El hacinamiento se mantiene estable en el 55 por ciento, mientras el represamiento de servicios médicos solicitados asciende a 14.235 casos.
En
cumplimiento de su misión constitucional como organismo de control para
los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo ha hecho seguimiento al
desarrollo de la medida de emergencia carcelaria, anunciada el pasado 5
de Mayo y oficializada mediante resolución el 10 del mismo mes.
Al cabo de 2 meses y
8 días de su entrada en vigencia, la Entidad reconoce algunos avances
importantes frente al diagnóstico que este organismo adscrito al
Ministerio Público había hecho señalando que al término del primer
trimestre de 2016, el 90 por ciento de las prisiones carecía de todo
tipo de asistencia en salud para la población privada de la libertad.
Hoy 101 cárceles del país cuentan con red hospitalaria y 114 se han
puesto al día respecto a la recolección de residuos hospitalarios.
Sin embargo, la
situación en algunos aspectos sigue siendo preocupante y existen
factores puntuales de vulnerabilidad para los derechos de los internos,
como sucede con las solicitudes de servicios médicos represadas, que
alcanzan la cifra de 14.235.
No obstante la
contratación de los prestadores, 91 establecimientos (equivalentes al 66
por ciento) reportan insuficiencia en el recurso humano y 71 (52 por
ciento) en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, hecho que se ve
reflejado en cárceles como la de Sincelejo, donde hace 8 meses las
personas que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH) no
reciben tratamiento.
Actualmente, la
cifra de pacientes oficialmente registrados en el sistema es de 9.752,
520 más que los reportados antes de la emergencia carcelaria a nivel
nacional. De ellos, 4.218 padecen hipertensión arterial, 2.255 son
siquiátricos, 1.090 han sido diagnosticados son diabetes, 640 con VIH y
104 con cáncer.
Las cifras de
hacinamiento se mantienen estables en el 55 por ciento, con una
población de 121.249 internos frente a una capacidad instalada para
78.055, lo que representa un sobrecupo de 43.194 personas. Cabe señalar
que según información oficial, hay otras 49.038 personas que se
encuentran en prisión y/o detención domiciliaria, pero el personal de
revista dispuesto por el Inpec es a todas luces insuficiente, como pasa
también con los dispositivos de vigilancia electrónica pues de los 4.061
habilitados, 1.207 (el 25 por ciento) no están en funcionamiento por
inconvenientes de carácter técnico.
Preocupa a la
Defensoría del Pueblo que la crisis advertida a comienzos de año en los
establecimientos carcelarios se traslade y agudice en los centros de
detención transitoria como las URI y estaciones de Policía, pues así lo
dejan entrever los hallazgos de una visita de inspección humanitaria a
la Estación permanente de Policía de Valledupar, donde hay cupo para 20
personas pero permanecen 193, es decir con un hacinamiento que asciende
al 870 por ciento.
Allí, no hay
atención en Salud pues el Fondo Nacional operado por Fiduagraria y
Fiduprevisora dice que no es su responsabilidad, sin tener en cuenta la
situación jurídica de los detenidos. Por si fuera poco, para las 193
personas encontradas al momento del registro, sólo hay disponibles un
sanitario fuera de servicio, dos duchas también fuera de servicio y un
orinal comunal con problemas de obstrucción, razón por la cual la
población privada de la libertad se ve obligada a hacer sus necesidades
en botellas y bolsas plásticas que luego son acumuladas con desperdicios
de comida y toda serie de residuos, los cuales constituyen una amenaza
evidente a las condiciones de salubridad en ese lugar.
Ante estas
circunstancias, la Defensoría del Pueblo tiene un curso una acción
judicial encaminada a proteger los derechos de esta población, y seguirá
vigilante al desarrollo de la emergencia carcelaria que aplica desde
hace 2 meses en el país.
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