Presidente
Brigada Jurídica
EDUARDO UMAÑA MENDOZA
Cuando el pueblo Colombiano se apresta al cierre definitivo del conflicto social y armado de más de 6 décadas, las directivas del INPEC, a nivel nacional desarrollan una ofensiva represiva contra los prisioneros políticos y sociales en todas las cárceles y penitenciarios del país.
El pasado 19 de marzo de 2016, con la presencia de los congresista ANGELA ROBLEDO, ALIRIO URIBE, VICTOR CORREA, ALBERTO CASTILLA E IVAN CEPEDA CASTRO, firmaron un acuerdo para levantar la huelga de hambre que realizaban los prisioneros desde el 23 de febrero, de ese Centro de torturas.
Los puntos que se acordaron fueron: Se autorizó acondicionar el área para que tenga un sistema de almacenamiento de agua, uso de toldillo, de equipos de radio, modificar horarios de visita para todo el día, prolongar el de visita conyugal a dos horas y cambiar el uniforme para uno con material acorde al clima y desde luego no tomar represalias contra los prisioneros que participaron en la huelga.
A pesar que la Corte Constitucional le había ordenado al Tribunal administrativo del Cesar informar en un plazo de 10 días las medidas adoptadas, para garantizar el cumplimiento de la sentencia T-282 de 2014, que advertía el inminente cierre de la Tramacua, sino se solucionaba las condiciones de hacinamiento, violación de derechos humanos, torturas y salubridad entre otros.
Pero luego de firmado el acuerdo las Directivas del INPEC, han desatado una violenta represión contra los prisioneros, con traslados por “indisciplina”, denuncias penales, procesos disciplinarios y movimientos sospechosos y de peligro como los casos de CARLOS ALBERTO MONDRAGON SANCHEZ, TD. No. 5109 a la Torre 5, NELSON PALACIO HINESTROZA, T.D. No. 2968 a la torre 4 y el confinamiento en una UTE (Unidad de Torturas Especiales), a uno de los voceros de la Huelga compañero JAVIER PICO T.D. No. 7332 entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Igualmente sucede en otras cárceles y penitenciarias del país como Doña Juana en la Dorada –Caldas, Palo Gordo en Girón- Santander, Jamundi. Valle del Cauca, Cúcuta- Norte de Santander entre otras.
Los abogados y defensores de DDHH, hemos venido alertando desde hace mucho tiempo sobre esta situación reiterada por parte de las directivas del INPEC, su cuerpo de custodia y grupos especializados como el CORES (comando operativo de remisiones) GRI (Grupo de reacción inmediata), que son verdaderos dispositivos de torturas y violaciones a los DDHH; implementación que se realizo y se controla con el apoyo del Buro Federal de Prisiones de los EEUU.
También hemos venido trabajando en un Dossier que será presentado a la JEP (Jurisdicción especial para la Paz), ante tanta impunidad que se presenta con las denuncias penales, disciplinarias y administrativas contra el INPEC y sus funcionarios, que se extralimitan en sus funciones o son emisivos en esas prácticas de torturas y violaciones a los DDHH, donde existen gravísimas responsabilidades.
La situación de incumplimiento por parte de las Directivas del INPEC, en Valledupar nos demuestra que ese no es el modelo a seguir en la lucha por los DDHH y el cierre de ese establecimiento de torturas la “Guantánamo Colombiana”. Debe de haber un fuerte debate contra el actual Director Brigadier General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON, el Ministro de Justicia, para replantear toda la estructura militarista y represiva del INPEC, ya que esta no se ajusta a la posible firma de un acuerdo de paz en la Habana -.Cuba, debe pensarse inmediatamente en el nombramiento de un civil en esa institución y en los posible tramitar su liquidación en un futuro inmediato.
A pesar que se ha decretado recientemente expedido por el Min justicia, es insuficiente, como lo considera la Defensoría del pueblo, cuando ha debido ser más amplio que permita modificar el actual sistema de salud entre otros. Pues ha debido expedirse un decreto que declarara una emergencia social carcelaria, que permita adoptar decisiones de fondo para darle soluciones a los problemas que aquejan a los prisioneros.
Por lo pronto apoyamos y coadyuvamos la petición de los internos para que la Defensoría interponga una acción de cumplimiento frente a los compromisos de la Tramacua.
Se debe establecer una verdadera política criminal, que respete los DDHH y garantías de las personas privadas de la libertad, y establecer verdaderas políticas públicas y acciones del estado para superar el viejo estado de cosas inconstitucionales que dijo la Honorable Corte Constitucional en su sentencia T-153 de 1998.
Mayo 17 de 2016
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Año de la Amnistía e Indulto!
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