Justicia popular para un guerrillero

Tomado de The Prisma

SIMON TRINIDAD T.I.O

Trece años lleva detenido en la prisión más severa de Estados Unidos el colombiano Simón Trinidad. Un Tribunal Internacional de Opinión se llevará a cabo en Colombia en mayo para reanalizar el caso y emitir un veredicto de manera independiente y popular.

Quienes han logrando ingresar a la prisión de Florence Colorado dan fe de la fama que se ha hecho desde su construcción en 1994. Conocida como la Alcatraz de las Rocosas (Alcatraz of the Rockies), es por lejos la prisión más infranqueable de todos los Estados Unidos.

Construida enteramente de hormigón, incluidas las camas, los 490 internos recluidos en su interior reciben la comida a través de una ranura.

Las celdas de 7,5 metros cuadrados son el lugar en el que pasan 23 horas del día en confinamiento total. Se trata de los convictos más peligrosos, según este país, quienes tienen una hora diaria para ejercitarse encerrados en jaulas.

De todos sus pabellones, el H es el más estricto de todos. Es ahí justamente donde se encuentra Simón Trinidad, quien comparte encierro con el autor de los atentados de las Torres Gemelas, el de las bombas de Oklahoma y el de la maratón de Boston. De no haber ningún cambio en su condena, el colombiano no vería la luz sino hasta el año 2056.

Pero, ¿quién es Juvenal Ricardo Ovidio Palmera? Conocido como Simón Trinidad y economista de profesión es uno de los miles de colombianos que tomó las armas para enfrentar la violencia del Estado contra la oposición política y social.

Su vida cambió el 2 de enero de 2004, día en que el integrante de las FARC-EP fue capturado en el centro de Quito. La operación, organizada por la CIA, terminaría con su extradición a Estados Unidos –aprobada por el entonces presidente Álvaro Uribe– acusado de terrorismo, secuestro y narcotráfico.

justicia-justice-pixabayIncapacitado de extraditar por motivos políticos, se le imputó la retención de tres mercenarios estadounidenses en la selva, motivo por el cual fue sentenciado a 60 años de prisión.

Tribunal Internacional de Opinión

La situación ha motivado a distintas personalidades y compañeros de batalla a convocar al Tribunal Internacional de Opinión (TIO) Simón Trinidad, un llamado que se ha extendido a abogados, intelectuales, académicos, dirigentes sociales, iglesias y el pueblo en general.

Este tribunal es un instrumento jurídico en el que personas de todos los sectores pueden opinar y manifestarse de manera libre respecto de la extradición de Simón Trinidad, en un ejercicio popular y democrático.

Su objetivo es generar una instancia de justicia popular que permite juzgar a las estructuras de los estados que violan principios y derechos mundialmente reconocidos, entre ellos, el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades y no por aquellas de otro país.

Un TIO debe recolectar de manera objetiva las pruebas y testimonios que permitan un desarrollo democrático de la justicia y contar a su vez con un jurado compuesto por personas idóneas e íntegras sin intereses individuales que contaminen su veredicto.

Justice for Cleaners workers trabaj pixabayEl objetivo final es que sea el pueblo quien actúe como garante del desarrollo democrático y justo del proceso contra Simón Trinidad, quien al encontrarse impedido de presentarse debe elegir a un representante.

Para este Tribunal, que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, se contará con la presencia –entre otros– del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, los abogados defensores Mark Burton (Estados Unidos) y Ramiro Orjuela (Colombia) y otros abogados defensores de los derechos humanos.

Durante la jornada, que comenzará a las 8:00am con la instalación del Tribunal, se leerán las acusaciones, se mostrarán las pruebas y testimonios e intervendrán las diferentes partes. Tras lo anterior, el jurado deliberará a las 6:00pm para luego dar a conocer el veredicto una hora más tarde. Mayor información: Uldarico Florez Peña, email: uldaricoflores@yahoo.com.co

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"No queremos que ocurra de nuevo lo de la Unión Patriótica": Romaña

Entrevista realizada por la REVISTA SEMANA

El asesinato de Luis Alberto Ortiz prendió las alarmas en la Comisión de Garantías de la que poco se habla. Semana.com habló con el jefe guerrillero sobre lo que pasó y el plan piloto en "Tumaco y Buenaventura para desarticular el paramilitarismo".

Semana.com.: Usted está al frente de la zona veredal que hay en Tumaco, ¿qué se sabe del asesinato que ocurrió la semana pasada?

Edison Romaña.: En el 2012 Luis Alberto, Pepe como le decíamos de cariño, llegó a la milicia. Él cayó preso en el 2015 y salió por ley de amnistía e indulto hace poco más de 20 días. Una vez quedó libre se presentó al campamento en la zona veredal. Ahí quedó el registro como integrante de nuestro movimiento pero como no tiene problemas con la ley -porque ya pagó su condena- se fue para donde su familia a visitarlos. Allí en la vereda la Guayacana (Tumaco) el pasado 16 de abril recibió en la noche tres impactos de bala.

Semana.com.: ¿Luis Alberto tenía en mente volver a la zona veredal o pensaba quedarse definitivamente con su familia?

E. R.: Él hacía parte de nuestra organización y había solicitado un permiso solamente para poder visitar a sus padres, su mujer y sus hijos. Cuando estaba alistándose para volver a la zona veredal para darle continuidad a su proceso de reincorporación a la vida civil y la conformación del nuevo partido ocurrieron los hechos.

Semana.com.: ¿Había recibido alguna amenaza? ¿Se sospecha quién puede estar detrás del asesinato?

E. R.: No valdría la pena mencionarlo porque el Gobierno, la Policía y la Armada Nacional conocen lo que está pasando aquí. Desde hace más de seis meses hemos denunciado la presencia de paramilitares al servicio del narcotráfico. Los Úsuga y las Águilas Negras en complicidad con la pobreza y la falta de educación e inversión. Hay mucha gente que fácilmente puede ser reclutada por la mafia y los grupos paramilitares. Hemos dicho insistentemente que hace falta voluntad política para solucionar el fenómeno tan complejo que se vive en Tumaco.

Semana.com.: ¿Si los hechos ocurrieron el 16 de abril por qué se demoran tanto en dar aviso? ¿Cómo se enteran y a quién le informan?

E. R.: Nos enteramos por información de la comunidad que gozaba de las garantías del movimiento guerrillero. Es decir, las que tienen que ver con seguridad y normas de convivencia. Fueron ellos los que vinieron y avisaron. Nosotros inmediatamente mandamos a confirmar si el caso era cierto. Cuando nos dimos cuenta que era Pepe nos pusimos en contacto con el Estado Mayor Central para que nos orientaran. Se ordenó hacer un primer comunicado que se emitió desde la zona veredal Ariel Aldana y al día siguiente el Secretariado emitió otro. También se le informó a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Semana.com.: ¿Hubo respuesta? ¿Se reforzó la seguridad en la zona?

E. R.: No ha habido ninguna clase de medidas fuera del pronunciamiento del fiscal Néstor Humberto Martínez, el apoyo de varias organizaciones y las declaraciones del ministro de Defensa,Luis Carlos Villegas, que manifestó que se iban a tomar cartas en el asunto. De resto no se ha tomado ninguna medida que tenga que ver con el hecho. El problema es que en Tumaco se reúnen todas las contradicciones del país: narcotráfico, desplazamiento, víctimas, paramilitarismo y la delincuencia. Para poner un ejemplo, basta conocer que en el 2017 han asesinado a 140 personas. Incluso en la misma vereda donde mataron a Pepe han muerto ocho de ellas. La dimensión de lo que acá se presenta es muy compleja y pese a las advertencias nada que se toman correctivos.

Semana.com.: Cuéntenos un poco más de Luis Alberto, ¿a qué se dedicaba en la organización?

E. R.: Él tenía 26 años y era muy querido por la gente del movimiento. Acá en el campamento hay mucha nostalgia y preocupación porque el compartió durante varios años con todos los que están acá. Dejó dos hijos. Era mestizo, nació en la misma vereda donde lo asesinaron, aunque también era de un resguardo indígena de la Guayacana llamado El Gran Rosario.

Semana.com.: ¿Alientan este tipo de hechos más disidencias?

E. R.: No sólo este tipo de hechos sino la dilación de los acuerdos. Es decir, la incertidumbre del incumplimiento de todo lo que se pactó. Un ejemplo es el informe que presentó la ONU, ahí quedó claro que el Gobierno no estaba preparado para la implementación de los acuerdos y un proceso de paz de estas magnitudes. Ese tipo de cosas hace que se caiga el ánimo en los guerrilleros y milicianos. Es que no se justifica que en todo este proceso en el que hemos mostrado voluntad se presenten estas problemáticas tan graves. 

Semana.com.: ¿Hay temor de que se repita el exterminio de la Unión Patriótica? ¿En qué quedó la Comisión de Garantías de Seguridad?

E. R.: Sí, es una preocupación generalizada al interior del movimiento guerrillero. Por eso es que le hemos exigido al Gobierno que cumpla con lo que se pactó. Lo que se firmó es para cumplirlo y lo que ocurrió con Pepe es una alerta que obliga a implementar todo lo que tiene que ver con Garantías de Seguridad. Uno de los compromisos, por ejemplo, es que Buenaventura y Tumaco se conviertan en el plan piloto de la desarticulación del paramilitarismo. No queremos que ocurra de nuevo lo que pasó con laUnión Patriótica y por eso estamos en contacto con autoridades nacionales e internacionales para que se tomen correctivos.

Semana.com.: ¿Hay más guerrilleros amnistiados en la zona veredal de Tumaco?

E. R.: Se ha dicho que todos los cobijados con la Ley de Amnistía irán a cuatro zonas veredales y luego del proceso llegan a su territorio. Es difícil calcular en este momento cuántos son pero se calcula que entre unos 150 o 200 unidades tienen que llegar acá. Incluso la semana pasado salieron dos que ya vienen. Todos tienen mucha preocupación de visitar a su familia y por eso han planteado que mejor se vienen para la zona veredal y que ellos vengan a visitarlos.

Semana.com.: El Gobierno se comprometió a tener las zonas veredales listas en abril. La de Tumaco era una de las más retrasadas, ¿en qué condición está?

E. R.: Con la de acá hubo muchas controversias. Se dijo que no dejábamos construir, ni entrar la maquinaria. Sin embargo, lo que expliqué es que los contratos se le habían dado a una gente que no sabía qué era un bulto de cemento o cómo hacer una columna. Posteriormente se hizo una reunión con Carlos Córdoba y se ha venido avanzando junto con la guerrillerada que viene trabajando con los obreros. Sin embargo, aquí la obra va en un 40 %. Se está trabajando día y noche, avanza lento pero avanza.

Semana.com.: La semana pasada se habló de una caleta que encontró el Ejército y que pertenecería a las FARC, ¿qué sabe de ella?

E. R.: En la medida que no entiendan que el proceso es para la sociedad y que no podemos seguir viéndonos como enemigos ese tipo de cosas van a pasar. Eso es nada más y nada menos que un falso positivo. No tiene sentido que si estamos dejando las armas y se entrega el material inestable ellos desarrollen operaciones en las zonas que nosotros hemos abandonado. No tiene sentido y no ayuda en la confianza. Como es sabido nosotros ya entregamos 900 coordenadas al Mecanismo de Monitoreo y Verificación para adelantar el proceso de dejación. Esto no nos sorprende porque hay muchos sectores interesados en dañar el proceso de paz.

MATERNIDAD NEGADA -Memorias de Prisión-

Por Liliany Obando*

Bogotá, Colombia, 22/04/17

Como un resultado de la lucha de muchas mujeres organizadas, muchas de ellas feministas, las violencias contra las mujeres que con inusitada frecuencia terminan en muertes violentas, se visibilizan cada vez más, en un esfuerzo por sacar de la condición de supuesta “normalidad”,  asignada por una cultura patriarcal, a lo que en realidad es una afrenta contra las humanidades femeninas. También gracias a esas mismas luchas de las mujeres, esos asesinatos hoy son tratados penalmente como feminicidios, es decir, aquellas muertes ocasionadas contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, con lo cual se pretende sancionar de manera ejemplarizante y más allá, que nunca más sucedan aquellas muertes violentas contra las mujeres. Aun así los feminicidios se suceden uno tras otro y a las mujeres y a la sociedad, nos queda mucho trabajo por hacer para que esta aberrante realidad cambie.

Pero en ese universo de las violencias contra las mujeres, hay un tipo de violencia del que poco se habla, de la negación del derecho de las mujeres a la maternidad y por extensión de las niñas y niños a tener una familia y a no ser separados de ella (art. 44 de la Constitución Política colombiana).  Familia, que en una gran mayoría de los casos se limita a la madre ante la ausencia permanente del padre. Y este tipo de violencia que desgarra en lo más profundo a las mujeres que la viven, es más frecuente y al tiempo más invisible para las mujeres privadas de la libertad.

Hace unos escasos días, supimos del doloroso caso de la prisionera política de las FARC Rocío Cuéllar.  Ella quien había pasado por la tortura de estar embarazada siendo una prisionera en una cárcel donde no se le garantizan las condiciones mínimas que debe recibir una mujer en ese estado, tuvo además un embarazo de alto riesgo y su bebé nació prematuramente en un hospital que no ofrecía las condiciones para atender al recién nacido.  Rocío no sólo debió soportar el dolor de no poder estar al lado y amamantar a su recién nacido del que la habían separado, sino que tras una larga lucha con la institución penitenciaria y las entidades prestadoras de salud para que el bebé fuera trasladado a un hospital que le garantizara la vida al menor, recibió finalmente la fatídica noticia de la muerte de su bebé por la negligencia e inhumanidad institucional.

Lida María Urrego Lascarro, prisionera política de las FARC, recluida en Cárcel de Mujeres las Mercedes de Montería Córdoba, recientemente también narra en una  desesperada carta cómo a pesar de ser una prisionera política de las FARC-EP,  que la hace beneficiaria de la Ley de Amnistía (Ley 1820), resultado de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, ésta no ha sido aún posible, en cambio, las autoridades penitenciarias muy acuciosas la separarán de su pequeña hija que ha convivido con ella en la cárcel desde su nacimiento, tan pronto cumpla la edad de 3 años, tal como lo señala el Código Penitenciario y Carcelario.

En otra cárcel distante de esa, la Reclusión de Mujeres de Cúcuta, Norte de Santander, Mayerli Becerra Muñoz también prisionera política de las FARC, dio a luz a su bebé y a pesar de ser al igual que Rocío y Lida María, beneficiaria de la Ley de Amnistía, ésta no le ha sido concedida, tampoco la prisión domiciliaria, por lo que fue conducida junto con su recién nacido de nuevo a prisión.  El menor enfermó y tuvo que ser llevado a un hospital pero separado de su madre. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidió que la custodia temporal del menor estaría en manos de un tercero.     

También recuerdo como si fuera ayer a nuestra pequeña Manuelita[1]. En ese mundo de dolor y sombras que son las cárceles, paradójicamente, los momentos de alegría vienen de esas pequeñas y pequeños, también de cierta forma prisioneros, que conviven con sus madres en los pocos patios de reclusiones femeninas donde está permitida su permanencia. Pero el de Manuelita es un recuerdo doloroso. Su madre, una guerrillera de origen indígena, de rasgos duros y carácter fuerte, llegó una mañana ahogada en llanto a contarnos a quienes éramos sus más cercanas, que su pequeña niña, que aún no ajustaba los tres años y que escasamente hablaba, había regresado del jardín infantil quejándose de dolor en sus partes íntimas que señalaba con su pequeña mano y su ropa interior tenía rastros de sangre.  Recuerdo que mientras escuchábamos su relato, llorábamos todas al sospechar de qué se trataba.  Recuerdo también que su madre se debatía en el dilema entre su deseo de justicia y el deseo de que no la separaran de su pequeña hasta que cumpliera los tres añitos, pues después de eso difícilmente la vería crecer ya que afrontaba una condena de 40 años.  Finalmente el caso quedó en la impunidad porque nadie nos creyó la historia que la reclusión prontamente encubrió.

Pero esta dolorosa situación no es exclusiva a las prisioneras políticas. En las cárceles colombianas la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad son madres y lo que es más complejo, son ellas la cabeza de familia, las que deben proteger a su descendencia tanto económica como afectivamente, ante la ausencia de la figura paterna. La mayoría de ellas han trasgredido la ley por delitos asociados a su condición de pobreza y exclusión.  Así que las dolorosas historias de madres e hijas e hijos separadas forzosamente por la circunstancia de la cárcel de las primeras, o de pequeños/as que crecen en el hábitat de la prisión junto a sus madres hasta que alcancen los 3 años de edad, se repiten por cientas ante la inexistencia de una Justicia de Género que debería priorizar y dar un tratamiento diferencial y alternativo a la prisión a las mujeres que son madres, entre otras, porque éstos menores son los peormente afectados.

Jamás olvidaré la historia de Sol[2], con quien compartí durante algunos meses una pequeña celda. Era una mujer que llevaba una vida normal con su esposo e hijo, hasta que en un episodio de violencia intrafamiliar durante una riña con su hermano éste terminó muerto con arma blanca y ella pagando una larga condena. Tras el episodio violento su familia dejó de hablarle, jamás la visitó en la cárcel y nunca protegió a su pequeño hijo que quedó como tantos(as) otros, a la deriva.  Su esposo, como suele ocurrir con demasiada frecuencia cuando una mujer está en prisión, con el tiempo también la abandonó, no sin antes haber concebido con ella una hija en la cárcel.  Sol, así quedó con la responsabilidad de una madre soltera de un hijo y una hija.  En  la cárcel, fruto de la soledad y la desesperación conoció la droga, y aprendió a robar para solventar el vicio y solo ese sentimiento inigualable que une poderosamente a una madre a su hijo(a), fue capaz de sacarla de ese mundo de oscuridad. Cuando compartí con ella en el patio de prisioneras políticas, era testigo de cómo día a día se la rebuscaba como podía, -en las cárceles colombianas los cupos de trabajo remunerado son casi inexistentes-, y con lo poco que se ganaba la veía comprando dulces y alimentos, y también colectando lo que sobraba de la comida canera que las demás prisioneras dejábamos, para enviarles a su hija e hijo, de los que dolorosamente había sido separada cuando éstos cumplieron los tres años. 

En los Acuerdos de paz de La Habana se logró, gracias también a la presión y esfuerzo de muchas organizaciones de mujeres, que quedara incluido de manera transversal en los mismos, el enfoque de género, aporte sui géneris en los acuerdos de paz en el mundo.  Es ahora tarea de las mujeres jugar un papel activo como garantes para que ese enfoque de género se cumpla en la implementación  de los Acuerdos de Paz y también seguir luchando para que una real Justicia de Género sea posible.  Es la única vía para que cientas de historias de violencias contra las mujeres y de sus dolores inenarrables, empiecen a ser cosa del pasado, mientras que la maternidad por opción, sea un regalo de vida en la Colombia de la Paz.

*Socióloga, Defensora de Derechos Humanos y Ex Prisionera Política.

Carta a todas y todos los prisioneros políticos y a todas y todos los luchadores revolucionarios de Colombia, el Continente y el Mundo‎

"Los guerreros de la antigüedad luchaban para conquistar y defender tierras.
Los guerreros de la actualidad son los que luchan para cambiar sus circunstancias".

La solidaridad, la fraternidad, la camaradería entre otros valores son la esencia de nuestros principios revolucionarios y como prisioneras y presos políticos, como luchadores, unas y otros, que hemos sufrido en cuerpo y alma la represión brutal del sistema asesino tenemos el deber moral y ético de luchar contra toda forma de represión e injusticia.
Por eso desde las entrañas de este monstruo llamado Prisión, hemos venido trabajando en la creación de un Comité Permanente de Solidaridad por la Liberación de Simón Trinidad y demás prisioneros en cárceles del mundo. Como método de visibilizacion y sensibilización de esta problemática se está constituyendo un Tribunal Internacional de Opinión, TIO; para el cual se tiene como fecha tentativa de instalación el 18 de mayo del corriente en alguno de los auditorios de la Universidad Nacional de Colombia.‎
Entre las diferentes tareas que giran en torno al TIO, una de ellas es "Cartas desde la Celda y el Cambuche" consistente en que todas y todos los prisioneros, las y los luchadores revolucionarios del mundo saquemos el tiempo para que cada cual elabore cartas dirigidas a Simón Trinidad, denunciando su arbitraria extradición, el amañado e injusto juicio que se le práctico; para que el mundo exija al gobierno de Colombia que haga la petición formal de repatriación de nuestro Camarada. Estas cartas se expondrán en una galería el día de instalación del evento.
Las cartas no tienen limite, solo la expresión del amor revolucionario que nos caracteriza; igual para el día de la instalación del TÍO, es importante que cada cárcel, cada zona veredal, cada célula, etc., haga una réplica dramatizada del Tribunal Internacional de Opinión por la Libertad de Simón Trinidad, con su fiscal, el pliego de cargos, el defensor etc.‎ Donde la militancia exprese todas las razones por las que jamás debieron ser extraditados los camaradas, y la razón por la cual los repatriaríamos.
Informamos que para la instalación de este evento esperamos contar con la participación de algunos miembros del Secretariado de las FARC-EP, múltiples ONGs, premios nobel de paz tales como Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, el abogado de "Simón", Mark Burtong", más diferentes personalidades nacionales e internacionales y por supuesto, por lo menos 2 prisioneros políticos que adelantan esta labor.
De antemano ponemos en conocimiento que la creación de este Comité Permanente de Solidaridad por la Libertad de Simón Trinidad y el TÍO, no cuenta en sus convocatorias ni publicidad con el nombre de una u otra organización, para evitar "apropiaciones" indebidas, "privatizaciones" de la solidaridad o exclusiones sectarias. Aquí convergen todas y todos los que se sientan comprometidos con la causa de la libertad de los camaradas extraditados, con propuestas y activa participación con el único objetivo de lograr salida de Simón, Iván y Sonia de las gélidas celdas de la prisión gringa.‎ Para lo cual podemos ponernos en contacto a través de las direcciones que aparecen al final del afiche de convocatoria.

Camaradas y compañeros nunca demos nuestro brazo a torcer hasta no ver a nuestros camaradas libres y trabajando por la construcción de la Nueva Colombia.
A todos y todas fraternal abrazo revolucionario.
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Prisioneros políticos de las FARC-EP.‎

20 de Abril de 2017‎

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REFLEXIONES PARA CONVOCAR LA MARCHA POR EL DERECHO A LA IGUALDAD ¡El 29 de abril a las 7:00 desde los Juzgados de Paloquemao!

Las y los presos del país, sus familiares, amigos y organizaciones populares, se han dado cita el 29 de abril, a las 7:00 am, en las instalaciones de Paloquemao (Bogotá), para marchar por el derecho a la igualdad. El Equipo Jurídico Pueblos se une a la iniciativa y hace un llamado extenso a respaldar esta y toda acción de movilización y reflexión sobre la política criminal en Colombia y sus implicaciones.

La realidad de las cárceles colombianas es más que dramática y es el producto de políticas estatales deshumanizantes, que se perpetúan con el silencio y la indolencia, que ha sabido permear distintos sectores de la sociedad.

Mientras cientos de miles de seres humanos son humillados y sometidos a la pena de muerte de facto en las prisiones; ante la opinión pública se infunden temores que legitiman el hiper-encarcelamiento de la población, condensados en lo que denominan “seguridad ciudadana”. Muy poco se habla de los estudios que reflejan no sólo las nefastas consecuencias sociales de la degradación que a diario se vive tras las rejas, y menos aún de la real eficacia del derecho penal para dar respuesta a verdaderas problemáticas sociales que sólo se profundizan con la cárcel. Los esfuerzos estatales para prevenir las causas del delito –buena parte de ellas producto de la inequidad, exclusión y el descontento social– son, por decir lo menos, exiguos.

¡¡Es sin duda criminal, la política criminal en Colombia!!. Pues no de otra forma puede calificarse la penalización de la pobreza; la persecución al movimiento social; la falta de garantías judiciales que llevan a inocentes a purgar altas dosis de cárcel; el desconocimiento de la persona que se ve avocada a delinquir, así como de sus motivos; el sometimiento a la tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes que a diario se vive tras los muros, bajo la excusa de garantizar la seguridad y el orden interno; el extrañamiento; la desintegración de núcleos familiares y sociales; la sistemática negación de derechos humanos básicos como la salud, la educación, el trabajo y la vida de las y los presos. Es sin duda criminal, toda política que se funda en el peligrosismo y la estigmatización y a la vez omite garantizar las condiciones de vida digna de la población colombiana, con lo cual seguramente se prevendrían los delitos de hambre.  Es criminal la política que omite perseguir la delincuencia de “cuello blanco”, que encubre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos gestadas desde el propio Estado y blinda legalmente a sus más altos responsables y beneficiarios. 

Es hora de reflexionar no sólo sobre la cárcel, sino sobre el delito mismo. De decantar, con todos los sectores de la sociedad, qué se penaliza, a quiénes, por qué, para qué y cómo se “castiga” . Estas y otras reflexiones, aunque parezcan agotadas son más vigentes que nunca, cuando se habla de transitar hacia la “paz”.

Equipo Jurídico Pueblos

Bogotá, 19 de abril de 2017

https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/04/reflexiones-para-convocar-la-marcha-por.html

SALUDO DE LILIANY OBANDO A LAS PRISIONERAS POLÍTICAS COLOMBIANAS. #AmnistíaYa

Asesinado Primer Guerrillero Indultado

Asesinado Primer Guerrillero Indultado dentro del Nuevo Genocidio en Marcha que ya suma cientos de líderes y liderezas del movimiento social acribillados.
Comenzó el conteo de la muerte: fue asesinado el primer guerrillero indultado ante la indiferencia cómplice del Premio Nobel de Paz, de las Ramas del Estado y de los Grandes Medios que sistemáticamente invisibilizan la expansión paramilitar y sus crímenes en Colombia, mientras hacen escándalo tergiversando la realidad venezolana. 

El día 16 de abril de 2017 a las 08:00 de la noche fue asesinado en su casa con tres impactos de bala el camarada Luis Alberto Ortiz Cabezas, Pepe, prisionero político de las FARC-EP en la cárcel de Vista Hermosa, Cali; quien había recibido el beneficio del Indulto y recobró su libertad quince días atrás; los hechos ocurrieron en la vereda La Guayacana, corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco, Nariño.

La violencia política e institucional, la guerra sucia y el terrorismo de Estado han sido instaurados como instrumentos para el ejercicio, sostenimiento y defensa del Poder Político y del Status Quo por la clase gobernante colombiana, desde los primeros tiempos de la República. Y ha sido en respuesta a los crímenes del Establecimiento que cíclicamente los humildes han respondido desde la Rebelión como legitimo derecho a la defensa de los pueblos. Nunca el alzamiento armado fue algo distinto al ejercicio del derecho a la defensa propia colectiva.

El vil asesinato del Mariscal Sucre en Berruecos y el atentado contra el Libertador Bolívar en la noche septembrina, son apenas dos momentos iconográficos en la sórdida historia de crímenes de la oligarquía santanderista, que en el día luce toga y birrete para enarbolar el imperio de la Ley y del Derecho en el que dice depositar su fe, mientras en la noche -cubierta con brazalete y capuchas-, comete sus crímenes contra el pueblo y sus contradictores, demostrando que sólo se fía real y únicamente del terror que le permite violar sus propiar normas.

Nunca la paz, la justicia social, la democracia profunda, ni los valores humanistas, ilustrados y liberales han estado en la estructura ética y moral de la clase gobernante, que privilegió las armas e hizo de la guerra su principal instrumento de dominación y explotación de las mayorías patrias. Así lo demuestra la recurrencia del uso de la guerra para dirimir los conflictos que debieran ser resueltos desde el ejercicio de la razón. Guerras civiles, guerras contrainsurgentes, ejércitos de pájaros, chulavitas, masetos y paramilitares son para la clase gobernante el verdadero soporte de su hipócrita y faláz culto a las leyes.

Esto lo ratifica su recurrente uso del asesinato de los insurgentes y la traición a la palabra empeñada, tras los diferentes acuerdos de paz firmados a los largo de la triste historia colombiana, que siempre han dejado a la sombra del remedo de democracia de las instituciones públicas, un relato de victimizaciones y aberrantes crímenes contra aquellos que cesando el alzamiento, creyeron que era posible el imperio de la palabra y de la ley, tan manoseadas por sus verdugos.
Baste recordar a Rafael Uribe Uribe, a Guadalupe Salcedo, a Jacobo Prías Alape o más recientemente a Carlos Pizarro. Esto sin mencionar la lista casi interminable de dirigentes de izquierda, de oposición, sindicales, agrarios, estudiantiles, de los movimientos sociales, intelectuales, defensores de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes y de mujeres, entre muchas y muchos otros que como Jaime Pardo Leal, Jaramillo o Antequera cayeron bajo el fuego aleve de las "fuerzas oscuras" que ocultan sus sombrías conciencias tras las luces del Jet Set, tras los flash's de su farándula y sus cócteles, tras los laureles de su "prosperidad" económica y de su "ascenso" político.
No es nuestro camarada "Pepe" el primero en morir dentro de este nuevo genocidio en progreso que ya cuenta en sus haberes con varios cientos de liderezas y líderes populares asesinados, desaparecidos, desplazados, exiliados, objeto de atentados, amenazados; tampoco es el primero en morir perteneciendo a las filas de un ejército insurgente que se alzó durante 52 años contra la violencia oficial y contra la intervención militar imperialista de EE.UU. Ni siquiera es el primer guerrillero en morir durante el cese al fuego, pues aun esta viva en nuestra memoria la risa fraternal del camarada Joaco, quien salió libre de la cárcel La Tramacua y cayó asesinado por el Ejército en una franca violación del cese al fuego bilateral, cuando se desplazaba hacia la zona veredal de concentración en cumplimiento de los compromisos asumidos y respetados por las FARC-EP en el marco de los Acuerdos de Paz.

Pero definitivamente, el camarada Luis Alberto si es el primero de los presos políticos que, habiendo recuperado la libertad gracias a la figura del indulto, cae asesinado sin que exista hasta el momento ningún pronunciamiento público del gobierno Santos, sin que se escuche el repudio de los sectores políticos que viven defenestrando contra los Acuerdos, ni de la opinión pública, sin cubrimiento de los grandes medios que con demagogias doblemoralistas atacan la paz e insitan a la guerra.
Quisiéramos pensar que "Pepe" no será recordado, como aún recordamos con dolor al gran dirigente Leonardo Posada, primera víctima del genocidio de la Unión Patriótica. Es decir, como la primera persona martirizada dentro de un posible inicio de asesinatos sistemáticos contra los presos políticos que vayamos recobrando la libertad, y contra los guerrilleros y guerrilleras en proceso de reincorporación a la vida civil y a la acción político legal y democrática.

Pero las evidencias históricas y la contundente verdad de a puño del presente, no dan espacio para credulidades, para la confianza y el optimismo. Seguimos firmes en la decisión de construir la paz con justicia social y la democracia popular por nuestra firmeza política e ideológica, nuestra lealtad con el pueblo y la clase trabajadora, por nuestro indoblegable respeto a la palabra empeñada. Pero sabemos y advertimos a la comunidad nacional e internacional que si no cerramos filas en defensa de los Acuerdos de La Habana y exigimos con contundencia el respeto y el cumplimiento de lo firmado por parte de esta clase gobernante, se ahogara dentro del corto y mediano plazo la posibilidad más tangible de construir una paz espable y duradera.

Colectivo de Presos Políticos de las FARC-EP
Columna Domingo Biohó
Patio 4 La Picota.
19 de abril de 2017