MÚLTIPLES DENUNCIAS Y CRISIS EN LA CÁRCEL DE PALMIRA

Los reclusos de la cárcel de Palmira, en el Valle del Cauca, han redactado una denuncia formal extremadamente grave, los dos puntos principales de la denuncia tratan de la carencia total del servicio de salud y las arbitrariedades que sufren en la ejecución de sus penas.
Primero que todo los presos aclaran que la situación más grave es la que vive el Patio B, solamente allá se reportan seis casos de tutelas ganadas por el derecho fundamental a la salud pero ninguna de ellas es cumplida, ni siquiera con la interposición de los respectivos incidentes de desacato, ello se hizo en todos los casos y tampoco así hay respuesta. Esta irregularidad demuestra un fallo en el Estado Social de Derecho, es inaceptable que el poder ejecutivo ignore lo que manda correctamente la rama judicial, que ha dictado sentencias donde declara el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, lo cual es extraordinariamente grave en términos jurídicos, y que ha dictado sentencias para esos seis casos específicos. Ninguna ha sido cumplida, ni la sentencia T-388 de 2013 que aborda el problema desde una perspectiva sistémica y estructural, ni tampoco las sentencias individuales de los seis enfermos.

En segundo lugar se denuncia que otras nueve personas tienen tienen un delicado estado de salud, desde problemas respiratorios hasta circulatorios, desde dolores crónicos hasta gravísimas cuestiones odoltológicas, el Patio B parece el ala de un hospital.
Por último denuncian 12 casos de presuntas irregularidades por parte de los jueces de ejecución de penas que no les otorgan ningún beneficio legal ni administrativo a pesar de que se trata de reclusos que ya cumplieron los requisitos para obtenerlos. Sobre otra dependencia afirman los presos en su denuncia: "...la oficina jurídica quien no tramita las solicitudes enviadas por los internos para beneficios administrativos y libertades, durando hasta tres meses para responder; además, para dilatar las solicitudes envían documentación incompleta (a los jueces de ejecución de penas)"
Todos los detalles de los anteriormente descrito se hallan en la denuncia formal que los internos presentaron ante distintas autoridades y entes de control, a las cuales se les pide diligencia en el actuar pues varios casos comportan riesgo de vida.
A la ciudadanía y al movimiento popular de Colombia se le pide solidaridad con este caso específico tan grave y con todo el Movimiento Nacional Carcelario surgido en medio de la crisis y el estado de cosas inconstitucional merecidamente declarado por la Corte.