El día que le concedieron la libertad a William Antonio López uno de sus deseos era trasladarse al municipio de Envigado, Antioquia, para visitar a su familia y desde allí iniciar el camino de reinserción a la vida civil, aprovechando el beneficio del indulto que, por razones de salud, les otorgó el gobierno nacional a él y a 29 guerrilleros más detenidos en distintas cárceles del país en noviembre del año pasado.
Sin embargo, días después de su llegada a la finca de sus padres, miembros de la llamada ‘Oficina de Envigado’ amenazaron a López en repetidas ocasiones y lo conminaron a que se fuera de la región aduciendo que era objetivo militar por ser miembro de las Farc, situación que lo obligó a desplazarse y abandonar a su familia.
Por su parte, Aristides Luna y otros siete indultados enfermos de gravedad creyeron que tras su salida de la cárcel la atención en salud mejoraría; no obstante, se encontraron que luego de ser afiliados a la EPS Capital Salud, las citas se demorarían, no tendrían los medicamentos necesarios y no se priorizaría su atención.
VerdadAbierta.com dialogó con Sandra Patricia Isaza y Ever Ulises Verbel, dos de los 30 indultados por el gobierno nacional. Ambos viven en una casa en el occidente de Bogotá, donde cumplen con el programa de reinserción acordado con La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y ejecutado por la Agencia Colombiana para la Reincorporación. El propósito de conversación fue identificar los retos a los que se han enfrenado en su tránsito a la vida civil, conocer la actual situación de los presos del grupo armado ilegal, su acercamiento con los diálogos en La Habana y su papel en el posacuerdo.
Vida cotidiana
Pese a no tener el mismo agite del día a día en las filas guerrilleras, en la casa siguen funcionando algunas cosas que evocan la vida cotidiana en los campamentos: hay horas determinadas para el estudio, donde aparte de discutir los acuerdos preparan las pedagogías que dictan en las cárceles, otras para el ocio y, a diario, como quien lee la biblia, consultan el material informativo que llega desde La Habana. Sandra y Ever aseguran que la salida de la cárcel les sirvió para reorganizarse y retomar la disciplina que llevaban en las montañas.
A la fecha, el grupo de indultados se está capacitando en un curso de sistemas que dicta el Sena y quienes no han alcanzado la educación media están a la espera de iniciar en agosto un curso de nivelación y graduarse como bachilleres.
“Yo tenía miedo de empezar a estudiar porque creía que estando en las Farc nos habíamos aislado del avance de la sociedad, pero la realidad es que no, en las filas guerrilleras tenemos visión de futuro, hay muchas cosas que la selva nos enseña que los títulos no dan”, asegura Sandra, quien ha participado en foros y eventos académicos dando a conocer la situación carcelaria y la apuesta de los presos e indultados de cara al posacuerdo.
Las preocupaciones más latentes siguen siendo las mismas que estaban exigiendo cuando aún seguían privados de la libertad: las condiciones de seguridad y la atención en salud. Pese a que la Unidad Nacional de Protección (UNP) dispuso de un mecanismo para asegurar la integridad de cada uno de los indultados, solo uno ha hecho uso del protocolo, los demás creen que es mejor estar sin dar tanta evidencia y aseguran que la única garantía que en realidad podrían tener es “el desmonte de las estructuras paramilitares”.
“La condición de ser ‘farianos’ nos coloca en un riesgo extraordinario, es decir, por nuestra condición política nos sentimos amenazados ¿Quién va a garantizar que de acá a Acacias no nos pase algo? o que en la vía Ibagué – Chaparral no nos hagan un atentado? Hasta que no se acaben los grupos paramilitares va a ser muy difícil que se den las condiciones óptimas para el ejercicio de la oposición política”, afirma Sandra.
En la casa, el peso de la confrontación armada se ve en cada uno de los cuerpos de los excombatientes, hay personas con extremidades amputadas, otros en condición de discapacidad y algunos con enfermedades renales a causa de las “secuelas de la guerra”, como le llaman. Aseguran que pese a tener EPS el acceso a los servicios no lo tienen garantizado debido a las deficiencias del sistema de salud. Ellos reclaman mayor diligencia en la atención, sobre todo de los ocho casos priorizados que tienen, porque quieren evitar que se repita lo ocurrido con Jhon Jairo Moreno, quien murió el 5 de febrero pasado en el hospital San Jorge de Pereira a causa de una enfermedad hepática.
Paradójicamente, su situación que no dista mucho de la crisis humanitaria que se vive en las cárceles, la cual viene siendo denunciada, desde el 2013, por la Defensoría del Pueblo, agencia estatal que reiteradamente advierte sobre el deterioro de las condiciones de salubridad y hacinamiento.
El compromiso que nunca llegó.
Tras el indulto, uno de los compromisos del gobierno nacional fue adecuar patios especiales para concentrar a miembros de las Farc e iniciar una serie de brigadas de salud a nivel nacional para darle tratamiento especial a los reclusos con enfermedades graves. No obstante, el incumplimiento ha llevado a los reclusos a realizar varias huelgas de hambre y “desobediencias pacíficas”; la última de ellas empezó en Bogotá hace dos semanas y se ha ido extendiendo a otras cárceles del país.
Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, René Nariño un preso del grupo insurgente, quien cumple una condena de 13 años, le manifestó a VerdadAbierta.com que los patios especiales se quedaron en el papel porque a la fecha siguen mezclados con presos comunes: “A pesar de que se adelantaron varios censos, tanto por parte del Inpec como por nosotros, nunca se nos ha adecuado un patio donde solo estemos los reclusos de las Farc. Ello ha conllevado a que se sigan presentando las amenazas y algunos encontrones con internos de otros patios que nos han visto como un objetivo”.
En cuanto a las condiciones de salud, según cifras de la Corporación Solidaridad Jurídica, de 324 casos urgentes que existen se ha atendido cerca del 80% mediante una valoración. De acuerdo con John León, vocero de la organización, se ha convertido en un “saludo a la bandera”.
“Los que han sido valorados les reafirman la condición de enfermedad, pero no se atienden a los que tienen problemas ortopédicos, no hay médicos especialistas, ni tampoco se priorizan los casos de enfermos terminales” puntualiza este líder.
La propuesta que han hecho los indultados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es que se permita que las organizaciones no gubernamentales internacionales garantes del proceso que se han ofrecido a prestar el servicio ingresen a las cárceles para realizar las brigadas. Es pertinente recordar que desde julio de 2015 un grupo de intelectuales de varios países pidieron la libertad de 71 presos políticos que están en condiciones graves de salud, asegurando que tienen la disposición para ayudar a agilizar el proceso. (Lea aquí la carta)
Por ahora, unos y otros siguen presionando a nivel institucional para que se cumpla con lo pactado y se les dé celeridad a los casos más urgentes. Por su parte, los presos políticos y de guerra han decidido continuar con la huelga carcelaria paralelo al desarrollo de actividades pedagógicas, como obras de teatro, en los centros de reclusión para generar conciencia sobre la crisis del sistema de salud a nivel nacional.
“La cárcel también es un espacio de formación”
“Desde que fuimos indultados salimos con el compromiso de socializar los acuerdos con los compañeros que siguen reclusos. La pedagogía no es ir a hablar y ya. Es una guía que orienta a la formación y el conocimiento, más que ir a hablar es ir a escuchar las preguntas que tienen los compañeros y tratar, en lo posible, de hacer las mejores claridades”, señala Sandra.
Según cifras de la Corporación Solidaridad Jurídica se han realizado 21 actividades pedagógicas a nivel nacional, la primera de ellas el 10 de junio en la cárcel Picota de Bogotá. Allí, el máximo jefe de las Farc, alias ‘Timoleón Jiménez`, y alias ‘Edilson Romaña´, uno de los negociadores en La Habana, se dirigieron a través de videoconferencia al grupo de reclusos para contarles el avance del proceso. “Nosotros no nos vamos a desmovilizar, nosotros vamos es a surgir en la vida política del país en unas condiciones tales que nos garanticen un mínimo de seguridad y de garantías políticas”, aseguró el máximo comandante del grupo insurgente.
Desde la cárcel La Picota en Bogotá, René Nariño manifestó que a pesar de ser un tiempo muy restringido, alrededor de tres horas, fue satisfactorio el encuentro pedagógico, entre otras razones porque Enrique Santiago, abogado asesor de la Comisión Jurídica de las Farc en La Habana, les pudo responder la mayoría de preguntas relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz, que pretende investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.
“Los compañeros están muy entusiasmados, el hecho de poder interactuar con la delegación en La Habana fortalece las filas, ha sido un renacer para todos, uno puede observar las caras de felicidad cuando se ve a los comandantes. Ahora nos queda claro parte del panorama y ya nos corresponde a nosotros estudiar a fondo los acuerdos y Salir, quienes decidamos seguir en la organización a hacer política, como se ha dispuesto ahora”, asevera René Nariño.
Sin embargo, no en todas las cárceles se ha podido realizar la pedagogía. En Picaleña, Ibagué, los reclusos que se encuentran en unidades especiales de máxima seguridad no fueron trasladados al patio donde se iba a realizar la videoconferencia con La Habana, según el Inpec, porque ese tipo de reclusos cuenta con un protocolo de máxima seguridad que aún no se ha podido establecer.
“Lo que nos parece ilógico es que dentro de la misma cárcel no puedan movilizar a los internos, es contradictorio cuando por ejemplo a Iván Márquez le dieron acompañamiento al sepelio de su madre, entonces dentro de la cárcel ¿qué pude pasar? eEs negligencia del Inpec”, señala Sandra y agrega que varios centros carcelarios no dejan entrar los documentos oficiales de la guerrilla al considerarlos material que hace apología a la subversión.
El recorrido pos las distintas cárceles del país va a continuar hasta que se llegue a la firma del acuerdo final entre las dos partes. Para Ever ha quedado un compromiso implícito en todos los guerrilleros presos y es el de empezar a estudiar y socializar los acuerdos con los demás reclusos, sea o no de la guerrilla; insiste, además en que la pedagogía también debería ser para las instituciones y sus funcionarios, con el fin de evitar que se generen estigmas y prejuicios contra quienes ejercen las campañas de socialización.
De la amnistía al partido político
Aunque ambos son conscientes que no todo el grueso de los presos va a seguir siendo parte de la organización luego de salir de la cárcel, creen que la convicción política y los años que duraron en la guerra los va a hacer reafirmarse dentro de la organización para ahora disputarse el poder por medio de la política sin armas.
Según lo acordado, tras la firma del Acuerdo Final se dará la amnistía más amplia posible a los miembros del grupo insurgente que hayan cometido delitos políticos y sus conexos, al igual que ha ocurrido en otros procesos de paz a nivel internacional como fue el del Ejército Republicano Irlandés (IRA), donde salieron de prisión 433 excombatientes amnistiados luego de la firma del acuerdo ‘Viernes Santo’ en 1998.
“En mi condición de revolucionaria no me da miedo que me maten, me da pavor morirme sin hacer nada. Hay que dejar sembrada la semilla en las nuevas generaciones, todos merecen nuevas oportunidades”, afirma con vehemencia Sandra, quien se está capacitando como promotora de paz, con la finalidad de ayudar al movimiento que se establezca en el posacuerdo.
Para Ever el partido o movimiento va a estar integrado también por la gente que ha simpatizado y hecho parte del círculo cercano durante los 52 años que llevan de existencia: “a los medios y a la clase dirigente se les olvida que nosotros hemos hecho escuelas, hospitales y carreteras donde históricamente el Estado no ha entrado, ahí tenemos una base social fuerte, sin el pueblo hubiese sido insostenible mantenernos de pie tantos años”.
Ambos aseguran que, al igual que lo han dicho los jefes negociadores, no van a entrar al ruedo de la política a protagonizar sino a unir fuerzas para superar la crisis en la que la izquierda está sumergida y en la que prevalecen intereses individuales. “Tenemos que hace un trabajo enorme para ganarnos a las masas, lo debemos de hacer con liderazgo”, concluyen.
La Cárcel Modelo, Picota, y Buen Pastor, fueron las primeras donde se desarrollaron las pedagogías, la participación contó con alrededor de 100 integrantes del grupo armado. Foto: cortesía Red Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos.
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