NO ACALLAMOS, NI ACALLAREMOS LA VOZ QUE RECLAMA, EXIGE Y CONSTRUYE JUSTICIA

¡Libertad para las y los presxs!

El montaje judicial a líderes y lideresas del Congreso de los Pueblos, es otro acto deliberado de violencia del gobierno colombiano que pretende acallar la exigencia de justicia social y la construcción de alternativas políticas que le den salida a la violencia en la que tienen sumergido al pueblo colombiano las elites económicas y el paramilitarismo, estas corresponden a las sistemáticas demostraciones de “paz” del presidente Santos como la negación al cese bilateral al fuego con las FARC-EP, la negación de abrir los diálogos de paz con el ELN, el impedimento a la participación del movimiento social y popular colombiano en la negociación política del conflicto interno, y a las cientos de políticas y leyes que todos los días despojan de sus derechos a la población y la revictimizan.
Las compañeras y compañeros del Congreso de los Pueblos detenidos, son jóvenes forjadores de una Colombia soberana digna y libre donde la participación política sea una realidad, donde los derechos humanos sean respetados y garantizados y por supuesto donde la utopía del buen vivir sea la cotidianidad suya, nuestra y de todos y todas las colombianas que hoy somos víctimas del machismo, la ignorancia, el desempleo, la guerra, la exclusión, el silenciamiento, las cárceles y la pobreza. Es por eso que desde el solitario exilio y refugio internacional mandamos una voz de fuerza, valentía, fraternidad, compañerismo, solidaridad, y sobre todo, mandamos un grito de lucha y perseverancia, estamos convencidos que los enemigos de la paz que hoy nos tienen fuera de nuestras tierras por amenazas de muerte, atentados y asesinatos, y a ustedes hoy los mantienen en las cárceles, no son superiores a la organización social, a la justa victoria de los y las latinoamericanas que seguimos convencidos en construir una Colombia justa.
Las detenciones masivas del gobierno de Juan Manuel Santos en contra del Congreso de los Pueblos son la clara demostración de la cobardía de construir la paz mediante la participación política de sectores históricamente excluidos por la oligarquía, es por esto, que exigimos al gobierno colombiano se garantice el debido proceso, la libertad inmediata de las y los líderes sociales y cese de las acciones de estigmatización, represión y persecución al movimiento social y político.
El uso de la justicia para perseguir opositores es una práctica perversa que pone en evidencia el doble rasero de la Fiscalía, que no se mueve a investigar las amenazas de muerte contra quienes defienden los derechos humanos, pero se muestra diligente para perseguir a las víctimas y defensores. 

Colectivo de Colombianos-as refugiados-as en Asturias “Luciano Romero Molina”
Mayerly Garzón, Gustavo Pedraza, Anabel Zúñiga, Angela Esteban, Diana Nïtola, Javier Orozco P.