DETENCIONES EN BOGOTA CRIMINALIZAN AL MOVIMIENTO SOCIAL

 Agencia Prensa Rural


Entre los 15 detenidos hoy en Bogotá acusados de pertenecer a una célula urbana de la insurgencia se encuentran líderes estudiantiles, comunitarios, y un periodista de la Agencia Colombia Informa. “No dudamos que los detenidos son inocentes. Manipulan a la Justicia para lograr un hecho mediático”, explican desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quienes llevarán el patrocinio legal de los detenidos junto a la Universidad Pedagógica Nacional, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga, y Justicia y Paz.
El Congreso de los Pueblos reconoció que siete de los apresados pertenecen a esa agrupación. “Algunos de ellos ni siquiera estaban en la ciudad cuando sucedieron los hechos que se les atribuyen. Se trata de un nuevo caso de falso positivo judicial”, denunciaron. Desde el Polo Democrático Alternativo, el senador Alberto Castilla exigió garantías al gobierno.
En rueda de prensa realizada esta mañana en la sede del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachí, denunció que los estudiantes de esa institución sufren “persecución” y aclaró que cuatro de los estudiantes detenidos hoy “se encontraban fuera de la ciudad, en Fusa, preparando actividades académicas” cuando sucedieron las explosiones que se les atribuyen. Entre los detenidos se encuentran Heiler Lamprea, representante del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, y Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), quien había recibido amenazas de muerte por su labor social.
Otro de los detenidos es el periodista Sergio Segura, corresponsal de la Agencia Colombia Informa, especialista en temas de conflicto y paz, quien una semana atrás participó en un foro sobre medios y conflicto realizado en la Universidad Nacional; en el allanamiento a su domicilio le fue incautado parte de su archivo periodístico.
“No creemos que la responsabilidad de esos actos (explosiones en Bogotá) esté en estos líderes sociales detenidos”, señaló Franklin Castañeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Por su parte el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo (PDA) vinculó las detenciones a la noticia reciente del cese unilateral del fuego que retomarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). “Junto a la Cumbre Agraria venimos denunciando la sistemática persecución al movimiento social colombiano, que se reactiva en contextos como éste”, explicó Castilla, y exigió “garantías al Gobierno Nacional”.
Desde el Congreso de los Pueblos, agrupamiento al que pertenecen algunos de los detenidos, la vocera nacional Alexandra Bermúdez también se refirió al gobierno nacional: “Ayer a esta misma hora estábamos reunidos con el ministro del Interior, el de Justicia y la viceministra de Defensa adelantando denuncias por violación a los derechos humanos, y éstas son las respuestas que tenemos del gobierno, las detenciones de estos líderes sociales, reconocidos dirigentes que han participado en las movilizaciones y procesos organizativos de la comunidad”.
Bermúdez refirió además al asesinato de Carlos Pedraza en enero de este año, reconocido dirigente de esa agrupación, y a una serie de amenazas paramilitares contra referentes de esa colectividad. “Las detenciones criminalizan al movimiento social al vincularlo a la insurgencia”.

“Que los medios de comunicación preserven la presunción de inocencia”

“Es lastimoso que el gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad del Estado intenten buscar responsabilidad en líderes sociales ante los atentados ocurridos. Están siendo culpados de actos de los cuales no van a tener responsabilidad alguna”, afirmó Franklin Castañeda, vocero del Movice, y agregó:
“Esto no es nuevo, hay más de 13 mil demandas al Estado por detenciones arbitrarias, que comprometen a 27 billones de pesos que el Estado deberá responder por hechos falsos como éstos. Ninguna de las personas acusadas en el paro agrario acusada de vínculos con las insurgencias, sea de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional (ELN) permaneció detenida. Son falsos positivos judiciales. Los medios de comunicación deberían conocer esto y preservar la presunción de inocencia”, concluyó.

A disposición de la Fiscalía

Según el Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos, los detenidos “no están teniendo la posibilidad de tener un debido proceso, se les adelantan condenas públicas al señalarlos como miembros de organizaciones insurgentes sin posibilidad de defensa”. Ante eso exigen “debido proceso y la libertad” de las 15 personas apresadas, que hoy serán puestos a disposición de la Fiscalía.