecho, más todavía por las condiciones de sometimiento que tenemos
frente al mismo los presos.
No obstante lo anterior, el
denominador común de las cárceles y penitenciarias colombianas es la
sistemática violación de este derecho expresada en la insuficiencia de
personal médico general y especializado, la carencia de medicamentos, la
falta de sistematización de las historias clínicas, las irregularidades
en la asignación de citas, entre muchas otras.
Suelen
ustedes excusar estas falencias, aduciendo que la crisis en la atención
médica es un problema de orden nacional que competen a Caprecom
desconociendo las responsabilidades que les corresponde como superiores
jerárquicos de la guardia penitenciaria y funcionarios competentes
encargados de ejecutar el cumplimiento de las medidas de aseguramiento y
concomitante a ello el garantizar el derecho a la salud de las personas
privadas de la libertad.
De conformidad con el Artículo 52 y los artículos 104 y siguientes de la ley 65 de 1993 y sus desarrollos jurisprudenciales.
Seamos
sinceros, General Ramírez, en el Inpec no existe una cultura de respeto
a los derechos humanos sino una infame política penitenciaria basada en
el cobro de venganza contra quienes – en el contexto del conflicto
armado y social que padece el país – han sido sus adversarios tanto en
el campo político como en el militar.
Por eso no sorprende
que las cárceles colombianas los presos seamos tratados como “enemigos
internos” máxime cuando osamos reclamar nuestros derechos o ¿Cómo
explica general, que mientras el Inpec manifiesta de manera farisea que
no cuenta con presupuesto para remisión de internos-a centros de
atención especializada o para que se les practique exámenes diagnósticos
y cirugías, al mismo tiempo, adelanta costosos operativos de seguridad
para el traslado de esos internos a otros centros penitenciarios, como
castigo por exigir atención médica?
De lo anterior puede dar
fe el prisionero de guerra de las FARC – EP, Orlando Albeiro Traslaviña
quien padece una grave afectación visual.
Ante las reiteradas
negativas del Inpec para su remisión a citas de control (esgrimiendo,
el falaz argumento que no había trasporte ni personal para adelantar la
diligencia) inició una huelga de hambre que se prolongó 14 días, hasta
que finalmente las directivas del Inpec se comprometieron a dar solución
a su problema.
No obstante, pocos días después entró a su
celda un grupo del GRI (Grupo de reacción inmediata) y sin darle tiempo
de sacar sus elementos personales, lo condujo a una unidad de castigo
donde se le mantuvo por varios días hasta que se ordenó su traslado a
otro centro penitenciario.
Actualmente Traslaviña ha perdido
el 80% de su visión por falta de controles médicos, comprometiendo la
córnea que le fue trasplantada gracia a una acción de tutela.
Y
es que el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como
establecimiento público adscrito al Ministerio del Interior y Justicia
se ha convertido en un Gulag para la vulneración de los derechos
fundamentales, donde ni la Corte Interamericana pareciera ya tener
injerencia.
No de otra forma se entiende el trato que recibe
el prisionero de guerra José Ángel Parra Bernal, quien pese a contar con
medidas cautelares de este organismo internacional, se le sigue
privando del imatinib hasta por lapsos de un mese, siendo un medicamento
que debe ingerir diariamente para controlar su leucemia mellitus
crónica, enfermedad terminal que padece hace más de diez años.
Pese
a la gravedad de los hechos aquí referidos, la salud no es el único
derecho vulnerado en el Eron- Picota de Bogotá, ya que si bien el código
penitenciario señala en su artículo 5 que “en los establecimientos de
reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos”,
lo que observamos día a día en los centros penitenciarios del país es
todo lo contrario.
De esto da cuenta la estructura física que
nos sirve como lugar de reclusión, y que desafía los estándares mínimos
para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, donde la
falta de luz natural y ventilación es la característica predominante,
generando espacios no aptos para la salud y la convivencia,-
si
además de ello tenemos en cuenta que apenas disponemos de un reducido
espacio que cumple a un mismo tiempo las veces de comedor, peluquería,
zona de tránsito, área de esparcimiento y practica de deporte, sitio de
estudio, lugar de secado de ropas y hasta la realización del culto
religioso.
En lo que va corrido del año la ESE San Cristóbal a
emitido reiteradamente conceptos sanitarios desfavorables contra este
centro penitenciario por incumplimiento de las condiciones sanitarias
las cuales reúne una serie de factores de riesgo como son las
deficiencias en la infraestructura (baños, pisos, paredes, techos,
iluminación, ventilación, temperatura).
Todo ello para no
hablar de los racionamientos en el suministro del agua, líquido vital
del cual solo disponemos tres veces al día para el aseo personal, el
lavado de ropa, la limpieza de las celdas y las áreas de uso común.
Contrasta esta severa regulación con el desperdicio generado por las
averías y filtraciones en las tuberías.
Este fue ¡vaya
ironía! el modelo de mejoramiento del sistema penitenciario Colombiano
que se diseñó y ejecutó bajo las administraciones presidenciales de
Andrés Pastrana (1998 – 2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) para
dar respuesta a la sentencia T-153 (1998) de la Corte Constitucional, a
través de la cual se declaró el “estado de cosas inconstitucional” en
los Centro carcelarios y Penitenciario del país.
Dicho modelo incluyó – cabe anotar- el asesoramiento técnico y material del Bureau Federal de Prisiones de los Estados unidos.
Pero
si estas estructuras de concreto no garantizan un ambiente digno para
las personas privadas de la libertad, menos lo hacen para familiares y
amigos que nos visitan, quienes deben padecer los abusos sistemáticos
cometidos por los guardias de turno, siendo su actitud más enconada
cuando se trata de niños a quienes se les ha obligado a botar la comida.
De
este trato inhumano no escapan las personas de la tercera edad, quienes
permanentemente son objeto de insultos porque no se someten a los
ritmos que imponen estos profesionales de la represión.
¿Y
qué ha hecho señor Ceballos para detener los abusos de sus subordinados
contra esta población vulnerable que son los niños y ancianos?
Las
numerosas quejas respetuosas que hemos elevado contra el oficial Julián
Chaves, comandante de vigilancia del Eron y principal propiciador de
estos abusos –a decir del mismo cuerpo de custodia y vigilancia-, ni
siquiera han merecido una respuesta suya, lo que nos hace suponer que la
vulneración de los derechos humanos a infantes y adultos mayores es una
política del establecimiento que usted dirige.
Podría
enumerar otros atropellos que diariamente cometen los funcionarios del
Inpec en este establecimiento de reclusión, pero ¡Quién lo creyera?
Las
restricciones que imponen la guardia para el ingreso del papel bom, las
libretas de notas, y hasta los lápices me obligan a ser breve en mis
apreciaciones. En la cárcel “todo lo prohibido es negocio” y por estos
artículos debo pagar 2,3 y hasta cuatro veces más de su valor real en el
mercado.
Y ya que hablamos de prohibiciones, resulta un
verdadero adefesio que ustedes invoquen razones de seguridad para
prohibir el ingreso de los libros y publicaciones periódicas. Ni en los
peores momentos de la inquisición medieval se llegó a tales extremos.
Razón
tienen una colega al afirmar que en la mente de muchos funcionarios
públicos “existe un procuradorcito Ordoñez”, dispuesto a censurar,
perseguir y eliminar toda aquello que parece como divergente.
Hoy
en este centro carcelario donde me encuentro resulta mucho más fácil
conseguir una papeleta de bazuco que una revista Semana e incluso el
Tiempo y el Espectador, cuando un visitante trae consigo algunos de
estos ejemplares la guardia tiene el desfachatez de exigirle que lo
depositen en la basura so pena de bloquear el acceso del visitante al
establecimiento penitenciario.
Ni que decir de la prensa
alternativa, la literatura especialidad y los materiales de estudio.
Estos sí que no tienen la más mínima oportunidad de circulación,
perjudicando a muchos presos que hemos hecho de la lectura un medio
privilegiado para nuestra preparación y desarrollo intelectual.
Por
supuesto no les niego que en las encomiendas semestrales ustedes
autorizan el ingreso hasta de tres libros. Por el contario, tan celosos
han sido ustedes en el cumplimiento de esta normativa que cuando los
cuerpos contrainsurgentes del Grupo de Reacción Inmediata, GRI-o el
Cuerpo de Remisiones Especiales, Cores, ingresa a ser requisas en los
patios, y encuentra que un interno cuenta con un número mayor de lo
estipulado, le advierten que solo puede dejar tres libros en su celda,
los demás son embalados en una bolsa negra enviados a un deposito donde
tarde o temprano terminaran alimentando a los roedores.
Sepan
ustedes que con esta normativa están vulnerando el derecho de los
reclusos a la información y a la comunicación con el mundo exterior,
máxime cuando en los patios del Eron la correspondencia de los internos
solo es recepcionada una vez a la semana,-aunque en ocasiones puede
transcurrir más de tres semanas sin que un preso pueda enviar o recibir
una carta como sucedió en el mes de octubre que acaba de concluir. Esto a
pesar de encontrarnos la llamada sociedad de la información.
Y
no sigan recurriendo al manido sofisma que los internos pueden tener un
radio de pilas y que disponen de siete teléfonos para su contacto con
el mundo exterior, porque ni los radios ni las pilas las proporciona el
Inpec, ni mucho menos los presos están en condiciones de pagar un
servicio de telefonía cuyo costo es superior al promedio del mercado,
esto sin contar con las deficiente calidad del servicio.
Bien
saben ustedes que la gran mayoría de los reclusos que están privados de
la libertad en estos centros de reclusión provienen de los estratos
económicos más pobres (prueba de ello es que los peligrosos delincuentes
de cuello blanco y mente oscura, como los empresarios Nule no hayan
pisado un Eron), y apenas si logran sobrevivir en el día a día.
Dicho
sea de paso, el sistema carcelario y penitenciario no ofrece
condiciones para que el interno genere sus propios ingresos bien sea
para él o sus familiares. Esto no obstante contar con un valioso recurso
humano con aptitudes para el trabajo en madera, cuero, fibras, papel y
telares.
Desafortunadamente el ingreso de estos materiales
cuyos costos no solo corren por cuenta del preso sino que están
restringidos y sometido a las cadenas de corrupción de los funcionarios
del Inpec.
Frente a estas graves situaciones los presos hemos
recurrido a mecanismos legales y constitucionales de Protección de
derechos de las personas privadas de la libertad. No obstante, cada vez
son mayores los obstáculos que interpone el Inpec para limitar e incluso
bloquear el acceso a estos recursos.
Así por ejemplo la
dragoneante Sandra Franco adscrita a la oficina jurídica no admite
derechos de petición en los días regulares desconociendo que este es un
derecho que tiene todo ciudadano, consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Nacional, y el cual le posibilita elevar peticiones,
quejas, reclamos, consultas y solicitar información.
Pero si
los derechos de petición difícilmente son recepcionados, menos aún
podemos esperar respuesta a ellos, por lo que en muchos casos nos vemos
precisados a entablar acciones de tutela, y cuando a través de ella
logramos amparar nuestros derechos fundamentales,-el Inpec se niega
sistemáticamente a cumplir con lo ordenado por el juez, por lo que se
hace indispensable presentar un incidente de desacato para garantizar su
cumplimiento, generando un desgaste en la administración de justicia.
Este
procedimiento ha hecho tanta carrera entre los funcionarios del Inpec,
que algunos guardias a sabiendas que están afectando el derecho de un
interno, en el colmo del cinismo, desafían al preso para que interponga
una tutela que ampare dicho derecho.
Entre tanto lo “marcan”
(señalan) con sus colegas, y automáticamente suspende los beneficios a
los demás internos del patio como mecanismos de presión para que el
preso retire la tutela, poniendo incluso en peligro la integridad
personal del denunciante.
En una actitud que nos recuerda los comportamientos de los SS alemanes en los campos de concentración Nazi.
La
experiencia nos muestra, general Ruíz Ramírez, que son numerosos los
recursos que las mismas directivas del Inpec utilizan para castigar a
aquellos presos que se atreven a denunciar las arbitrariedades cometidas
diariamente en los centros de reclusión, las cuales pueden ir desde el
traslado de cárcel –alejando al interno de su núcleo familiar y
afectivo- hasta la realización de falsos positivos dentro de los patios.
Este
último mecanismo ha sido empleado contra el preso político Willington
Villarreal, a quién se le involucro en un supuesto plan de fuga por el
hecho de denunciar las agresiones físicas de que fue objeto por parte
del personal de guardia y custodia,-sancionándole con la pérdida de 120
días de redención y sometiéndolo a tratos inhumanos y degradantes como
el de mantenerlo durante seis días en una celda de tratamiento especial,
sin luz eléctrica ni agua potable, sin servicio sanitario, teniendo que
defecar en una bolsa plástica.
Otro caso digno de
recordarles es el del guerrillero del ELN Isaid Alberto Angulo quién ha
librado una titánica batalla jurídica contra el Inpec, razón por la cual
se le ha hostigado y estigmatizado al punto que en una comunicación que
usted, señor Augusto Ceballos, envió a la Defensora del Pueblo
(Regional Bogotá),
lo presenta de manera desobligante y
temeraria como un preso “social” que “desde el momento que llegó viene
adoptando una actitud desafiante, amenazante y de prevención,
comportamiento que no ha sido posible se preste para dialogar”.
¿En
qué ha consistido la actitud desafiante y amenazante de este preso
político? ¿Acaso, en los centenares de derechos de petición y tutelas
que ha interpuesto para solicitar el amparo de sus derechos y el de sus
visitas,-
incluyendo una denuncia por delito sexual ante la Fiscalía
a funcionarios de las requisas femeninas, que se extralimitaron en las
mismas, y en la cual lo vinculó a usted como director del Eron, por ser
representante legal y no tomar las más mininas medidas para
contrarrestar el problema?
A raíz de esta serie de denuncias
se le ha obstruido su clasificación en mediana seguridad, recurriendo
también a falsos positivos, porque como le manifestara verbalmente la
sargento Sonia del Consejo de Evaluación y Tratamiento, SET, al
mencionado presos que si seguía enviando “papeles chimbos a la dirección
general lo iba a clasificar cuando ella quisiera.
En mi caso
personal no solo he sido objeto de acciones similares sino que mi
calidad del Servidor Público ha sido reconocida para aplicar medidas
sancionatorias en mi contra (como la de inhabilitarme por trece años
para ejercer cargos públicos) mientras dicha condición ha sido
desconocida por ustedes para negarme beneficios como el de estar
recluido en un Establecimiento de Reclusión Especial (Eres).
Peor
aún, he sido confinado en una estructura de máxima seguridad atendiendo
no a mi situación jurídica (Absuelto en primera instancia, condenando
por rebelión en segunda instancia y actualmente sujeto sud judise) sino a
los registros calumniosos de los medios oficiales de-comunicación donde
me señalan de ser “alias ´Jaime Cien Fuegos´ Profesor de Sociología que
hace parte de la Comisión Internacional de las FARC”, como lo reconoce
la subdirectora del Comeb, mayor Magnolia Angulo en su carta de
respuesta a una petición impetrada por la Fcspp.
¿Realmente
creen ustedes que violando los principios constitucionales e
irrespetando la dignidad humana de las personas privadas de la libertad
podrán contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en el
país?
Es hora ya que desde sus puestos de dirección
replanteen sus políticas represivas y las reorienten hacia políticas de
contenido humanista y social, que privilegien la concreción de los
derechos humanos sobre los temas de seguridad y de creación de nuevos
centros penitenciarios que desconocen los principios y buenas prácticas
sobre las personas privadas de la libertad.
General Jorge Luis Ramírez, Dr. Cesar Augusto Ceballos:
Como
colombiano, como sociólogo, como preso político, pero fundamentalmente
como ser humano sensible al dolor y a cualquier injusticia humana, me
indigna estos atropellos que se vienen cometiendo en el Eron-Picota y de
más cárceles del país, bajo la mirada cómplice e indiferente de
ustedes.
Por esta razón expreso mi decisión publica de
sumarme a la jornada de desobediencia y huelga de hambre indefinida,
iniciada por los prisioneros de guerra de las FARC – EP, que tiene como
propósito la liberación inmediata de los enfermos terminales y lisiados
de guerra; al mismo tiempo que acepto la responsabilidad que me ofrecen
de ser uno de los voceros de esta jornada.
Quisiera terminar
esta misiva recordándoles las palabras del escritor estadounidense y
premio nobel de literatura, William Faulkner: “hay ciertas cosas que no
deben nunca consentirse: la injusticia, la afrenta, la deshora, la
ignominia. Ni por la fuerza ni por el dinero; simplemente hay que
negarse a consentirlas”.
Miguel Ángel Beltrán Villegas
Preso político colombiano
Cárcel de máxima seguridad Eron-Picota
Bogotá, noviembre 9 del 2015