viernes, 18 de diciembre de 2015

ENTREVISTA A DIEGO MARTINEZ

Entrevista
Tomado de Semanario Voz 
Hernán Camacho

Diego Martínez.



Un sistema de justicia único en el mundo es el que se aplicará para el fin del conflicto en Colombia
El apretón de manos entre Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor de las FARC-EP y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, el pasado 23 de septiembre fue un hecho histórico y trascendental para la paz del país. Sin embargo, las voces disonantes del gobierno y enemigos de la paz presionaron hasta obligar al gobierno a dar un paso atrás en lo acordado y a reabrir las discusiones. Ahora se vislumbra un nuevo acuerdo que incluye aquellos temas neurálgicos para el establecimiento colombiano. VOZ habló con el jurista y uno de los arquitectos del Sistema Integral para la Verdad Justicia y Garantías de No Repetición, Diego Martínez, quien señala que aunque retrasó otros puntos de la agenda para la terminación del conflicto, reabrir las discusiones le permitió a las partes afianzar algunos conceptos en beneficio de un acuerdo concreto en materia de justicia.

–El 23 de septiembre pasado el país conocía una noticia histórica que ponía al proceso de paz en una especie de recta final. Pero solo pasaron dos días después para que se conocieran los reveses y las declaraciones altisonantes que llamaban a aclarar el asunto de la Jurisdicción para la Paz. Luego se pidió revaluar los 75 puntos del acuerdo. Pasaron casi tres meses en que se reabrieron los debates y los acuerdos ¿El gobierno se equivocó en ese retroceso?

–Yo estimo que el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz hace referencia a temas medulares y sistemáticos de la impunidad, y el gobierno me parece que no analizó de fondo el acuerdo de justicia que se alcanzó el pasado mes de septiembre y esa es la razón por la cual se decidió reabrir puntos ya pactados. En efecto es una equivocación reabrir la discusión sobre lo ya acordado pero si abrirla sirve para que finalmente se llegue a un acuerdo mucho más sólido pues está bien que se haya hecho así. Pero sin duda fue un error y un mal mensaje para la sociedad colombiana que estaba esperando, después del acuerdo, otras medidas como por ejemplo acuerdos en el punto de víctimas o avances en implementación y lo que sucedió fue un retraso de esos temas esenciales para la agenda de terminación del conflicto.

Ejes temáticos
–¿Fueron puntos sensibles los que se reabrieron?

–Todos los puntos discutidos son difíciles y fundamentales porque su origen están en la impunidad sistemática. Son puntos que tocan ejes temáticos de la agenda como la implementación de los acuerdos o el asunto de las víctimas. Para dar un ejemplo: se reabrió el tema de los aforados que hoy están más claros incluso que la primera vez. Es decir en temas sensibles hoy se tiene mayor claridad.

–Justamente el tema de los aforados causa revuelo. ¿Qué va pasar con expresidentes acusados de delitos de lesa humanidad?

–Yo prefiero que eso lo publiquen las partes dado mi deber de confidencialidad. Vendrá un proceso en donde las delegaciones de paz que están en La Habana hagan un pronunciamiento conjunto y publiquen los acuerdos a los que se llega. Lo que si puedo decir es que temas como el de los aforados han sido muy bien construidos; sin embargo no dejan de ser complejos y difíciles para sectores sociales o de víctimas en el país.

Sectores opinan
–¿Las delegaciones y la comisión de juristas escucharon a sectores sociales para acordar por segunda vez el tema de justicia?

–Este ha sido un proceso muy consultado. A La Habana fueron víctimas a ser escuchadas por las partes, pero también se han realizado una serie de iniciativas de orden académico o foros con temas de especialidad desde el seno de la sociedad civil para recoger insumos que han ayudado en el acuerdo, foros solicitados por la propia mesa de diálogo y auspiciados por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas; entonces lo que tenemos es una síntesis de muchas posiciones, un acuerdo para poner fin a la impunidad, pero un acuerdo que recoge también ideas como justicia restaurativa, justicia para la paz que en perspectiva debe obedecer al clamor de las víctimas, pero también al clamor de sectores que hoy están de acuerdo con poner fin a la guerra.

–Se habla de un sistema retributivo ¿qué significa?

–El acuerdo que se va perfilando es también una síntesis muy importante de lucha contra la impunidad. Un sistema que esclarezca lo que sucedió en Colombia. Es un modelo paradigmático en el mundo y se funda sobre la base de la verdad, pero va más allá púes intenta poner fin a los factores que originaron la violencia social, los factores económicos que generaron la guerra, los factores políticos que motivaron el conflicto. Ese sistema restaurativo en primer sentido podrá esclarecer los factores multidimensionales para la no repetición. Gran parte de los modelos de justicia que surgen de procesos de paz en el mundo no satisfacen plenamente el concepto de justicia y verdad por eso la importancia del diseño de este sistema que se basa justamente en eso: la verdad. Es un paso importante camino a la terminación del conflicto.

Indulto
–Hablemos de temas que de alguna manera tocan la Jurisdicción para la Paz, el indulto. ¿Qué opinión le merece el indulto a 30 guerrilleros de las FARC-EP?

–Es un gesto positivo. Nos permite una reapertura del debate sobre el delito político. El indulto y la amnistía se aplican a delitos políticos porque en Colombia no se puede echar al olvido ese concepto, pues en el país existen rebeldes que tomaron las armas y luchan por una causa política. Es un importante gesto de confianza pero a mi juicio se necesitan otros más que pueden ir en ese mismo sentido. Recordemos que hay una crisis carcelaria muy compleja y dramática que debe ser atendida y que un gesto de confianza por parte del gobierno es liberar a los combatientes presos que atraviesan por dificultades de salud. Un grupo de por lo menos 90 prisioneros y presos políticos gravemente enfermos en las cárceles que no tiene atención médica dado que el sistema de salud en las cárceles es inoperante, ineficiente y en ese sentido se va a requerir una nueva medida de confianza que sería la liberación inmediata de estas personas.

–Nada está acordado hasta que todo este acordado. Pero ¿se podrán conocer elementos del acuerdo de justicia antes de la firma final?

–Es parte del punto del fin del conflicto y es en ese escenario que se le dará una mirada a los cronogramas y en el caso de justicia, pues tiene temas significativos como la escogencia del comité de justicia que a su vez escogerá a los miembros de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Pero al menos este comité deberá entrar a ser elegido antes de la firma del acuerdo. Es decir, habrá puntos en el acuerdo de inicio para echar a andar todo lo que significa la Jurisdicción para la Paz.

–En la operación del desminado humanitario se habla de dos o tres décadas para dejar limpio el país de minas. En el caso de justicia de cuánto tiempo se habla para que el sistema restaurativo cumpla su objetivo.

–Uno de los grandes hechos del acuerdo es justamente el Sistema Integral para la Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición y en efecto la aplicación del sistema tendrá que darse gradualmente. Etapas como preparación, etapa de puesta en funcionamiento, etapa de desarrollo del sistema, etapa de recomendaciones para el caso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y una etapa de judicialización, es decir un proceso de largo plazo. Por el propio diseño de la jurisdicción el país debe entender que se va a adelantar por tiempos extendidos ya que el esclarecimiento de la verdad, la restauración y la reconciliación son finalidades de la jurisdicción que no se pueden realizar a las carreras. Pero no me atrevo a dar fechas, lo importante es que se cumplan los fines y los propósitos del diseño: la paz.

"La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia"

Mensaje al pueblo Colombiano sobre el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo Parcial sobre Víctimas

La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, diciembre 15 de 2015

Permítannos iniciar estas palabras recordando las siguientes reflexiones de Gabo en la aceptación del premio Nobel en 1982: “La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia, son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento…Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte…”
Hemos venido pletóricos de satisfacción a comunicar a Colombia y al mundo la buena nueva del cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Acuerdo Parcial sobre VÍCTIMAS, cuyas potencias dinamizadoras -si no se atraviesan en el camino obstrucciones adversas al sentido común-, podrán acercarnos al propósito superior de nuestra reconciliación.

Pero no podemos olvidar que el origen del conflicto es anterior a la fecha de creación de las FARC. Nuestra fundación es una consecuencia de la violencia del bloque de poder dominante y de fenómenos de desigualdad social que terminaron engendrando y haciendo evidente la necesidad de acudir al Derecho de rebelión.
El trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas puso en evidencia la inobjetable responsabilidad del Estado por los más de setenta años de conflicto interno. Sus conclusiones han ido preparando el entendimiento de que la responsabilidad de lo acontecido desde el punto de vista de las conductas antijurídicas individuales o colectivas de los diversos actores, podían y debían evidenciarse más allá del señalamiento de una sola de las partes del conflicto como exclusivo victimario.

No de otra manera podíamos hablar de la responsabilidad colectiva que a todas las partes vinculadas al conflicto concierne, ni podría entender la sociedad nacional y mundial que la primera obligación de todos es la recuperación y, en ocasiones, la fabricación misma de un tejido social fuerte y duradero, sobre el cual se formule el compromiso, también colectivo del “nunca más”.

Todo lo anterior fue indicando que la justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general. No nos interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras la rejas de un oficial del ejército o de la policía, o de un alto funcionario del Estado, o de un de un financiador de la violencia surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo sociedad y patria en Territorios Especiales de Paz en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado para no regresar a él jamás, con la intención de satisfacer los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas en general.

Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No repetición.

La finalidad del mencionado sistema es hacer efectivos los derechos de las víctimas del conflicto político, social y armado que hemos vivido, porque, además de combatir la impunidad, ofrece la máxima Justicia que sea posible para concluir definitivamente una larga confrontación armada.

Frente a la evidencia de la crisis del monopolio innato del Estado colombiano, en tanto sujeto del ius puniendi o facultad sancionadora, fue necesario entonces impulsar un mecanismo jurisdiccional autónomo que pudiera satisfacer los compromisos adquiridos por Colombia en materia de derecho penal internacional para establecer responsabilidades de combatientes y no combatientes y de los múltiples agentes del Estado, vinculados directa o indirectamente al conflicto interno.

El acuerdo alcanzado sitúa el Derecho a la verdad en el vértice superior del Sistema diseñado, y establece herramientas eficaces para establecer la Verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto. Sin Verdad no hay reconciliación posible. La Verdad debe marcar el único camino para reconstruir la sociedad colombiana tras años de enfrentamiento fratricida, un camino trazado sobre un modelo de justicia restaurativa y con la plena garantía de todos los derechos humanos a través de la consecución y consolidación de la Paz. La Paz es el Derecho Síntesis de todos los derechos humanos y sin Paz esos derechos no pueden ser disfrutados más que por las minorías privilegiadas.

Durante las discusiones del punto 5º de la agenda, las FARC-EP hicieron suyas y pusieron sobre la mesa de conversaciones las reivindicaciones de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, intentando así corregir las deficiencias habidas en una discusión que no ha sabido dar un papel activo y protagónico a las víctimas del conflicto y a los defensores de los DDHH, limitando su participación a la organización de unos encuentros en Colombia en los que no existía posibilidad de interlocutar con las partes en la Mesa de Conversaciones.

Respecto al acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, durante los meses en que este se construyó en la Comisión Jurídica, expusimos a las organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, de víctimas, de campesinos, a organizaciones políticas y a líderes de opinión y sociales de nuestra patria, los principios y propuestas que creíamos, debían ser incluidos en el texto del acuerdo. Esperamos haber podido explicar correctamente nuestras visiones y criterios para la construcción del modelo de justicia para la paz que requiere Colombia para dejar atrás definitivamente esta larga guerra y sobre todo esperamos haber sabido recoger fielmente los criterios y aportaciones de todos aquellos con quienes hemos consultado incesantemente. Nuestro mayor anhelo es que todos los colectivos que han sufrido el largo conflicto armado, se identifiquen con un acuerdo único en la historia de los procesos de paz y lo consideren también como suyo, puesto que ha sido fruto de sus esfuerzos.
Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas.

Las víctimas y sus organizaciones desempeñaran un papel crucial en la buena marcha del Sistema creado, y podrán así corregir la asimetría que los órganos del Estado han mostrado a la hora de perseguir los delitos cometidos a lo largo del conflicto, favoreciendo la impunidad de agentes del Estado y de sus aliados paramilitares, tal y como ha afirmado hasta la saciedad la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en sus informes sobre Colombia. Por primera vez en un Acuerdo de Paz, las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la Jurisdicción creada, los cuales deberán ser atendidos por la misma, y las víctimas deberán ser oídas antes de imponer sanciones a quienes reconozcan sus responsabilidades.

Debe quedar bien claro que la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea tiene competencia para conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron, directa o indirectamente en el conflicto: combatientes y no combatientes, Agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad. Quienes hasta ahora, históricamente, se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes contra las colombianas y los colombianos, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades.
La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia. Aquellos que han ejercido el supremo derecho a la rebelión contra las injusticias verán amnistiados los delitos políticos que hayan cometido y los conexos a estos. Pero también quienes han sido condenados injustamente como rebeldes sin serlo, o simplemente por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, o incluso hayan incurrido en delitos de pobreza, deberán ser amnistiados o deberán cesar los procedimientos en los que estén siendo acusados por el Estado. Y ello, porque no ha sido otro fin que la búsqueda de la justicia y el bien de la sociedad lo que les ha compelido a rebelarse, a disentir o a protestar exigiendo el respeto a los legítimos derechos del pueblo colombiano. Es justo que así se reconozca.

No existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales u altos dignatarios del Gobierno o del Estado, porque ello no es posible conforme a la ley internacional, y porque ello sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano. En un país donde la vida republicana ha sido gobernada por fuerzas políticas y no por juntas militares, la cadena de mando del Estado concluye en las más altas instituciones de Gobierno y es de justicia que así se establezca y se reconozca, para que nunca más el poder civil se escude en las fuerzas militares para no asumir sus responsabilidades en la victimización
Las medidas y programas sobre reparación a las víctimas y restitución del daño causado, han sido expresamente acordadas por las partes para su introducción en el Sistema Integral y consideradas como un esencial componente de este. Tales medidas deben superar las deficiencias del actual marco legal sobre reparaciones, deben garantizar que quienes a consecuencia del conflicto han padecido situaciones de exclusión social salgan de la marginación económica y vean garantizado un futuro sin discriminaciones. Especialmente importante es garantizar la recuperación de sus tierras a todos los campesinos que sufrieron la usurpación de ellas, así como una violencia inhumana por parte de quienes se enriquecieron con el conflicto empobreciendo simultáneamente a la mayoría del pueblo colombiano. Todas las partes implicadas en el conflicto asumen la obligación de reparar el daño ocasionado atendiendo a la realidad de la victimización causada, reparación que se hará con trabajo personal y colectivo, con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales. Y es el Estado, el nuevo Estado incluyente que se supone surgirá del Acuerdo de Paz, el que asume la obligación específica de garantizar que todos quienes fueron victimizados sean reparados.

Las FARC-EP han observado con preocupación que prácticamente en la totalidad de acuerdos de paz alcanzados en Colombia y en otros lugares del mundo, más allá del cumplimiento de las medidas acordadas para la normalización de la situación política y la re incorporación a la vida civil de los antes alzados en armas, los pactos dónde se contemplan medidas económicas y sociales de desarrollo del nuevo país que surge de la finalización del conflicto armado, han sido sistemáticamente orillados y nunca cumplidos. Por ello trabajamos incansablemente y lo seguiremos haciendo, para que el resultado de este proceso se cumpla cabalmente. De ahí, que por primera vez en una acuerdo de paz, las partes hayamos incorporado sanciones y medidas de justicia restaurativa –realizables por quienes reconozcan verdad y responsabilidades por crímenes no amnistiables-ejecutando los acuerdos alcanzados en los distintos puntos de la Agenda de Conversaciones en la medida en que estos implican beneficio para las comunidades y desarrollo económico y social del país.

Hasta ahora Colombia ha padecido durante su historia republicana miseria, desigualdad, carencia de democracia y luto, pero no ha muerto la esperanza; por ello con el inolvidable Gabriel García Márquez cerramos esta intervención diciendo, que, Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

SE CAYO EL MONTAJE JUDICIAL CONTRA SU DIRECTOR Y LA AGENCIA DE NOTICIAS NUEVA COLOMBIA - ANNCOL.

La Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia dejo en firme la sentencia absolutoria a favor de JOAQUIN PEREZ BECERRA, director de ANNCOL. La Delegada de la Fiscalía, interpuso recurso de insistencia ante la Procuraduría General de la Nación, el Procurador Delegado para la Casación Penal, decidió abstenerse acceder a la petición de insistir ante la Sala de Casación Penal para la admisión de la demanda presentada por la Fiscalía.
De esta forma queda libre de cualquier responsabilidad penal el Director de ANNCOL y queda por el piso el montaje judicial orquestado por el gobierno colombiano, como también los mezquinos señalamientos en contra de la Agencia de Noticias Nueva Colombia – ANNCOL, como “El órgano de información del Terrorismo”. 


En el Proceso penal, la Defensa, explicó y probó que la Agencia de Noticias Nueva Colombia - ANNCOL es una agencia de noticias no comercial situada en ESTOCOLMO, SUECIA, fundada en 1995, por los ciudadanos suecos señor JENS HOLM, ex-parlamentario Europeo y Parlamentario de Suecia, señor DICK EMANUELSSON Escritor y Periodista y JOAQUÍN PEREZ BECERRA, ingeniero y periodista exiliado político de Colombia, víctima del genocidio de la UNION PATRIOTICA, ahora nacionalizado en Suecia, que este medio de comunicación mantiene un portal de noticias en Internet donde informa temas políticos y en relación con el cruel conflicto armado Colombiano, que es un medio de denuncia pública de violación de los derechos humanos contra los partidos de izquierda, destacando la guerra sucia contra el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el Polo Democrático y movimientos populares, sindicatos y comunidades campesinas e indígenas y que también tiene cubrimiento noticioso sobre hechos de violación de derechos humanos en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, Australia y África.


Razones de la existencia de ANNCOL que reitero, fueron probadas por la defensa en el juicio público en contra de su director y que no fueron desvirtuadas por la Fiscalía General de la Nación y hoy la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, le han dado todo el crédito a la Defensa y el reconocimiento a ANNCOL, como una Agencia de Noticias legalmente constituida. 


La Defensa técnica, nos sentimos orgullosos con nuestro trabajo profesional y complacidos con el deber cumplido, pues en este voluminoso y complejo proceso penal, apostamos todo nuestros conocimientos jurídicos, demostramos con experiencia y calidad profesional en el campo del Derecho que los Falsos Positivos judiciales se pueden enfrentar, combatir y ganar. 


El gobierno de Colombia, debe reconocer públicamente al daño que le causó a JOAQUIN PEREZ BECERRA y a ANNCOL y el gobierno de Venezuela, igualmente debe reconocer que cuando deportó al director de ANNCOL, actuó con ligereza sin miramiento alguno y por tal razón, merecen excusas públicas.


RODOLFO RIOS LOZANO
Abogado Defensor de Derechos Humanos y Presos Políticos

viernes, 4 de diciembre de 2015

DEBATE DE CONTROL POLITICO SALUD Y CARCELES

Comisión VII del Senado

Senador citante: Alberto Castilla - POLO DEMOCRÁTICO

Diciembre 3 de 2015
 
El día de ayer 3 de diciembre tuvo lugar este importante debate sobre salud y cárceles. Dada la importancia del tema éste continuará en una próxima fecha.
Además de la participación de varios congresistas asistieron el Ministro de Justicia Yesid Reyes, la viceministra de salud Cármen Dávila y el Director General del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón.
Fue importante la denuncia que desde las cárceles hicieron varios presos y presas políticos y sociales y entre la audiencia hicieron presencia varias organizaciones defensoras de derechos humanos y presos políticos como la Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH, la Red INSPP, familiares de presas y presos políticos y ex prisioneras y ex prisioneros políticos.

Encuentro de la delegación Británica del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público - UNISON y la ONG Justice for Colombia

Encuentro de la delegación Británica del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público - UNISON y la ONG Justice for Colombia con representantes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, la Federación de Estudiantes Universitarios FEU y los estudiantes universitarios ex prisioneros políticos Jorge Eliécer Gaitán y Liliany Obando.
En la Universidad Nacional de Colombia, diciembre 3 de 2015


martes, 24 de noviembre de 2015

PRISIONEROS DE PALO GORDO EN HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA


Uldarico Florez

Noviembre 16 de 2015,prisioneros de Palogordo en girón Santander.

PRISIONEROS DE PALO GORDO EN HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA
Comunicado:

Informamos a la opinión pública que hoy lunes 16 de noviembre desde las 00:00 horas se han vinculado 23 internos más a la huelga de hambre indefinida, en total 44 internos están en huelga de hambre con los compañeros que iniciaron el 9 de noviembres, estos son:

1. Frank Rueda
2. Jeison Quirama
3. Sergio Alexander silva
4. Freddy Caliche
5. WillianQuintero
6. Arnulfo CifuentesMarín
7. Abel NúñezCarrillo
8. ÁlvaroMancilla
9. Néstor Gonzales
10. FaridDíaz
11. Jairo MacualoFernández
12. Juan CarlósAriza
13. Alfonso Moreno Veira
14. Oscar Muñoz Navarrez
15. Juan carlósPérez
16. OrderLeisaChaparro
17. Elkin Pérez
18. George Barbosa Angarita
19. Carlos Estiven Orozco
20. Arnulfo Campos Sanabria
21. Pedro Rolon
22. JoséEstremor
23. Rogelio Vargas
24. Edwin Dávila
25. Iván Jacob Idrob
26. Pablo Antonio Díaz
27. Fabio Serrano pavón
28. Cesar Palacios Gonzales
29. Carlos Iván peña
30. FreedyTobías Polanco
31. Marco tulio Pérez moreno
32. Orlando PérezLinares
33. YormanGélvez castillo
34. Fernando Camacho Riaño
35. Diomarrincón Rangel
36. Luis Guillermo Giraldo
37. Alfredo Danubio Camacho
38. Sergio AndrésMartínez
39. Luis Eduardo RamírezLenis
40. Jesús Antonio Mesa Gélvez
41. OlopreRojas
42. José Gabriel Gómez
43. George augusto Bernal romero
44. Orlando Noguera Mantilla

La huelga es en solidaridad y apoyo a los 81 prisioneros gravemente enfermos,lisiados de guerra e igualmente por la excarcelación de 11 prisioneros de la FARC-EP,que se encuentran en estado terminal y que se están muriendo en las cárceles del país.
Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional y al estado colombiano para que en un gesto humanitario y de paz le dé la oportunidad a estos 11 prisioneros de morir dignamente en compañía de sus seres queridos y el alivio a los 70 restantes de ser atendidos por una entidad u organismo serio que les garanticen los procedimientos y tratamientos que su salud exige.
Resaltamos que los camaradas GeorgeAugusto Venal Romero y Orlando Noguera Mantilla, Quienes hoy completaron 8 días de huelga de hambre únicamente les han suministrado dos bolsas de suero, en razón de que no hay en la farmacia de sanidad del penal.
Ni un prisionero más muerto tras las rejas por falta de atención médica.
LOS PRISIONEROS DE LAS FARC-EP SOMOS PUEBLO TRAS LAS REJAS.
La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA, informa a la opinión publica, que los presos políticos y Prisioneros de Guerra de las FARC- EP, continúan firmes y resistiendo, en la Jornada Nacional de Desobediencia Civil y Huelga de Hambre por la libertad de los enfermos, heridos, madres lactantes y lisiados de Guerra.
"Todos los heridos,enfermos y náufragos,hayan o no participado en el conflicto armado, serán respetados y protegidos"
Articulo 7 Titulo II Numeral 1 PROTOCOLO II ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

ES LA HORA DE LA LIBERTAD !


Uldarico Florez

·
INFORME CÁRCEL DE GIRON SANTANDER
ULTIMA HORA BRIGADA JURÍDICA
EDUARDO UMAÑA MENDOZA

El prisionero de Guerra mas antiguo de Colombia JORGE AUGUSTO BERNAL ROMERO "ROBINSON", quien lleva 22 años de prisión nos informa que aun continua junto con otro prisionero en Huelga de Hambre, en la Jornada Nacional de desobediencia Civil por la libertad de los prisioneros de las FARC-EP, heridos, enfermos, mujeres lactantes cabezas de familia y lisiados de guerra.
El dia lunes todo el personal de ese establecimiento se unirá a la Jornada, esperando que el Gobierno de la Paz de Juan Manuel Santos, haga un gesto de humanitario y libere a los prisioneros.

Exigen la presencia del CICR, Naciones Unidas, Defensoria del Pueblo, Comisiones de paz y DDHH del Congreso dela República.
Han dado sendas declaraciones a los medios masivos de comunicación RCN y CARACOl, pero estos no publican dichas denuncias, por eso se requiere que los medios alternativos lancen una gran operación de visibilizaciòn y denuncia.


Uldarico Florez
·
INFORME CÁRCEL DE GIRON SANTANDER
ULTIMA HORA BRIGADA JURÍDICA
EDUARDO UMAÑA MENDOZA

El prisionero de Guerra mas antiguo de Colombia JORGE AUGUSTO BERNAL ROMERO "ROBINSON", quien lleva 22 años de prisión nos informa que aun continua junto con otro prisionero en Huelga de Hambre, en la Jornada Nacional de desobediencia Civil por la libertad de los prisioneros de las FARC-EP, heridos, enfermos, mujeres lactantes cabezas de familia y lisiados de guerra.

El dia lunes todo el personal de ese establecimiento se unirá a la Jornada, esperando que el Gobierno de la Paz de Juan Manuel Santos, haga un gesto de humanitario y libere a los prisioneros.

Exigen la presencia del CICR, Naciones Unidas, Defensoria del Pueblo, Comisiones de paz y DDHH del Congreso dela República.

Han dado sendas declaraciones a los medios masivos de comunicación RCN y CARACOl, pero estos no publican dichas denuncias, por eso se requiere que los medios alternativos lancen una gran operación de visibilizaciòn y denuncia.

ES LA HORA DE LA LIBERTAD !

En los comienzos de la era fascista, Walter Benjamin escribió:
"SOLÓ GRACIAS A AQUELLOS SIN ESPERANZA NOS DA LA ESPERANZA"

En los comienzos de la era fascista, Walter Benjamin escribió:
"SOLÓ GRACIAS A AQUELLOS SIN ESPERANZA NOS DA LA ESPERANZA"

Caso: JAIRO ALFONSO LESMES BULLA

Bogotá, D.C. Noviembre 9 de 2015.
Señores
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Dr. SERGIO JARAMILLO CARO.
E.S.D
REF: Liberación de prisioneros de guerra
Caso: JAIRO ALFONSO LESMES BULLA y otros.
ULDARICO FLOREZ PEÑA, colombiano mayor de edad, vecino y residente de esta ciudad e identificado tal y como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, muy respetuosamente me dirijo a su despacho a través del presente escrito para el asunto de la referencia por lo siguiente:
HECHOS
1.El pasado miércoles 4 de noviembre de 2015, estuve en su Despacho reunido con la Doctora ELSA GALERA, atendiendo una cita que previamente ustedes me habían fijado para analizar el caso del prisionero JAIRO ALFONSO LESMES BULLA, quien se encuentra privado de la libertad en la Cárcel de Girón Santander por el punible de Rebelión.
2. En ese sentido me permito allegar a su despacho un informe de prisioneros de guerra de algunas cárceles para que se estudie la posibilidad de liberarlos atendiendo su grave estado de salud y dado que en los diálogos que se adelantan en la Habana –Cuba se ha presentado dicha solicitud en el punto correspondiente de la Agenda.
3. Los prisioneros políticos han venido realizando varias acciones para visibilizar esta grave situación como lo fue la pasada huelga de hambre de 24 horas en el mes de octubre de 2015, precisamente en el marco del II seminario sobre el DELITO POLITICO y la situación de los presos políticos que se celebró el pasado 16 de octubre de 2015 en el centro de memoria de Bogotá, donde personalidades nacionales e internacionales se refirieron sobre este grave situación humanitaria de los prisioneros de Guerra.
4. Teniendo en cuenta que se está negociando el fin del conflicto armado interno, se debe inmediatamente poner fin al cautiverio a todos los prisioneros de guerra incluida la solicitud de repatriación de SIMON TRINIDAD, la cual debe adelantarse ante el gobierno de los EEUU de América por parte de la cancillería.
5. Se destacan varios puntos de reivindicación inmediata así:
* Liberación de los prisioneros de guerra heridos, enfermos o lisiados.
*Reconocimiento del delito político.
* El derecho a la salud, muchos presos están enfermos, en un estado crítico, producto del mismo conflicto algunos llegan a las cárcel con heridas de bala y no son atendidos debidamente, otros están mal, producto de epidemias que no son atendidas a tiempo.
* Rechazo a la extradición.
PETICIONES
En ese sentido respetuosamente solicito al señor ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, de conformidad con sus competencias y atribuciones las siguientes:
1. Se ordene a quien corresponda para que se de aplicación al DIH, el Protocolo II Adicional a los convenios de Ginebra y el bloque de constitucionalidad del artículo 93, para que se adelanten todos los tramites constitucionales y legales y se libere lo más pronto posible a los prisioneros de guerra heridos, enfermos, lisiados y demás, como un gesto humanitario del Gobierno Nacional antes de la firma de los acuerdos de la Habana-Cuba.
2. Se coordine con el CICR la posibilidad de trasladarlos a la Habana –Cuba para que sean atendidos por especialistas y se entreguen a las partes garantes de los diálogos.
3. Se coordine con el INPEC y permita una visita humanitaria de una comisión interdisciplinaria a todas las cárceles y penitencias del país a fin de verificar la situación de los prisioneros políticos.
DERECHO
Fundo esta peticionen lo preceptuado en el artículo 23 de la carta Política del 91, el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, el DIH y el bloque de constitucionalidad del artículo 93 así como las demás normas concordantes sobre la materia. Especialmente el artículo 5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra en su numeral 4 que dice:
“Si se decide liberar a personas que estén privadas de la libertad, quienes lo decidan deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas”
ANEXOS
Me permito anexar los siguientes documentos:
1. Listado de prisioneros
2. Informe del caso JAIRO ALFONSO LESMES BULLA
3. Informe eurodiputados y demás
4. Petición de ingreso a las cárceles.
5. Documento violaciones a los DDHH.
NOTIFICACIONES
Las recibiré en la calle 12 B No. 6-21 Oficina 403 Correo electrónico uldaricoflores@yahoo.com.co, cel. 3158599118.
Atentamente,

ULDARICO FLOREZ PEÑA
Presidente
Cc: CICR, Naciones Unidas, Partes negociadoras de los diálogos de la Habana-Cuba, Comisiones de paz del Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, ONG de DDHH y demás

TRAMACUA, LA GUANTANAMO COLOMBIANA


 

La Brigada Jurídica informa que en conversaciones con los prisioneros políticos y sociales de la TRAMACUA, LA GUANTANAMO COLOMBIANA, este próximo miércoles 25 de noviembre de 2015 a partir de las 6am, iniciaran una jornada de Protesta pacifica, dado que se ha cumplido el termino para que el INPEC, realice las mejores locativas entre otras y este ente del Estado NO cumplió con la decisión de la Corte Constitucional, según tutela 282 de 2014 que resolvio lo siguiente:
"En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:
PRIMERO.- Levantar la suspensión de términos decretada en el asunto de la referencia.
SEGUNDO-. REVOCAR los fallos proferidos el 13 de julio de 2011, por el Tribunal Administrativo del Cesar en primera instancia y, el 21 de septiembre de 2011 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta en segunda instancia, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida digna, al acceso al agua potable y a la salud, de los internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, Cesar.
TERCERO-. En consecuencia, ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, disponga todo lo necesario para asegurar el suministro y acceso al agua potable de los accionantes y todos los internos. Para ello, específicamente deberá:
- Suspender la entrada de nuevos internos al establecimiento penitenciario de mediana y alta seguridad de Valledupar, durante los siguientes 6 meses a la notificación de la presente providencia. La medida se mantendrá hasta que ingresar al establecimiento penitenciario no suponga contar con una cantidad de agua inferior a la permitida internacionalmente. [108]
- Proveer a todos los reclusos del establecimiento demandado de baldes plásticos o cualquier otro recipiente limpio y nuevo con el fin de reemplazar los envases que actualmente utilizan. Los recipientes deberán tener una capacidad de almacenamiento suficiente para que los internos puedan asear sus celdas, mantener limpios los servicios sanitarios, bañarse y saciar su sed en las noches, además deberán ser los necesarios para que no se desperdicie el líquido que llega al establecimiento. Se deberán facilitar la cantidad de recipientes necesarios para que cada persona pueda contar 20 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades básicas, 5 litros diarios para sobrevivir, teniendo en cuenta que se encuentran en una ciudad calurosa y, en las noches, deberán poder almacenar por lo menos 2 litros de agua.

- Dentro del mismo término se deberá encontrar una solución para que el área del rancho cuente también con un sistema de almacenamiento de agua, de manera tal que pueda permanecer limpia en todo momento, pero sobre todo cuando se elaboran los alimentos que consumirán los reclusos, para lo cual deberá cumplir a cabalidad con los protocolos de limpieza, vestuario y manipulación de alimentos, brindados en las visitas realizadas por la Secretaría de Salud Departamental del Cesar. Podrá por ejemplo, destinar un tanque en específico para abastecer únicamente esta área del penal con agua durante las 24 horas del día.
CUARTO.- ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, que en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta providencia, tome las medidas adecuadas, de acuerdo a los parámetros establecidos por esta Sala de Revisión y diseñe un plan, que garantice los derechos conculcados, específicamente tenga en cuenta los siguientes puntos:
(i) Dotar de contenido real y obligaciones puntuales, con plazos específicos, los puntos del denominado “plan de choque”, señalados en numeral 54.2 de la parte considerativa de esta sentencia, de manera que se puedan obtener resultados concretos a corto y mediano plazo, y que de no existir un avance puedan tomarse medidas eficaces frente al incumplimiento.
(ii) Terminar la construcción del nuevo diseño hidráulico para la Cárcel, si aún no se ha hecho, dentro de un plazo razonable pero expedito. Esto, de acuerdo con el Oficio No. 5291 del 21 de julio de 2011 en el que el Director General del Inpec aseguró que en ese momento ya existían apropiaciones presupuestales para dicha obra.

(iii) Diseñar un plan de optimización del suministro de agua, teniendo en cuenta que ya se han realizado las obras de infraestructura necesarias para que el establecimiento cuente con un buen abastecimiento del líquido, así en principio no sea continuo durante las 24 horas del día, pero que permita progresivamente logar contar con el líquido de forma permanente. Por lo tanto, deberán estudiarse estrategias que por un lado garanticen que no exista un solo interno al interior del penal que no cuente con una cantidad de agua básica para satisfacer sus necesidades de aseo y consumo, y por otro, que evite el desperdicio del mismo. Por ejemplo, en vez de abrir la llave en un solo lugar durante un periodo continuo de 30 minutos, en el que los internos prácticamente tienen que arriesgar su vida para llenar sus recipientes de agua, tal como actualmente ocurre, podrían hacerse algunas pruebas piloto para establecer turnos por cada piso de la torre, de manera que no se formen tumultos, que no se desperdicie el agua, y que cada interno cuente con una cantidad mínima vital del líquido. Lo anterior es solo una sugerencia, deberán implementarse las acciones que más se adecuen a la situación del establecimiento penitenciario.
(iv) De igual forma, deberá estudiarse la posibilidad de modificar el reglamento interno de la cárcel, o evaluar si con el que está actualmente vigente, es posible imponer sanciones disciplinarias a aquellos internos que dañen u obstruyan el sistema de acueducto de la cárcel. Es importante también que se establezca un procedimiento expedito para la investigación de las conductas de la guardia del plantel, que pueda ser catalogada como tortura o penas y tratos crueles inhumanos y degradantes.

(v) Se tiene que crear un protocolo a seguir en los casos en los que se lleven a cabo huelgas de hambre. En éste se deberán tener en cuenta los cuidados médicos necesarios y especiales que ameriten recibir quienes opten por esta forma de manifestación, así como el especial trato que se les debe propinar por parte de los guardias de seguridad, teniendo en cuenta que la ausencia de ingesta de alimentos naturalmente genera debilidad física.

(vi) Crear una brigada de apoyo jurídico a los reclusos, encaminada principalmente a revisar las denuncias existentes por malos tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, que han sido presentadas y que no han arrojado resultado alguno. Es sumamente importante que se respeten las garantías del debido proceso para ambas partes, así como el derecho al acceso a la administración de justicia de quienes se encuentran privados de la libertad. El sistema de cámaras con el que cuenta actualmente el establecimiento debe convertirse en una herramienta útil y eficiente para prevenir malos tratos contra los reclusos, y para las sanciones que eventualmente deban imponerse.
(vii) Deberá revisarse también la conducta efectuada por el personal encargado de la vigilancia del establecimiento y de los internos y evaluar la posibilidad de efectuar traslados, todo esto por supuesto bajo las garantías del debido proceso.
(viii) Por último, deberá existir un componente de seguimiento continuo a la prestación del servicio de salud, del suministro de medicamentos y de la programación de citas con especialistas, exámenes y procedimientos.
(ix) Este plan podrá incluir cualquier otro aspecto necesario y pertinente, que no haya sido enunciado en esta lista.

El plan que resulte de lo anterior tiene que aplicarse de forma inmediata, y sus resultados tienen que ser cuantificables a mediano plazo, para ello, 6 meses después de haberse puesto en marcha, los entes obligados deberán presentar un informe detallado a la Defensoría del Pueblo en el cual se establezcan cuáles fueron los objetivos y procedimientos fijados y alcanzados hasta el momento.
QUINTO.- ORDENAR al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, y al Inpec, que en el término de los once (11) meses siguientes a la notificación de esta providencia, CONVOQUEN una visita técnica en la cual participen, el Ministerio de Justicia y Derecho, la Defensoría del Pueblo, el Director del Inpec, y las Ongs coadyuvantes en el presente caso, para que se verifique el estado del lugar y los avances en la garantía de los derechos humanos de los internos. Si no se observa que la situación ha cambiado y que se garantiza al interior del mismo una estadía en condiciones dignas para los reclusos el mismo deberá ser clausurado. La visita técnica será presidida por el juez de primera instancia en este proceso.

Si de la visita mencionada se concluye que es necesario cerrar el establecimiento penitenciario, las directivas del mismo tendrán ocho (8) días para diseñar un plan de evacuación, en el cual se tenga en cuenta que las primeras personas que deberán salir de ese sitio de reclusión son aquellas que tienen necesidades especiales, tales como enfermos terminales o con enfermedades de alto costo, personas mayores de 65 años de edad, personas con enfermedades siquiátricas, y aquellas personas en condición de discapacidad. Posteriormente se deberán empezar a buscar cupos para el resto de la población carcelaria, de manera que 6 meses más tarde, nadie habite allí.
En caso tal de que exista un propósito o la necesidad urgente de volver a abrir la cárcel, esto solo podrá ocurrir bajo la plena garantía de que ninguna de las conductas señaladas en esta sentencia se volverá a repetir, es decir, que deben haberse adecuado las instalaciones para que exista un normal y continuo suministro de agua suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos los reclusos, los guardias del establecimiento deben haber sido formados en una disciplina de respeto por los derechos humanos, y debe garantizarse un buen funcionamiento del penal en todos los sentidos, alimentación, salud, vestuario, garantías jurídicas y procesales, régimen de visitas, y en general todo aquello que hace que cumplir una pena privativa de la libertad no constituya por sí mismo una pena cruel, inhumana y degradante.

SEXTO.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo de Valledupar, que realice visitas periódicas, cada tres (03) meses al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, para verificar el cumplimiento de las órdenes de esta tutela, concretamente la manera como se suministra el agua potable a los internos.

SÉPTIMO.- ADVERTIR al Ministerio de Justicia y del Derecho, que adopte una posición de liderazgo y a partir de la presente decisión, realice seguimiento sobre la garantía de los derechos humanos al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar. Especialmente, es necesario que vigile lo que tiene que ver con la manera como se está realizando el suministro de agua potable para cubrir las necesidades básicas vitales de los internos en los centros penitenciarios de todo el país.
OCTAVO.- PREVENIR a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar S.A.-E.S.P., para que en lo consecutivo, brinde todo el apoyo que necesite el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, para lograr un buen abastecimiento de agua potable al interior del mismo.

NOVENO.- Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado"

Por lo tanto lo que procede inmediatamente es el CIERRE de esa campo de torturas, como bien lo han señalado varios organismos nacionales e internacionales de DDHH.
Falta ver que el ente publico inicie las investigaciones disciplinarias y la Fiscalia las penales, pues es claro que hay responsables por estos gravisimos hechos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas privadas de la Libertad.

COMUNICADO DED PRENSA

Como parte de los gestos de construcción de confianza entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el Gobierno Nacional ha decidido, con fundamento en sus facultades constitucionales y legales, conceder el indulto, es decir, un perdón de la pena, a 30 guerrilleros de las FARC-EP que se encuentran en las cárceles del país cumpliendo su pena de prisión por el delito de rebelión. Dentro de los 30 miembros de las FARC que gozarán de esta medida no hay recluidos por delitos graves.

El Gobierno Nacional diseñará un programa para este primer grupo de miembros de las FARC-EP que recibirán el beneficio, con el fin de garantizarles apoyo psicosocial, acompañamiento para su estabilización familiar, comunitaria y social, acceso a la educación y posibilitar su formación para el trabajo. Es un primer grupo que iniciará su proceso de reincorporación.

Igualmente, como parte de las medidas de construcción de confianza, el Gobierno Nacional coordinará con las entidades competentes unas brigadas con el fin de examinar las condiciones de salud de 106 miembros de las Farc todavía recluidos en las cárceles y penitenciarías del país, y dispondrá lo necesario para su adecuada atención.

Además, con el fin de preparar las condiciones para el fin del conflicto, el Gobierno Nacional adelantará la adecuación de unos patios especiales dentro de las cárceles a los que serán trasladados los miembros de las FARC-EP detenidos o condenados, para facilitar el estudio de su situación jurídica, personal y familiar, como medida de preparación para su futura reintegración a la vida civil.

Casa de Nariño, 22 de noviembre de 2015.
Cordialmente,
Grupo de Comunicaciones
Oficina del Alto Comisionado para la Paz - República de Colombia
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co<http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co>
Teléfonos:
En Bogotá: (57 1) 5629300 ext. 6566
En La Habana: (53) 5-2793543
Fotos: II Seminario sobre Delito Político y Situación de las y los Presos Políticos, Bogotá, Centro de Memoria, Octubre 16 de 2015.

COMUNICADO DE PRENSA

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de presos y presas políticas abajo firmantes, convocantes del pasado Seminario sobre Delito Político y Situación de las y los Presos Políticos, dando cumplimiento al mandato de las numerosas organizaciones regionales y del orden nacional y de los cientos de asistentes al mismo, hemos continuado con diferentes actividades de solidaridad con las y los presos políticos.

En esa idea, y en el contexto de la actual jornada de protesta que adelantan miles de prisioneros políticos en diferentes cárceles y penales, nos dimos a la tarea de convocar el apoyo de los congresistas del Polo Democrático para realizar una visita de verificación y humanitaria al Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota en Bogotá.


Agradecemos la respuesta receptiva de los Parlamentarios Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla, que hoy 23 de noviembre de 2015 se encuentran realizando dicha visita. 


Nos alegra profundamente además que dicha visita haya coincidido con la reciente decisión del gobierno colombiano de indultar por razones humanitarias a 30 prisioneros de guerra de las FARC, como una muestra de voluntad política hacia el esperado cierre del conflicto interno colombiano.


Como organizaciones defensoras de derechos humanos y de presas y presos políticos continuaremos contribuyendo con nuestro esfuerzo en la búsqueda de la paz y de salidas humanitarias y dignificantes de su condición para quienes se encuentran en prisión. Consideramos que el trabajo hacia adelante en las diferentes cárceles y penales y, posterior a la concesión de amnistías e indultos requerirá del esfuerzo de muchas y muchos, en tal sentido aspiramos a que los obstáculos que hoy se nos presentan para poder hacer nuestro trabajo, como las visitas in loco a las diferentes cárceles y penitenciarías puedan ser en el futuro superadas.


Bogotá, Noviembre 23 de 2015


Organizaciones Firmantes:
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO – MNC
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – FCSPP
BRIGADA JURIDICA EDUARDO UMAÑA MENDOZA – BJEUM
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS RAFAEL URIBE URIBE – ODDHH-RUU
COMISION DE SOLIDARIDAD DEL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLITICOS – INSPP

viernes, 13 de noviembre de 2015

Carta de prisionero político deja al desnudo la incompetencia de los directores del Inpec y de la cárcel La Picota

El profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, víctima de la persecución del régimen terrorista que padece Colombia, le escribió desde el sitio de su reclusión una carta pública al general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto General Carcelario y Penitenciario, Inpec y a Cesar Augusto Ceballos, director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá Comeb-Picota, en la que deja al desnudo la incompetencia de estos dos personajes al frente de sus cargos.

La negligencia de Ramírez y de Ceballos ha causado varias muertes de reclusos, graves violaciones a los derechos humanos fundamentales de las personas privadas de la libertad y alto grado de corrupción en las entidades que dirigen.


A continuación transcribimos apartes de la misiva del profesor Baltran:


Carta pública de un preso político al director general del Inpec y al director del Comeb-Picota

General
Jorge Luis Ramírez
Director general del instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Doctor
César Augusto Ceballos


Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-Picota
Atento saludo.



El pasado sábado 31 de Octubre recibimos con dolor y sorpresa la noticia de la muerte cerebral del interno Pablo Javier Gómez Sánchez, un preso social con quien compartíamos reclusión en el patio 14 del Complejo Metropolitano de Bogotá que usted dirige.


Pablo Javier – quien falleció días después- estaba condenado a 37 años de cárcel y era padre de tres hijos que hoy tristemente lo ven retornar a la libertad, a costa de sacrificar el valor más alto que tiene el ser humano: la vida.


A través de sus compañeros de celda pudimos corroborar lo que muchos de nosotros ya presentíamos, esto es, que hubo negligencia en la atención brindada al interno por el Inpec-Caprecom, pese a la pronta reacción de los pabelloneros situación que precipitó el fatal desenlace.


Para empezar, el médico de turno tardó cerca de media hora en atender la emergencia, dejando en claro que el Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional (Eron) no garantiza la atención de urgencias las 24 horas del día.


Como si esto fuese poco el galeno dispuso el traslado del paciente desde guardia interna – en la planta baja – hacia el área de sanidad, ubicada en el séptimo piso.


No se requiere de gran imaginación para comprender las dificultades que supuso desplazar el cuerpo ya casi inerte del interno, en medio de convulsiones y ensopado en agua - sangre; y menos aún cuesta entender una situación que hemos venido denunciando por años y es la falta de infraestructura sanitaria y de personal idóneo para una atención médica adecuada y oportuna, porque:


¿A qué mente lúcida se le ocurre instalar el área de sanidad en un séptimo piso? sin contar con los medios apropiados para trasladar pacientes en delicado estado de salud hasta ese lugar.


A estas limitaciones habría que sumar los múltiples obstáculos interpuestos por el personal de guardia y custodia para atender la urgencia con la celeridad que lo requería, así como la ausencia de una ambulancia para la remisión del interno al Centro Hospitalario del Tunal, con el fatídico desenlace que es del conocimiento de ustedes.


La normatividad vigente establece que las personas privadas de la libertad debemos gozar de una atención médica integral que supone el cuidado, la prevención, la conservación y la recuperación de la salud, y es el Estado quien debe garantizar este derecho, más todavía por las condiciones de sometimiento que tenemos frente al mismo los presos.


No obstante lo anterior, el denominador común de las cárceles y penitenciarias colombianas es la sistemática violación de este derecho expresada en la insuficiencia de personal médico general y especializado, la carencia de medicamentos, la falta de sistematización de las historias clínicas, las irregularidades en la asignación de citas, entre muchas otras.


Suelen ustedes excusar estas falencias, aduciendo que la crisis en la atención médica es un problema de orden nacional que competen a Caprecom desconociendo las responsabilidades que les corresponde como superiores jerárquicos de la guardia penitenciaria y funcionarios competentes encargados de ejecutar el cumplimiento de las medidas de aseguramiento y concomitante a ello el garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.


De conformidad con el Artículo 52 y los artículos 104 y siguientes de la ley 65 de 1993 y sus desarrollos jurisprudenciales.


Seamos sinceros, General Ramírez, en el Inpec no existe una cultura de respeto a los derechos humanos sino una infame política penitenciaria basada en el cobro de venganza contra quienes – en el contexto del conflicto armado y social que padece el país – han sido sus adversarios tanto en el campo político como en el militar.


Por eso no sorprende que las cárceles colombianas los presos seamos tratados como “enemigos internos” máxime cuando osamos reclamar nuestros derechos o ¿Cómo explica general, que mientras el Inpec manifiesta de manera farisea que no cuenta con presupuesto para remisión de internos-a centros de atención especializada o para que se les practique exámenes diagnósticos y cirugías, al mismo tiempo, adelanta costosos operativos de seguridad para el traslado de esos internos a otros centros penitenciarios, como castigo por exigir atención médica?


De lo anterior puede dar fe el prisionero de guerra de las FARC – EP, Orlando Albeiro Traslaviña quien padece una grave afectación visual.


Ante las reiteradas negativas del Inpec para su remisión a citas de control (esgrimiendo, el falaz argumento que no había trasporte ni personal para adelantar la diligencia) inició una huelga de hambre que se prolongó 14 días, hasta que finalmente las directivas del Inpec se comprometieron a dar solución a su problema.


No obstante, pocos días después entró a su celda un grupo del GRI (Grupo de reacción inmediata) y sin darle tiempo de sacar sus elementos personales, lo condujo a una unidad de castigo donde se le mantuvo por varios días hasta que se ordenó su traslado a otro centro penitenciario.


Actualmente Traslaviña ha perdido el 80% de su visión por falta de controles médicos, comprometiendo la córnea que le fue trasplantada gracia a una acción de tutela.


Y es que el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como establecimiento público adscrito al Ministerio del Interior y Justicia se ha convertido en un Gulag para la vulneración de los derechos fundamentales, donde ni la Corte Interamericana pareciera ya tener injerencia.


No de otra forma se entiende el trato que recibe el prisionero de guerra José Ángel Parra Bernal, quien pese a contar con medidas cautelares de este organismo internacional, se le sigue privando del imatinib hasta por lapsos de un mese, siendo un medicamento que debe ingerir diariamente para controlar su leucemia mellitus crónica, enfermedad terminal que padece hace más de diez años.


Pese a la gravedad de los hechos aquí referidos, la salud no es el único derecho vulnerado en el Eron- Picota de Bogotá, ya que si bien el código penitenciario señala en su artículo 5 que “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos”, lo que observamos día a día en los centros penitenciarios del país es todo lo contrario.


De esto da cuenta la estructura física que nos sirve como lugar de reclusión, y que desafía los estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, donde la falta de luz natural y ventilación es la característica predominante, generando espacios no aptos para la salud y la convivencia,-


si además de ello tenemos en cuenta que apenas disponemos de un reducido espacio que cumple a un mismo tiempo las veces de comedor, peluquería, zona de tránsito, área de esparcimiento y practica de deporte, sitio de estudio, lugar de secado de ropas y hasta la realización del culto religioso.


En lo que va corrido del año la ESE San Cristóbal a emitido reiteradamente conceptos sanitarios desfavorables contra este centro penitenciario por incumplimiento de las condiciones sanitarias las cuales reúne una serie de factores de riesgo como son las deficiencias en la infraestructura (baños, pisos, paredes, techos, iluminación, ventilación, temperatura).


Todo ello para no hablar de los racionamientos en el suministro del agua, líquido vital del cual solo disponemos tres veces al día para el aseo personal, el lavado de ropa, la limpieza de las celdas y las áreas de uso común. Contrasta esta severa regulación con el desperdicio generado por las averías y filtraciones en las tuberías.


Este fue ¡vaya ironía! el modelo de mejoramiento del sistema penitenciario Colombiano que se diseñó y ejecutó bajo las administraciones presidenciales de Andrés Pastrana (1998 – 2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) para dar respuesta a la sentencia T-153 (1998) de la Corte Constitucional, a través de la cual se declaró el “estado de cosas inconstitucional” en los Centro carcelarios y Penitenciario del país.


Dicho modelo incluyó – cabe anotar- el asesoramiento técnico y material del Bureau Federal de Prisiones de los Estados unidos.


Pero si estas estructuras de concreto no garantizan un ambiente digno para las personas privadas de la libertad, menos lo hacen para familiares y amigos que nos visitan, quienes deben padecer los abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno, siendo su actitud más enconada cuando se trata de niños a quienes se les ha obligado a botar la comida.


De este trato inhumano no escapan las personas de la tercera edad, quienes permanentemente son objeto de insultos porque no se someten a los ritmos que imponen estos profesionales de la represión.


¿Y qué ha hecho señor Ceballos para detener los abusos de sus subordinados contra esta población vulnerable que son los niños y ancianos?


Las numerosas quejas respetuosas que hemos elevado contra el oficial Julián Chaves, comandante de vigilancia del Eron y principal propiciador de estos abusos –a decir del mismo cuerpo de custodia y vigilancia-, ni siquiera han merecido una respuesta suya, lo que nos hace suponer que la vulneración de los derechos humanos a infantes y adultos mayores es una política del establecimiento que usted dirige.


Podría enumerar otros atropellos que diariamente cometen los funcionarios del Inpec en este establecimiento de reclusión, pero ¡Quién lo creyera?


Las restricciones que imponen la guardia para el ingreso del papel bom, las libretas de notas, y hasta los lápices me obligan a ser breve en mis apreciaciones. En la cárcel “todo lo prohibido es negocio” y por estos artículos debo pagar 2,3 y hasta cuatro veces más de su valor real en el mercado.


Y ya que hablamos de prohibiciones, resulta un verdadero adefesio que ustedes invoquen razones de seguridad para prohibir el ingreso de los libros y publicaciones periódicas. Ni en los peores momentos de la inquisición medieval se llegó a tales extremos.


Razón tienen una colega al afirmar que en la mente de muchos funcionarios públicos “existe un procuradorcito Ordoñez”, dispuesto a censurar, perseguir y eliminar toda aquello que parece como divergente.


Hoy en este centro carcelario donde me encuentro resulta mucho más fácil conseguir una papeleta de bazuco que una revista Semana e incluso el Tiempo y el Espectador, cuando un visitante trae consigo algunos de estos ejemplares la guardia tiene el desfachatez de exigirle que lo depositen en la basura so pena de bloquear el acceso del visitante al establecimiento penitenciario.


Ni que decir de la prensa alternativa, la literatura especialidad y los materiales de estudio. Estos sí que no tienen la más mínima oportunidad de circulación, perjudicando a muchos presos que hemos hecho de la lectura un medio privilegiado para nuestra preparación y desarrollo intelectual.


Por supuesto no les niego que en las encomiendas semestrales ustedes autorizan el ingreso hasta de tres libros. Por el contario, tan celosos han sido ustedes en el cumplimiento de esta normativa que cuando los cuerpos contrainsurgentes del Grupo de Reacción Inmediata, GRI-o el Cuerpo de Remisiones Especiales, Cores,  ingresa a ser requisas en los patios, y encuentra que un interno cuenta con un número mayor de lo estipulado, le advierten que solo puede dejar tres libros en su celda, los demás son embalados en una bolsa negra enviados a un deposito donde tarde o temprano terminaran alimentando a los roedores.


Sepan ustedes que con esta normativa están vulnerando el derecho de los reclusos a la información y a la comunicación con el mundo exterior, máxime cuando en los patios del Eron la correspondencia de los internos solo es recepcionada una vez a la semana,-aunque en ocasiones puede transcurrir más de tres semanas sin que un preso pueda enviar o recibir una carta como sucedió en el mes de octubre que acaba de concluir. Esto a pesar de encontrarnos la llamada sociedad de la información.


Y no sigan recurriendo al manido sofisma que los internos pueden tener un radio de pilas y que disponen de siete teléfonos para su contacto con el mundo exterior, porque ni los radios ni las pilas las proporciona el Inpec, ni mucho menos los presos están en condiciones de pagar un servicio de telefonía cuyo costo es superior al promedio del mercado, esto sin contar con las deficiente calidad del servicio.


Bien saben ustedes que la gran mayoría de los reclusos que están privados de la libertad en estos centros de reclusión provienen de los estratos económicos más pobres (prueba de ello es que los peligrosos delincuentes de cuello blanco y mente oscura, como los empresarios Nule no hayan pisado un Eron), y apenas si logran sobrevivir en el día a día.


Dicho sea de paso, el sistema carcelario y penitenciario no ofrece condiciones para que el interno genere sus propios ingresos bien sea para él o sus familiares. Esto no obstante contar con un valioso recurso humano con aptitudes para el trabajo en madera, cuero, fibras, papel y telares.


Desafortunadamente el ingreso de estos materiales cuyos costos no solo corren por cuenta del preso sino que están restringidos y sometido a las cadenas de corrupción de los funcionarios del Inpec.


Frente a estas graves situaciones los presos hemos recurrido a mecanismos legales y constitucionales de Protección de derechos de las personas privadas de la libertad. No obstante, cada vez son mayores los obstáculos que interpone el Inpec para limitar e incluso bloquear el acceso a estos recursos.


Así por ejemplo la dragoneante Sandra Franco adscrita a la oficina jurídica no admite derechos de petición en los días regulares desconociendo que este es un derecho que tiene todo ciudadano, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, y el cual le posibilita elevar peticiones, quejas, reclamos, consultas y solicitar información.


Pero si los derechos de petición difícilmente son recepcionados, menos aún podemos esperar respuesta a ellos, por lo que en muchos casos nos vemos precisados a entablar acciones de tutela, y cuando a través de ella logramos amparar nuestros derechos fundamentales,-el Inpec se niega sistemáticamente a cumplir con lo ordenado por el juez, por lo que se hace indispensable presentar un incidente de desacato para garantizar su cumplimiento, generando un desgaste en la administración de justicia.


Este procedimiento ha hecho tanta carrera entre los funcionarios del Inpec, que algunos guardias a sabiendas que están afectando el derecho de un interno, en el colmo del cinismo, desafían al preso para que interponga una tutela que ampare dicho derecho.


Entre tanto lo “marcan” (señalan) con sus colegas, y automáticamente suspende los beneficios a los demás internos del patio como mecanismos de presión para que el preso retire la tutela, poniendo incluso en peligro la integridad personal del denunciante.


En una actitud que nos recuerda los comportamientos de los SS alemanes en los campos de concentración Nazi.


La experiencia nos muestra, general Ruíz Ramírez, que son numerosos los recursos que las mismas directivas del Inpec utilizan para castigar a aquellos presos que se atreven a denunciar las arbitrariedades cometidas diariamente en los centros de reclusión, las cuales pueden ir desde el traslado de cárcel –alejando al interno de su núcleo familiar y afectivo- hasta la realización de falsos positivos dentro de los patios.


Este último mecanismo ha sido empleado contra el preso político Willington Villarreal, a quién se le involucro en un supuesto plan de fuga por el hecho de denunciar las agresiones físicas de que fue objeto por parte del personal de guardia y custodia,-sancionándole con la pérdida de 120 días de redención y sometiéndolo a tratos inhumanos y degradantes como el de mantenerlo durante seis días en una celda de tratamiento especial, sin luz eléctrica ni agua potable, sin servicio sanitario, teniendo que defecar en una bolsa plástica.


Otro caso digno de recordarles es el del guerrillero del ELN Isaid Alberto Angulo quién ha librado una titánica batalla jurídica contra el Inpec, razón por la cual se le ha hostigado y estigmatizado al punto que en una comunicación que usted, señor Augusto Ceballos, envió a la Defensora del Pueblo (Regional Bogotá),


lo presenta de manera desobligante y temeraria como un preso “social” que “desde el momento que llegó viene adoptando una actitud desafiante, amenazante y de prevención, comportamiento que no ha sido posible se preste para dialogar”.


¿En qué ha consistido la actitud desafiante y amenazante de este preso político? ¿Acaso, en los centenares de derechos de petición y tutelas que ha interpuesto para solicitar el amparo de sus derechos y el de sus visitas,-
 incluyendo una denuncia por delito sexual ante la Fiscalía a funcionarios de las requisas femeninas, que se extralimitaron en las mismas, y en la cual lo vinculó a usted como director del Eron, por ser representante legal y no tomar las más mininas medidas para contrarrestar el problema?


A raíz de esta serie de denuncias se le ha obstruido su clasificación en mediana seguridad, recurriendo también a falsos positivos, porque como le manifestara verbalmente la sargento Sonia del Consejo de Evaluación y Tratamiento, SET, al mencionado presos que si seguía enviando “papeles chimbos a la dirección general lo iba a clasificar cuando ella quisiera.


En mi caso personal no solo he sido objeto de acciones similares sino que mi calidad del Servidor Público ha sido reconocida para aplicar medidas sancionatorias en mi contra (como la de inhabilitarme por trece años para ejercer cargos públicos) mientras dicha condición ha sido desconocida por ustedes para negarme beneficios como el de estar recluido en un Establecimiento de Reclusión Especial (Eres).


Peor aún, he sido confinado en una estructura de máxima seguridad atendiendo no a mi situación jurídica (Absuelto en primera instancia, condenando por rebelión en segunda instancia y actualmente sujeto sud judise) sino a los registros calumniosos de los medios oficiales de-comunicación donde me señalan de ser “alias ´Jaime Cien Fuegos´ Profesor de Sociología que hace parte de la Comisión Internacional de las FARC”, como lo reconoce la subdirectora del Comeb, mayor Magnolia Angulo en su carta de respuesta a una petición impetrada por la Fcspp.


¿Realmente creen ustedes que violando los principios constitucionales e irrespetando la dignidad humana de las personas privadas de la libertad podrán contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en el país?


Es hora ya que desde sus puestos de dirección replanteen sus políticas represivas y las reorienten hacia políticas de contenido humanista y social, que privilegien la concreción de los derechos humanos sobre los temas de seguridad y de creación de nuevos centros penitenciarios que desconocen los principios y buenas prácticas sobre las personas privadas de la libertad.


General Jorge Luis Ramírez, Dr. Cesar Augusto Ceballos:


Como colombiano, como sociólogo, como preso político, pero fundamentalmente como ser humano sensible al dolor y a cualquier injusticia humana, me indigna estos atropellos que se vienen cometiendo en el Eron-Picota y de más cárceles del país, bajo la mirada cómplice e indiferente de ustedes.


Por esta razón expreso mi decisión publica de sumarme a la jornada de desobediencia y huelga de hambre indefinida, iniciada por los prisioneros de guerra de las FARC – EP, que tiene como propósito la liberación inmediata de los enfermos terminales y lisiados de guerra; al mismo tiempo que acepto la responsabilidad que me ofrecen de ser uno de los voceros de esta jornada.


Quisiera terminar esta misiva recordándoles las palabras del escritor estadounidense y premio nobel de literatura, William Faulkner: “hay ciertas cosas que no deben nunca consentirse: la injusticia, la afrenta, la deshora, la ignominia. Ni por la fuerza ni por el dinero; simplemente hay que negarse a consentirlas”.


Miguel Ángel Beltrán Villegas
Preso político colombiano
Cárcel de máxima seguridad Eron-Picota
Bogotá, noviembre 9 del 2015

PRISIONEROS POLITICOS DE 13 CARCELES DE TODA COLOMBIA EN HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA !


Ratificada absolución de fundador de Anncol

 Ratificada absolución de fundador de Anncol

La Corte Suprema no admitió la demanda de casación por medio de la cual la Fiscalía buscaba que se revocara el fallo absolutorio.
Joaquín Pérez Becerra Foto: Archivo SEMANA Joaquín Pérez Becerra, uno de los fundadores de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), seguirá en libertad gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal del alto tribunal no admitió la demanda que interpuso la Fiscalía para que se ratificara su condena por supuesta complicidad con las acciones delictivas de las FARC.

Un error en técnica probatoria habría dado al traste con la investigación que adelantó la Fiscalía contra el periodista. La forma como los investigadores de la Dijín incorporaron al juicio el material de prueba que de forma más contundente habría demostrado los nexos del comunicador con la guerrilla frustró las intenciones del organismo acusador.

Pérez Becerra había sido detenido en Caracas (Venezuela), luego de que los organismos de policía judicial hallaron evidencias sobre la supuesta colaboración del periodista en la consecución de recursos para el desarrollo de las actividades ilícitas de las FARC.

A su nombre, fueron encontrados unos 500 correos electrónicos ubicados en la cuenta de Víctor Julio Suárez Rojas, ‘Mono Jojoy’. Las evidencias fueron encontradas en la operación 'Sodoma', la acción que permitió dar de baja al temido líder guerrillero en el 2010.

Los hallazgos de los entes de Policía judicial indicaban que Pérez Becerra tenía la misión de colaborar con las finanzas del grupo armado ilegal.

De hecho, se contaba con evidencias de que el comunicador hacía uso de un chip que le permitía realizar transacciones de cuantiosas sumas de dineros de las que la insurgencia echaba mano para costear sus operaciones, mediante recursos supuestamente obtenidos y administrados fuera de Colombia.

En su momento, las pruebas fueron tan contundentes, que el entonces director de Anncol terminó siendo condenado. En septiembre del 2012, un juez de Bogotá le impuso una pena de ocho años de prisión por estar involucrado en financiación y colaboración con actividades terroristas, concierto para delinquir y rebelión.

Casi dos años después, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia condenatoria. Pérez Becerra fue absuelto, luego de que esa corporación encontró ilegal la incorporación de las pruebas encontradas en el computador del extinto líder de las FARC alias 'Mono Jojoy'.

El error estuvo en la forma como se acreditó el desarrollo de la operación en la que se encontraron los supuestos correos entre 'Jojoy' y el periodista. Según el Tribunal, los agentes de la Dijín que participaron en la acción debieron ser llamados a declarar sobre la manera como se obtuvo el material. Como no se procedió de esa manera, la incorporación de la pruebas al juicio fue ilegal. Lo mismo opinó la Corte, al ratificar el fallo absolutorio.

Aunque la Fiscalía cuenta con otros mecanismos para insistir en que se declare a Pérez Becerra penalmente responsable de colaborar en los delitos de la guerrilla, a ese organismo se le van agotando las posibilidades.

El hecho es que, ante la ratificación de la ilegalidad de las pruebas más contundentes en contra del periodista, el ente investigador se va quedando sin opciones para aspirar a que se case el fallo y se decrete la condena.

Revista Semana