La reunión se inició con un informe presentado por SanidadINPEC en el cual se señala que ya se realizaron todas las valoraciones por Medicina General de los presos/as políticos/as que se encuentran en la lista general de enfermos que se dio a conocer desde las primeras reuniones de esta Mesa; y de la cual se generaron las respectivas interconsultas en los casos que hubo lugar. Sin embargo, se advierte que la atención con especialistas, actualmente se encuentra paralizada debido a dificultades en la contratación con hospitales, que como en el caso de El Tunal, se muestran reticentes a realizar las atenciones debido a incumplimientos anteriores por parte de la antigua CAPRECOM.
Como salida a éste impasse se vienen adelantando gestiones con el Alto Comisionado para la Paz y la Secretaría de Salud, para que a través de sus buenos oficios se logren cristalizar estas atenciones, a partir de concertar un acuerdo con los cuatro gerentes de hospitales de la Regional de Bogotá. Entre tanto continúan adelantando los procedimientos regulares para la generación de citas con los especialistas y se sigue dando respuesta a las tutelas por el derecho a la salud, todo ello bajo la vigilancia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
La doctora Luisa Fernanda Barón, como representante de la Fiduprevisora, y quien tiene a su cargo la coordinación de Servicios de salud en La Picota, complementa el informe precedente, anotando que pese a las dificultades, ha habido avances significativos en la atención de los presos politicos, y que se ha superado la fase de diagnóstico, al punto que cuenta con 27 pacientes nuevos, con autorizaciones para especialistas.
Por su parte la representante de Medicina Legal señala en su intervención que no ha podido dar curso a las evaluaciones de los cinco presos politicos que quedaron pendientes en el informe previo de éste organismo, dado que persisten los errores de información sobre los mismos, pues en algunos casos no hay certeza en qué centro penitenciario se encuentran; y, en otros no se ha logrado identificar con exactitud al paciente, debido a un problema de homónimos. Responsabilidad que, valga subrayar, es un problema administrativo de la dirección del INPEC.
Respecto al dictamen proferido recientemente por Medicina Legal, en relación al estado de salud del prisionero político Isaac Arias y que fundamentó la negativa de prisión intrahospitalaria al susodicho, se aclara que la solicitud de valoración fue oficiada desde el pasado 17 de febrero y se informa que será sometido a una nueva evaluación para el día 6 de mayo. Las reiteradas inasistencias en las actuaciones judiciales en contra de Isaac -que han impedido que hasta la fecha se le brinde la atención de salud que requiere con urgencia-, han motivado que la MAPP-OEA solicite una reunión con el Consejo de la Judicatura, con el propósito de buscar claridades al respecto.
La Defensoría del Pueblo en su informe sobre las gestiones realizadas ante los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, en las que se solicita se determine incompatibilidad de algunos presos politicos con confinacion intramural, por estado grave de salud, afirma que si bien han radicado varias solicitudes, cuya respuesta está a la espera, no han viabilizado otras peticiones por cuanto encuentran que el documento que debe fundamentar éstas denuncias, esto es, el informe sobre situación de cárceles elaborado por la MAPP-OEA, tiene un nivel de generalización muy alta, que no permite individualizar casos concretos y, por ende, no ofrece los argumentos necesarios para que los jueces puedan determinar la gravedad de la situación de los internos mencionados y actuar en consecuencia.
En ese sentido la representante de la Defensoría hace un llamado a los compañeros de la MAPP-OEA, para que enriquezcan sus conclusiones del informe e incluyan en él, una descripción detallada paso por paso, de las condiciones de habitabilidad que viven los peticionarios en sus respectivos centros de reclusión; observación que es recogida por el compañero de la MAPP-OEA. Fijando un plazo de quince días para su reelaboracion.
Aunque el delegado de la Procuraduría excusó su inasistencia a la reunión, hizo llegar un escrito donde se detalla la intervención realizada por éste organismo para garantizar el cumplimiento de pena con condiciones de dignidad a los prisioneros políticos que, hoy día, se hallan en delicado estado de salud. El informe, pese a su dilatada extensión, brilló por sus inexactitudes, imprecisiones y falta de rigor, por lo que no sorprendió que su conclusión general fuese que "de los sentenciados ninguno padece enfermedad grave, está en riesgo o requiere atención inmediata".
Como balance general, los voceros de los prisioneros políticos consideramos que la mesa se encuentra en una etapa de estancamiento, pero vemos con buenos ojos la intervención del Alto Comisionado de Paz, pues ella podría contribuir a desentrabar el problema de atención en salud. Al mismo tiempo insistimos en la necesidad de pasar de una fase de valoración y diagnóstico de los pacientes a la realización de intervenciones quirúrgicas a quienes así lo requieran.
Proponemos igualmente que la MAPP-OEA sirva de faciliradora ante la Secretaría de Salud, para dar salida a la problemática mencionada, mientras trabajamos en una propuesta integral de intervención en salud, propiciada desde los países amigos del proceso de paz.
En el tema de las "concentraciones" de los presos politicos, seguimos insistiendo en la necesidad de que los compañeros que aún permanecen en el ERON PICOTA, sean trasladados al patio 4 del penal y exhortamos -una vez más- a las directivas del INPEC para que haciendo uso de sus facultades discrecionales conferidas por la Ley 65/93 dispongan estos traslados, en atención a las delicadas condiciones de seguridad que vienen poniendo en riesgo la integridad física y moral de dichos reclusos. Mientras ésto ocurre, trasladamos esta alerta temprana a la Defensoría del Pueblo.
En esta misma dirección planteamos que los presos politicos de otros centros reclusorios del país que se hallen en estado grave de salud puedan ser concentrados en La Picota de Bogotá, en tanto se les adelanta el tratamiento médico adecuado. Por lo pronto asumimos el compromiso de elaborar un nuevo listado de compañeros presos politicos, que a nivel nacional requieren una atención inmediata, y cuya omisión podría tener consecuencias funestas en el corto plazo.
La representación de género en la vocería de los/as presos/as políticos/as fue otro tema abordado en la reunión, abriéndose la posibilidad que la Mesa se enriquezca con la presencia de prusioneras políticas del Buen Pastor, para lo cual el Ministerio de Justicia, conjuntamente con el INPEC, definirá cuál es el mecanismo idóneo para su materialización.
La reunión finalizó con una serie de denuncias que fueron recepcionadas por el Cónsul de DDHH para su trámite y que colocan al descubierto las prácticas corruptas de algunos miembro del cuerpo de custodia y vigilancia, como el dragoneante Nelson Malaver; la suspensión irregular del servicio de luz en horas de la noche por parte de los pabelloneros de turno; así como las irregularidades que siguen presentándose en el tema de alimentación y, particularmente, de las dietas, ésta última denuncia fue reforzada por el señor Director del COMEB PICOTA.
Por parte del Ministerio de Justicia, quedó el compromiso de formalizar la invitación a la Subdirección de la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios, USPEC, para que participe en la próxima reunión que se realizará el próximo 20 de mayo, donde aspiramos contar, también con representantes del Alto Comisionado de Paz, el Consejo Superior de la Judicatura y la gerencia de la Fiduprevisora.
Comisión de Voceros
Colectivo de Prisioneros Políticos de Guerra de las FARC-EP
Columna Domingo Biohó
Patio 4 COMEB PICOTA.
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