sábado, 28 de mayo de 2016

BIENVENIDO A LA LIBERTAD COMPAÑERO JAIRO LESMES

BIENVENIDO A LA LIBERTAD COMPAÑERO JAIRO LESMES.

La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA, se permite informar que el día de hoy después de una larga lucha jurídica ha recobrado su libertad el compañero JAIRO LESMES, viejo dirigente sindical de Sintracoltabaco, en los años 70 a quien el profesor Miguel Ángel Beltran Villegas, le entrevisto en el presidio en la cárcel Modelo de Bogota y una larga correspondencia mantenida desde el 2009. ( Las FARC- EP 1950 -2015: Luchas de Ira y Esperanza).
La Sala Pena del Tribunal Superior de Santander, resolvió favorablemente le apelación elevada por su abogado Defensor el Dr. WLDARICO FLOREZ PEÑA, presidente de la Brigada Jurídica, quien asumió su defensa con mucha dedicación y compromiso ético-jurídico.
Jairo tuvo una larga charla con su defensor donde relata la dura lucha que libran los presos políticos colombianos para recobrar su libertad, pero a pesar de su estado de salud salio firme y con la moral en alto como un verdadero revolucionario.
Agradecemos a todos los compañeros, ONG, amigos y familiares que nos apoyaron en esta lucha por la libertad.
La libertad NO es un sueño, esta más allá de los muros.!
NO los hemos olvidado seguimos luchando por su libertad!
Amnistía e indulto ya!
Foto de Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza.

miércoles, 25 de mayo de 2016

Y LA HUELGA CONTINUA....

lunes, 23 de mayo de 2016

A tratamiento humillante y degradante es sometido huelguista de Palogordo trasladado al EPAMS-Dorada
Eliécer Acevedo Barón, es un preso político que estaba participando activamente en la desobediencia pacífica desarrollada por la población privada de la libertad en el EPAMS-Girón y como castigo por el ejercicio de la resistencia, para defender y reclamar derechos colectivos de gran entidad, como la atención en salud y vida digna, entre otros.
Actualmente y desde el pasado viernes, se encuentra en aislamiento injustificado en el calabozo conocido como Unidad de Tratamiento Especial – UTE del EPAMS-Dorada, lugar de escasa ventilación donde las temperaturas ascienden y a veces superan los 40°, que no cuenta con suministro de agua potable y se encuentra plagado de zancudos.
(Ver la nota completa en: http://derechodelpueblo.blogspot.com.co/…/a-tratamiento-hum…)
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lunes, 23 de mayo de 2016

Continúa huelga de hambre en Cómbita
En huelga de hambre continúan diez detenidos del EPAMS- Cómbita que exigen de las autoridades su ubicación en cárceles de mediana seguridad, conforme a la clasificación en fase que han alcanzado tras varios años de prisión.
Varios de los detenidos personas se encuentran bastante afectados en su salud producto de la no ingesta de alimentos, sin que hasta el momento se haya dado solución a la situación que motivó la huelga.

(Ver la nota completa en: http://derechodelpueblo.blogspot.com.co/…/continua-huelga-d…)

CORRUPCIÓN, INEPTITUD Y NUEVA FORMA DE HURTO EN EL INPEC

Por: Brigada Jurídica Eduardo Umaña

Al interior del INPEC, realmente las cosas tocaron fondo, por todas las cárceles y penales se respira y se siente un alto grado de corrupción en todas las actividades diarias de esa institución, que lo mejor que le puede pasar es su inmediata liquidación.

No puede ser posible que el día 18 de mayo de 2016, NO se haya permitido el ingreso de abogados y familiares a las respectivas diligencias y trámites administrativos, con el ya recurrido argumento de las "contadas", "fugas fantasmas" y toda una serie de falsos argumentos para sabotear las visitas.

Pero el colmo del asunto llega el día jueves 19 de mayo de 2016, como es posible que el día anterior NO se permiten el ingreso, pero ya el 20, primero se debe ingresar el Mercado y los abogados y familiares, la misma fiscalía y defensoría del pueblo, tiene que hacer tremendas colas y esperar que grandes camiones como el THX-335 placas de Funza ,de Pollos Vencedor con su olor putrefacto descargue sus pedidos , otro como SZO-903, placas de Funza IZUZU, descargue gran cantidad de bultos de arroz y el TAW-331 de Girón otros elementos de marcado
.
Nada dijo la Defensoría del Pueblo, solo audaces abogados reclaman, pero no! tenemos que esperar una hora y más hasta que los prisioneros descargan los camiones y los guardias disfrutan el banquete que les dejan los contratistas. No será que se puede implementar un horario diferente al de las visitas de abogados y familiares? No es posible que se adecue otra puerta para dicho ingreso de los alimentos? donde está su diligencia Dr. Ceballos?

Ahora los guardias en las famosas "rascadas" se están robando los escritos de los presos, llevándose sus agendas, denuncias, quejas, fallos de tutelas y sus propios y mínimos elementos legales que poseen los prisioneros, cual es el motivo de la Censura?

Están preocupadas las Directivas del INPEC, ante una eventual solicitud de investigaciones ante la JEP?, tiene preocupaciones por los hechos de la Modelo y la tramacua y otras cárceles donde diariamente se tortura y se somete a tratos crueles inhumanos y degradantes a los prisioneros con toda clase de vejámenes y violaciones sistemáticas y continuas de los DDHH.

Por ahora es urgente nombrar un Director civil en las dirección del INPEC, que garantice los procesos de amnistía e indultos y excarcelaciones y no se sigan convirtiendo en un obstáculo para el proceso de paz que se adelanta en la Habana .Cuba.

Mayo de 2016.

jueves, 19 de mayo de 2016

LA INEPTITUD DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL INPEC SABOTEAN INGRESO DE ABOGADOS Y FAMILIARES EN LA PICOTA

Uldarico Florez
 ·
Ha llegado a tal grado la ineptitud de las Directivas del INPEC, que el día de hoy miércoles 18 de 2016, con argumentos mediocres NO se permitió el ingreso de Abogados y familiares de los prisioneros, los cuales se desplazan desde diferentes sitios del país, para llevar las encomiendas a sus familiares. Todo esa situación con el argumento de una "fuga" la contada y todo el andamiaje construido con el aval del distinguido Castañeda, flamante Director de DDHH del INPEC.

Los presos políticos de Varias penitenciarias y cárceles del país se encuentran en protestas por la ineptitud de sus directivas para cumplir con los mas mínimos requerimientos legales como es el suministro de la alimentación, ni que decir del servicio de salud que se volvió un verdadero carrusel de la muerte, todos los días los guardias violan los DDHH, de las personas de la libertad, sin que autoridad alguna actué acuciosamente.

Mas aun Las torturas y tratos crueles inhumados y degradantes son el pan de cada día, con traslados por "indisciplina", aislamiento en las UTE ( Unidades de Tortura Especial) y la muerte diario de prisioneros heridos lesionados o enfermos terminales por la negligencia del INPEC y sus Directivas.
Debe de haber un fuerte debate contra el actual Director Brigadier General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON, el Ministro de Justicia, para replantear toda la estructura militarista y represiva del INPEC, ya que esta no se ajusta a la posible firma de un acuerdo de paz en la Habana -.Cuba, debe pensarse inmediatamente en el nombramiento de un civil en esa institución y en los posible tramitar su liquidación en un futuro inmediato.

A pesar que se ha decretado recientemente expedido por el Min -justicia, es insuficiente, como lo considera la Defensoría del pueblo, cuando ha debido ser más amplio que permita modificar el actual sistema de salud entre otros. Pues ha debido expedirse un decreto que declarara una emergencia social carcelaria, que permita adoptar decisiones de fondo para darle soluciones a los problemas que aquejan a los prisioneros.

CONTINÚA REPRESIÓN DEL INPEC CONTRA JUSTOS RECLAMOS DE LA POBLACION RECLUSA.

En la penitenciaría de Palogordo Girón, Santander en donde se viene adelantando protestas pacíficas por parte de los internos en la que se reclama ATENCIÓN EN SALUD y SOLUCIÓN AL HACINAMIENTO para toda la población reclusa, el INPEC no deja de aplicar sus tácticas de aislamiento y destierro familiar contra los internos.
Luego de mantener tres (3) patios de la penitenciaría en total aislamiento, manteniendo encerrados a los internos en sus celdas y sin suministro de alimentos desde el lunes 15 de mayo de 2016; el día miércoles 17 de mayo ingresa al patio un significativo número de guardias y luego de buscar en unas celdas y hacer desorden se llevaron a los compañeros: Freddys Tobías Polanco, Arturo Gaviria, Fernando Camacho, Humberto Sepúlveda, Jorge Augusto Bernal, miembros de las FARC-EP. A los compañeros: Donairo Acevedo, Libardo Gómez Acuña, guerrilleros del ELN. Y a los compañeros: Eliécer Acevedo, Julio Cárdenas y Alejandro Bayona, miembros del EPL. Hasta el momento se desconoce la situación de estos compañeros, y se hace el llamado para que las organizaciones defensoras de derechos humanos intervengan y se eviten torturas y malos tratos por parte del INPEC.
Las protestas pacíficas en la penitenciaría de Girón, Santander continúan, los reclamos son totalmente justos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias.
Exigimos al Estado
cumplimiento a su deber, y se le de solución al grave hacinamiento y falta de atención en salud de la población reclusa en general.

Prisioneros políticos de guerra, Girón, Santander.

miércoles, 18 de mayo de 2016

El fin del conflicto político armado en clave del DIH

De todos es sabido, que a los políticos tradicionales les cabe gran parte de la responsabilidad de la violencia política por el ejercicio continuado de una relación histórica conflictiva entre la violencia y el bipartidismo que ha cumplido una función desestructurante, y se ha expresado como un soporte en el desarrollo y ejercicio del poder político por parte de las elites con miras a mantener el dominio paritario bipartidista de los dos grandes partidos históricos.

Héctor Alonso Moreno
Profesor Asociado Universidad del Valle

Hace unos pocos meses compartí algunas ideas acerca de lo que podría ser un camino para zanjar esa polarizante discusión entre el gobierno y el uribismo, y entre el gobierno y las FARC, alrededor, de cual deberá ser la mejor forma de refrendar los acuerdos, concentrar las guerrillas, lograr un cese al fuego e implementar lo pactado en La Habana en el marco del Derecho Internacional Humanitario y del ordenamiento constitucional actual.

En aquella ocasión llame la atención acerca de la importancia de explorar la aplicación de convenios especiales a la luz del Derecho Internacional Humanitario, como quiera, que a esta altura de las negociaciones, hay la suficiente comprensión tanto en los órganos del poder público como de la sociedad civil, que estamos frente a un proceso de diálogo y acuerdos políticos en el marco de la solución de un conflicto político armado de orden no internacional. Conflicto que está regulado por las normas del ius in bellum tal como lo estable el Derecho Internacional Humanitario; y en el cual se considera la posibilidad de realizar convenios especiales para zanjar cualquier asunto por complejo que este sea, incluyendo el camino para un cese bilateral del fuego y la determinación de unas zonas especiales de concentración de los insurgentes dentro del proceso del cese al fuego.

La decisión del gobierno y las Farc de explorar una oportunidad política la aplicación de la llamada en el Derecho Internacional Público “La cláusula Martens”, para la construcción de esos convenios especiales que consagran las normas del Derecho Internacional Humanitario por razones de humanidad en los casos de conflictos armados, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es una de las grandes innovaciones en materia de mecanismos de solución jurídica de los conflictos armados a nivel interno.

La cláusula Martens se consagra expresamente (sin mencionar su nombre pero sí su definición) en el Protocolo II que es el aplicable a los conflictos armados internos. Esta cláusula permite crear o producir libremente todo tipo de regulación por motivos de humanidad o humanitarios y de conciencia pública. El campo para la iniciativa a favor de las víctimas es infinito, lo que permite la cláusula precisamente es que así no existan escritas o definidas previamente las soluciones, estas se puedan buscar, proponer y plasmar en tanto la intención sea proceder de manera humanitaria satisfaciendo así necesidades y derechos de las víctimas del conflicto.

La cláusula de Martens sirve de vínculo entre las normas positivas de derecho internacional relativas a los conflictos armados y el derecho natural. Esta cláusula es además concordante con el artículo 94 de la Constitución que establece que, “La enunciación de los derechos y garantías contenidas en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.

Se trata entonces, de que “la persona humana” quede “bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”. Esta última cita está tomada del preámbulo del Protocolo II. Precisamente corresponde a la definición de la llamada cláusula Martens. El derecho humanitario, está dirigido, ni más ni menos, a proteger a las víctimas del conflicto, civiles o no civiles, y hasta las máximas consecuencias, es decir, hasta llegar a aplicar para lograr su protección, “los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”.

Recordemos que todos estos textos hacen parte de nuestro ordenamiento Constitucional por ser normas jus cogens; por ser disposiciones adoptadas por tratados internacionales de aquellos que “prevalecen en el orden interno”, tal como lo señala para nuestro caso el artículo 93 de la Carta y tal como lo precisó la Corte Constitucional en sus diversos pronunciamientos sobre la materia. Todo lo anterior fortalecido por los derechos innominados que establece el artículo 94 de la misma carta que eleva a garantía constitucional derechos inalienables e irreductibles de la persona humana que se derivan de su dignidad, así no estén recogidos por alguna norma escrita.

Ahora bien, ¿Hasta dónde pueden llegar los ‘acuerdos especiales?. Como lo señala la tratadista Esperanza Orihuela “La respuesta puede presentarse tan variopinta como alcance tenga la imaginación de los interesados. Ello dependería de las peculiares características que presente el conflicto y del alcance que se quiera atribuir a ese control y la finalidad que con él se persiga”.

El convenio especial puede ser sobre “cualquier cuestión”, tal como lo señala la norma. Se trata entonces de una “cláusula abierta”. Así la califica la doctrina. Abre todas las puertas necesarias para proteger a las víctimas. Es preciso advertir que de ninguna manera la firma de un convenio especial conduce o produce el reconocimiento de beligerancia del grupo insurgente con el que se celebra el acuerdo.

A este respecto recordemos que el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra señala de forma expresa que la aplicación del Derecho Internacional Humanitario “no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”. Igualmente, el artículo 3.1 del Protocolo II indica con total precisión que no podrá invocarse el Protocolo para “menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que le incumbe de mantener o restablecer la ley…”.

Es claro que, para ser objeto y sujeto de aplicación el artículo 3° común a los convenios de Ginebra y el Protocolo II se requiere encajar en unos presupuestos determinados; y ellos se dan cuando se satisface lo que señala el artículo 3° común a los convenios propiamente, es decir, en tratándose de un “...caso de conflicto armado que no sea de índole internacional...”. El alcance de éste concepto lo explica el Protocolo II cuando señala en su artículo 1-1 que los tratados y el Protocolo se aplican cuando en el territorio se desarrollen conflictos armados entre las “fuerzas armadas [se refiere a las del país] y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mandato responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas...”.

Sin duda alguna, el hecho de éste reconocimiento del conflicto armado para favorecer a las víctimas del mismo, y su fundamento legal y constitucional, servirá para contribuir al debate acerca de la posibilidad de que en Colombia, en esta etapa de las conversaciones, en la cual parece muy distante un acuerdo sobre el mejor camino para refrendación, la concentración y la desmovilización de la guerrilla, se explore hacerlo de manera concertada mediante la firma de acuerdos especiales con las FARC; lo anterior con el propósito humanitario de beneficiar a la población civil, quienes son el objeto y beneficiarios de los acuerdos de La Habana y quienes sufren con las acciones armadas, y también aliviar el peso de la guerra a los propios actores armados.

Imponer tanto el mecanismo de refrendación, como la delimitación de zonas de concentración de las guerrillas y el mecanismo de implementación de lo acordado por fuera de la mesa de La Habana, es un mal mensaje que puede llevar a graves equivocaciones.

El acuerdo especial firmado en La Habana en el marco del bloque de constitucionalidad que permite refrendar, concentrar y desmovilizar la guerrilla, y asegura un camino para la implementación mediante un acuerdo político, es el mejor camino en el marco del actual ordenamiento constitucional para implementar y llevar a cabo las reformas necesarias para poner en funcionamiento el posconflicto. Este es un gran paso necesario para consolidar la paz que tanto requiere nuestro pueblo.

De otro lado, es preciso señalar, que después de estudiar detenidamente los acuerdos de La Habana en materia de asuntos agrarios, participación política, narcotráfico, y reparación de víctimas, no debe caber la menor duda, que es necesario reformar la constitución para implementar algunos de los acuerdos.
De allí, que en el marco de la implementación de un convenio especial entre el gobierno y la guerrilla para la concentración de sus hombres y un cese bilateral del fuego, y de un acuerdo político entre los diversos factores reales de poder para la implementación de los pactos de La Habana, en un futuro muy cercano será necesario hablar de una Asamblea Nacional Constituyente de manera particular para el desarrollo de algunos temas, entre ellos, el de la participación política. Asunto de gran magnitud que requiere el país, como quiera que pocos congresistas actualmente están dispuestos o tienen voluntad política para tramitar vía legislativa un proyecto de ley de reforma política en el cual puedan ellos perder parte de sus dadivas y canonjías políticas clientelares: A ellos hay que modificarlos, pues por iniciativa propia no estarán dispuestos a modificarse.

De todos es sabido, que a los políticos tradicionales les cabe gran parte de la responsabilidad de la violencia política por el ejercicio continuado de una relación histórica conflictiva entre la violencia y el bipartidismo que ha cumplido una función desestructurante, y se ha expresado como un soporte en el desarrollo y ejercicio del poder político por parte de las elites con miras a mantener el dominio paritario bipartidista de los dos grandes partidos históricos. Esta relación ha implicado, entre otras cosas, la obstrucción de procesos políticos alternativos de las llamadas terceras fuerzas políticas; bien sea, en unos casos, por la vía de la violencia directa liquidando al adversario por factores político-partidistas, (caso UP) y en otros, por la vía de la adscripción mediante mecanismos de cooptación clientelar de estos procesos políticos alternativos hacia el modelo excluyente de la hegemonía paritaria dominante.

Ahora bien, del texto de los acuerdos firmados en La Habana también se desprende la posibilidad de la implementación de algunos de ellos a través de reformas mediante mecanismos propios de la competencia del poder ejecutivo y legislativo y aún de la propia iniciativa popular legislativa, que bien se podrían hacer por la vía de proyectos de ley, en tanto son reformas que no requieren un mecanismo constituyente. De la misma manera, hay otros temas acordados en La Habana, que por su naturaleza podrían ser implementados mediante un referendo aprobatorio.

Es decir, nuestra constitución no solo tiene los mecanismos expeditos para refrendar los acuerdos sino también para implementar lo acordado en La Habana a través de varios caminos constitucionales al mismo tiempo, sin necesidad de que nos rompamos las vestiduras. De lo pactado en La Habana no todo es necesariamente objeto de una implementación a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y no todo lo acordado podría ser zanjado a través del Congreso, ni mucho menos, todo deberá ser implementado mediante referendos. Cada tema acordado en Cuba tiene una naturaleza específica y diferente y deberá ser adecuado a la mejor forma para darle el trámite legislativo pertinente a fin de convertirlo en política pública. Acá no hay nada de principios que sea de vida o muerte.

Lo que se requería era desplegar una gran imaginación jurídica y política a fin de encontrar la mejor forma para refrendar, legitimar e implementar lo acordado por los diferentes caminos que se tienen hoy día en el ordenamiento constitucional y supraconstitucional, y hacer de esta manera, que el propósito de la paz, sea el gran propósito de la nación para el siglo XXI. Lo acordado en La Habana despeja el camino.

Edición 494 – Semana del 13 al 19 de Mayo de 2016
SEMANARIO VIRTUAL CAJA DE HERRAMIENTAS

REPRESIÓN CONTRA PRESOS DE PALOGORDO EN DESOBEDIENCIA PACÍFICA

lunes, 16 de mayo de 2016

 El día de hoy 16 de mayo, el colectivo de presos políticos de la prisión de Palogordo, en Girón, Santander; denuncia represión contra los internos que adelantan una desobediencia pacífica al interior de la cárcel, que ya cumple 15 días y en la cual participan tres patios.

Según informan de manera telefónica, han sido represaliados sin ninguna justificación los internos de los patios 6 y 7; además se prevé que el siguiente patio atacado será el 3 puesto que es el único que falta de los tres en desobediencia. Se dice que no hay justificación para la represión puesto que la jornada ha sido pacífica totalmente. El patio 3 es el de los presos políticos, quienes permanentemente han luchado por unas condiciones mínimas y dignas de reclusión, lucha que adelantan especialmente a través del Movimiento Nacional Carcelario.


En el patio 6 se produjo un ataque con gas lacrimógeno, irregularidad evidente ya que ese armamento no debe ser usado en espacios pequeños y cerrados, si acaso se quiere mantener como de letalidad “reducida”. Después del ataque con gas, fueron extraídos seis presos y posteriormente llevados al calabozo conocido como UTE. Entre los seis extraídos se halla Vidal Manosalva Niño, preso político y representante de ddhh en el patio.


Ha de recordarse que el motivo de la desobediencia pacífica es la carencia total del servicio de salud en esa cárcel, lo cual es ilegal, inconstitucional e inhumano. Para ampliar sobre el particular ver:
· Detenidos de la cárcel de Palogordo en desobediencia pacifica por falta de atención en salud. Mayo dos de 2016: http://derechodelpueblo.blogspot.com.co/…/detenidos-de-la-c….
· Ocho meses sin salud en cárcel de Palogordo. Mayo cinco de 2016: http://derechodelpueblo.blogspot.com.co/…/ocho-meses-sin-sa….
A continuación se trascribe el comunicado elaborado por los mismos reclusos.


COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA


Los presos políticos y sociales de la cárcel de Palogordo – Girón, denunciamos que desde hace quince días, el dos de mayo, se dio inicio a una desobediencia pacífica para exigir solución a la grave crisis de salud. Hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta alguna de parte del Estado colombiano. Igualmente informamos que continuaremos con la jornada por cuanto el Gobierno Nacional no ha prestado atención a nuestra protesta mientras los presos seguimos padeciendo la falta de atención en servicio de salud, se incrementa el hacinamiento y continúan los tratos crueles e inhumanos al interior del este centro carcelario.
No es justo desde ningún punto de vista que, mientras a nosotros nos obligan a cumplir reglamentos y nos juzgaron bajo el argumento de no cumplir la ley, sea el mismo Estado el que viola la ley conculcando de manera fragante y sistemática los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y la Constitución Política.


Exigimos del Estado una correspondencia real entre nuestros deberes y nuestros derechos. Exigimos de la misma manera se restablezcan nuestros derechos a la vida, la dignidad, la salud y tantos otros que vienen siendo conculcados por parte del Inpec y demás instituciones del Estado.


Hemos agotadas todas las instancias legales: derechos de petición, tutelas, desacatos, alertas tempranas y denuncias públicas y NADA, solo indolencia e inacción estatal. Responsabilizamos al Gobierno Nacional por cualquier situación que le suceda a nuestra integridad y a nuestras vidas. Los presos de Colombia estamos muriendo lentamente a pesar de que no existe pena de muerte en su ordenamiento jurídico. Al término de la tarde del día de hoy, el cuerpo de vigilancia del Inpec han tomado medidas represivas contra los presos de los patios siete y seis; previéndose que ocurra lo mismo en el patio de tres de presos políticos. Hacemos un llamado para que nuestras peticiones sean atendidas de manera inmediata, de lo contrario continuaremos en jornada de desobediencia pacífica hasta que la crisis de la salud se resuelva de manera integral. 


“Salud, justicia y dignidad para los Presos de Colombia”
16 de mayo de 2016, Palogordo, Santander.

Presos Políticos y Sociales de Palogordo - Girón
Movimiento Nacional Carcelario

FRACASO EL ACUERDO DE LA TRAMACUA? O HAY UNA DELIBERADA Y SISTEMATICA POLITICA DEL INPEC DE VIOLACION DE LOS DDHH?

Por: Wldarico Flórez-Peña
Presidente
Brigada Jurídica
EDUARDO UMAÑA MENDOZA

Cuando el pueblo Colombiano se apresta al cierre definitivo del conflicto social y armado de más de 6 décadas, las directivas del INPEC, a nivel nacional desarrollan una ofensiva represiva contra los prisioneros políticos y sociales en todas las cárceles y penitenciarios del país.

El pasado 19 de marzo de 2016, con la presencia de los congresista ANGELA ROBLEDO, ALIRIO URIBE, VICTOR CORREA, ALBERTO CASTILLA E IVAN CEPEDA CASTRO, firmaron un acuerdo para levantar la huelga de hambre que realizaban los prisioneros desde el 23 de febrero, de ese Centro de torturas.

Los puntos que se acordaron fueron: Se autorizó acondicionar el área para que tenga un sistema de almacenamiento de agua, uso de toldillo, de equipos de radio, modificar horarios de visita para todo el día, prolongar el de visita conyugal a dos horas y cambiar el uniforme para uno con material acorde al clima y desde luego no tomar represalias contra los prisioneros que participaron en la huelga.

A pesar que la Corte Constitucional le había ordenado al Tribunal administrativo del Cesar informar en un plazo de 10 días las medidas adoptadas, para garantizar el cumplimiento de la sentencia T-282 de 2014, que advertía el inminente cierre de la Tramacua, sino se solucionaba las condiciones de hacinamiento, violación de derechos humanos, torturas y salubridad entre otros.

Pero luego de firmado el acuerdo las Directivas del INPEC, han desatado una violenta represión contra los prisioneros, con traslados por “indisciplina”, denuncias penales, procesos disciplinarios y movimientos sospechosos y de peligro como los casos de CARLOS ALBERTO MONDRAGON SANCHEZ, TD. No. 5109 a la Torre 5, NELSON PALACIO HINESTROZA, T.D. No. 2968 a la torre 4 y el confinamiento en una UTE (Unidad de Torturas Especiales), a uno de los voceros de la Huelga compañero JAVIER PICO T.D. No. 7332 entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Igualmente sucede en otras cárceles y penitenciarias del país como Doña Juana en la Dorada –Caldas, Palo Gordo en Girón- Santander, Jamundi. Valle del Cauca, Cúcuta- Norte de Santander entre otras.
Los abogados y defensores de DDHH, hemos venido alertando desde hace mucho tiempo sobre esta situación reiterada por parte de las directivas del INPEC, su cuerpo de custodia y grupos especializados como el CORES (comando operativo de remisiones) GRI (Grupo de reacción inmediata), que son verdaderos dispositivos de torturas y violaciones a los DDHH; implementación que se realizo y se controla con el apoyo del Buro Federal de Prisiones de los EEUU.

También hemos venido trabajando en un Dossier que será presentado a la JEP (Jurisdicción especial para la Paz), ante tanta impunidad que se presenta con las denuncias penales, disciplinarias y administrativas contra el INPEC y sus funcionarios, que se extralimitan en sus funciones o son emisivos en esas prácticas de torturas y violaciones a los DDHH, donde existen gravísimas responsabilidades.

La situación de incumplimiento por parte de las Directivas del INPEC, en Valledupar nos demuestra que ese no es el modelo a seguir en la lucha por los DDHH y el cierre de ese establecimiento de torturas la “Guantánamo Colombiana”. Debe de haber un fuerte debate contra el actual Director Brigadier General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON, el Ministro de Justicia, para replantear toda la estructura militarista y represiva del INPEC, ya que esta no se ajusta a la posible firma de un acuerdo de paz en la Habana -.Cuba, debe pensarse inmediatamente en el nombramiento de un civil en esa institución y en los posible tramitar su liquidación en un futuro inmediato.

A pesar que se ha decretado recientemente expedido por el Min justicia, es insuficiente, como lo considera la Defensoría del pueblo, cuando ha debido ser más amplio que permita modificar el actual sistema de salud entre otros. Pues ha debido expedirse un decreto que declarara una emergencia social carcelaria, que permita adoptar decisiones de fondo para darle soluciones a los problemas que aquejan a los prisioneros.
Por lo pronto apoyamos y coadyuvamos la petición de los internos para que la Defensoría interponga una acción de cumplimiento frente a los compromisos de la Tramacua.

Se debe establecer una verdadera política criminal, que respete los DDHH y garantías de las personas privadas de la libertad, y establecer verdaderas políticas públicas y acciones del estado para superar el viejo estado de cosas inconstitucionales que dijo la Honorable Corte Constitucional en su sentencia T-153 de 1998.

Mayo 17 de 2016
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Año de la Amnistía e Indulto!

GRAVE SITUACIÓN EN COMBITA BOYACA Y EL BARNE

Los presos políticos de Combita y el Barne-Boyacá, se encuentran en estos momentos en una grave situación de alimentación y salud, por la negligencia de su Director y la entidad encargada de suministrarles los alimentos.
En el día de hoy NO les han suministrado sus alimentos, poniendo en riesgo la vida de compañeros que padecen enfermedades de ulceras y desnutrición. La misma situación se presenta con la prestación del servicio de salud que es prácticamente nulo.
MAURICIO PINTO BALAGUERA, líder de presos políticos del patio 1 de Combita, nos informó que sus derechos humanos son pisoteados todos los días con los tratos crueles e inhumanos que se les da a los presos políticos, han mantenerlos en un estado de cosas inconstitucionales, que asombran a cualquier defensor de DDHH.
Hacen un llamado a la Defensoría del pueblo, a la comisión de DDHH del Congreso de la República y demás organismos legales y ONG, para que actúen con carácter URGENTE.
Solicitan finalmente que se realice una visita a Combita y el Barne, donde tiene a toda la población carcelaria como si fuera un campo de concentración a pura física hambre.

Mayo 17 de 2016.

HUELGA DE HAMBRE DE PRESOS DE PALOGORDO - INPEC CASTIGA CON AISLAMIENTO A VOCERO DE LOS PRESOS

martes, 17 de mayo de 2016

Los presos de la cárcel de Palogordo - Girón informamos que hemos sido fuertemente reprimidos por el la guardia del Inpec, ciendo encerrados en nuestras celdas desde la noche de ayer (16 de mayo) por reclamar nuestros Derechos Fundamentales; vulnerados por el Estado colombiano.

Tal como lo informamos en el comunicado anterior, el día de ayer la Guardia, en uso desmedido de la fuerza maltrató a los presos políticos y sociales del los pabellones tres, seis y siete. De manera arbitraria, los presos Políticos del patio seis VIDAL MANOSALVA NIÑO y RAMON ELI CLARO, junto con los presos sociales WILSON HINCAPIE y otros dos, fueron conducidos a Unidad de Tratamiento Especial –UTE-, que no más , que una celda de castigo donde en condiciones inhumanas se aisla a los presos por reclamar sus derechos.

La protesta que se viene adelantando por la falta del servicio de salud, por el hacinamiento y la pésima alimentación obtuvo como única respuesta la represión propio de las más grandes y nefastas dictaduras; permanenciendo en este momento es condiciones similiares a las sufridas por miles de seres humanos en los campos de concentración nazi.

En el día de ayer (16-05-16) el Teniente ROA y la Subdirectora VALENTINA RODRIGUEZ ANGARITA nos prometieron una reunión para solucionar la grave crisis humanitaria; sin que hasta el momento se haya cumplido. No es justo que un Estado que se ufana de democrático utilice la fuerza de manera desmedida, permitiendo que los reclusos del país vivan peor que animales. Alguno de los compañeros que representaban a los pabellones como Defensores de Derechos Humanos fueron aislados y maltratados. Esa es la salud y los programas reinserción social que en el inpec le brinda la población privada de la libertad.

Hemos agotado todos los recursos e instancias legales sin recibir solución. Hemos exigido en manifestación pacífica el respeto a nuestro derechos como seres humanos; recibiendo solo represión.

Exigimos del Estado respuesta pronta a nuestra crisis. De igual modo responsabilizamos al Estado por cualquier situación que ponga en riesgo nuestra integridad y nuestra vida.

Hoy en vista de las medidas tomadas por el Inpec nos declaramos en huelga de hambre indefinida hasta no ser escuchados por una comisión del Alto Gobierno.
Palogordo, 17 de mayo de 2016


PRESOS SOCIALES Y POLITICOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

domingo, 15 de mayo de 2016

LOS DIALOGOS DE LA HABANA Y LA LEY DE AMNISTÍA AMPLIA Y GENEROSA PARA LOS PRISIONEROS POLÍTICOS Y DE GUERRA

Por: WLDARICO FLOREZ PEÑA
Presidente
Fundación Brigada Jurídica “Eduardo Umaña Mendoza”

Históricamente en el marco del conflicto armado colombiano de los últimos 50 años, el Estado colombiano ha expedido amnistías o indultos en relación con los delitos políticos, entendidos como una expresión del legítimo derecho a la resistencia contra la opresión, consagrado incluso en el preámbulo de la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas de 1948.
El conflicto armado y el derecho internacional humanitario nos abren las puertas para que en los diálogos de la Habana que adelanta el Estado colombiano con las FARC-EP en el punto quinto de dicha agenda, se discuta y llegue a la conclusión para que el Estado colombiano a través de su gobierno actual de Juan Manuel Santos Calderón, expida una ley de amnistía amplia y generosa para los prisioneros políticos y de guerra.

ALGUNOS ANTECEDENTES

El artículo 6 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra establece el deber de las autoridades de procurar las “amnistías más amplias posibles”. Antes de cuestionar esta posibilidad debemos dar una mirada retrospectiva a los procesos de paz más relevantes en la historia colombiana en donde la amnistía y el indulto han sido la constante.
En octubre de 1953 se produjo una amnistía general a todos los miembros de las guerrillas liberales de los llanos orientales (aproximadamente 7.000) lideradas por Guadalupe Salcedo. Los llaneros se desarmaron a cambio de una “amnistía nacional” ofrecida por el general Gustavo Rojas Pinilla. A pesar de ello, muchos líderes de dicha guerrilla fueron asesinados, entre ellos Guadalupe Salcedo.
En 1982, Belisario Betancur sancionó la Ley 35 “Por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz”. En ella se otorgaba la amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos antes de su vigencia. En 1984 se crea, con el acuerdo de la Uribe (Meta), la Unión Patriótica, exterminada casi en su totalidad.
En 1985, el Gobierno expidió una ley de indulto con base en la facultad que le confería el artículo 119 de la Constitución de 1886 y que benefició a los integrantes del M-19 condenados en las cárceles del país. La ley concedía indulto a quienes habían sido condenados por “rebelión, sedición y asonada” y delitos conexos, con excepción del secuestro, la extorsión o “el homicidio fuera de combate”.
Entre 1990 y 1991, se dieron varios procesos de paz con grupos guerrilleros: el M-19, el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado “Quintín Lame” (MAQL). Dichos procesos de paz tuvieron como marco jurídico la Ley 77 de 1989 y el decreto 213 que establecieron las condiciones para el indulto y la cesación de procesos de los integrantes de los grupos guerrilleros, solo para delitos políticos y conexos pero quedaron por fuera los atroces, como los homicidios fuera de combate o el terrorismo, así ellos tuviesen intencionalidad política. Luego de la desmovilización de estos grupos muchos de sus integrantes fueron asesinados, entre otros el candidato a la presidencia Carlos Pizarro.

Pero para entender esta propuesta debemos de remontarnos a los orígenes del conflicto interno en Colombia, pues si se trabaja en la Comisión sobre la verdad histórica del conflicto en cuanto a sus causas, llegamos a la conclusión que incluso desde los inicios de la vida república de nuestro país hemos vivido largos periodos de violencia y guerras hasta nuestros días.
En ese sentido, se han desarrollado varios procesos de paz en el siglo XX, se generó un conflicto entre los radicales y republicanos en torno al control del poder y posteriormente grandes enfrentamientos bélicos como la guerra de los mil días; pero lo importante a destacar es que estos conflictos terminaron con amnistías e indultos a favor de los prisioneros o insurgentes.
Algunos pensarán que las amnistías y los indultos están proscritos desde la creación de la corte penal internacional, pero como lo afirmó el fiscal Montealegre, lo que prohíbe el derecho internacional son las "autoamnistías o las amnistías que no tengan en cuenta la reconstrucción de la verdad o la reparación". Es más, en el contexto de los mecanismos de justicia transicional, como lo establecen los protocolos de Ginebra, al final de un conflicto se puede conceder las “amnistías más amplias posibles".
Tengamos en cuenta que el artículo 3 común de los convenios de Ginebra permite el otorgamiento de amnistías en los siguientes términos:
- No se dictara pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 años de edad en el momento de la infracción, ni se ejecutara en las mujeres encinta ni en los niños de corta edad.
- A la cesación de las hostilidades las autoridades en el poder procuraran conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.
Por otra parte, se protege de manera muy especial a los niños y a las personas privadas de la libertad. Los niños recibirán los cuidados y la ayuda que necesiten, tendrán derecho a la educación y los menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados ni se les permitirá que participen en las hostilidades. Las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto recibirán un trato humanitario y gozaran de alimentación, disfrutaran de garantías de salubridad e higiene, podrán practicar su religión y serán objeto de exámenes médicos, a recibir socorros como a enviar y recibir correspondencia; los lugares de internamiento y detención de los hombres deben ser diferentes a los de las mujeres y no deberán situarse en la a proximidad de las zonas de combate.
Lo que pretendemos con este artículo es darle sentido y aplicabilidad al derecho internacional humanitario en Colombia, como un instrumento para limitar los estragos de la guerra y facilitar las salidas negociadas y el respeto por la dignidad humana; para imponer a las partes en conflicto obligaciones humanitarias que sean compatibles con las necesidades de la guerra, cuya finalidad es facilitar el dialogo, porque evita que la guerra se desborde y deje de ser un arbitraje por las armas de conflictos políticos.
El presidente debe hacer saber que a través del Congreso de la República se presente un proyecto, se discuta, se apruebe y sea sancionada una ley general amplia y generosa de amnistía para los prisioneros políticos y de guerra. Que sea clara en que tipos de delitos se amnistía y desde que época teniendo en cuenta los orígenes del conflicto; desde luego que tendrá también la comunidad internacional que discutir y excluir a las FARC-EP como una organización terrorista por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos.
Deberán haber disposiciones transitorias tal como se efectuó en la constitución política de 1991 para permitir y facilitar la participación política de organizaciones insurgentes, sociales, nuevos partidos y movimientos políticos y se deberán derogar en una disposición final todas las leyes y demás disposiciones que se opongan al cumplimiento de la LEY GENERAL DE AMNISTÍA AMPLIA Y GENEROSA PARA LOS PRISIONEROS POLÍTICOS Y DE GUERRA, que comenzara a regir desde la fecha de su publicación.
Algunas propuestas y opiniones como la expuesta por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien en días pasados afirmó que para futuros procesos de paz era necesario “conceder las amnistías más amplias posibles”; lo que ha generado una desbandada de opiniones a favor y en contra. Esta clase de argumentos, como los del Fiscal General, se acercan más a la necesidad de paz, en donde deben flexibilizarse las penas; incluso desde una figura como la amnistía o el indulto para quienes han cometido actos de barbarie y delitos de lesa humanidad. Esta postura está en línea con el bien común y supremo de la paz.

ALGUNAS PROPUESTAS

Para empezar a generar confianza en esta propuesta, el Gobierno nacional puede facilitar en la discusión del último punto de la agenda de los diálogos de la Habana, la participación de un prisionero de guerra como es el caso de SIMON TRINIDAD e incluso otros prisioneros de guerra que lideran en las cárceles colombianas el Movimiento Nacional Carcelario MNC, ya que su opinión será de gran valor histórico para entender el problema carcelario colombiano que se ha caracterizado por aumento en las detenciones políticas y en la militarización del sistema penitenciario.
Otros aspectos de esta experiencia son el incremento en el hacinamiento, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las condiciones insalubres e infrahumanas en que están los prisioneros políticos y de guerra.
También el Gobierno nacional podrá realizar la liberación de los prisioneros más enfermos aplicando un mínimum humanitario a través del artículo 3 común de los convenios de Ginebra y el DIH, entre otros instrumentos que le permiten al Estado tomar estas decisiones humanitarias.
La amnistía deberá aplicarse a aquellos casos en los que aún no ha habido pronunciamiento (puede ser a través de la figura de cesación de procedimiento o autos inhibitorios) por parte de las autoridades judiciales, sobre todo despenalizando la protesta social y popular, dado que muchos de los prisioneros políticos son dirigentes sociales, populares, sindicales, estudiantes, académicos, campesinos entre otros, que deben ser amnistiados ya que contra ellos se han montado expedientes, falsos positivos judiciales e incluso también han sido sindicados como terroristas.
El indulto debe ser para aquellos prisioneros políticos y de guerra que ya han sido condenados con sentencias en firme y debidamente ejecutoriadas; para lo cual se podrá crear un Tribunal Especial que será el encargado para estos efectos.
Los prisioneros políticos y de guerra amnistiado o indultados deberán ser protegidos para que no se repitan las masacres como el caso de GUADALUPE SALCEDO, CARLOS PIZARRO y numerosos guerrilleros que han caído víctimas de asesinatos; podrán crear partidos y movimientos y participar en política y gozaran de todas las garantías constitucionales y legales para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Deberá haber una presencia activa de la comunidad internacional.
Las amnistías e indultos que se profieran deberán ir acompañadas de los puntos acordados y ratificados de los diálogos de la Habana por el pueblo colombiano, con las propuestas estructurales en lo político, económico y social para no caer nuevamente en un fracaso y avanzar hacia una nueva Colombia en Paz.

CONTINUA HUELGA DE HAMBRE EN LA DORADA CALDAS

Nosotros los prisioneros recluidos en EPAMS de la Dorada, Caldas, comunicamos a la opinión pública en general y a la comunidad internacional que aún continuamos firmes y consecuentes en la huelga de hambre indefinida, la cual inicio el 30 de abril del presente año, pues después de 12 días que llevamos en huelga el gobierno nacional no ha querido dar soluciones de fondo a la grave crisis de salud, hacinamiento y vulneración de los derechos humanos fundamentales a las que somos sometidos todas las reclusos y reclusas en Colombia.
No más pañitos de agua tibia
Lo único que el gobierno en cabeza del ministro de justicia ha hecho es declarar una emergencia carcelaria que en nada ayuda a dar soluciones profundas a la grave situación que actualmente atravesamos los prisioneros en Colombia. Pues la emergencia carcelaria solo serviría para hacer algunos planes de choque, o sea, endilgarle nuevamente la responsabilidad al INPEC, es como hacer un nuevo intento a querer tapar el sol con un dedo, lo que en realidad necesita la población reclusa es que se decrete la emergencia social carcelaria para dar solucionas profundas al hacinamiento tan grande, la falta de medicamentos y la falta de una óptima atención médica.
¿Qué paso con el presupuesto asignado para la salud? Además la solución no es hacer más cárceles
El día 5 y 6 de mayo sostuvimos reunión con algunos entes pero enviaron delegados y no hubo solución. Requerimos la presencia de una delegación convocada con poder de decisión, de la cual hace parte el Director General del INPEC, el Ministro de Justicia y la Dra. Marcela Abadia, Directora de Política Criminal del Estado.
No nos queda otro camino que continuar con la huelga de hambre indefinida hasta que seamos escuchados y se restablezcan totalmente nuestros derechos fundamentales, vamos hasta las últimas consecuencias, Preferimos morir dignamente que morir por la omisión y la negligencia del estado colombiano.
A los medios de comunicación en general anunciamos que estamos abiertos al diálogo y a la concertación.
Convocamos a las demás cárceles y penitenciarias, internas e internos del país para que se unan y reclamen el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos y la vida digna, dejando claro que la población reclusa que no esté siendo atropellada y olvidada por el Estado colombiano puede hacer claro omiso a este anuncio; teniendo en cuanta que dos de los puntos del pliego de peticiones son que se decrete la emergencia social carcelaria y se instale la mesa de concertación con voceros de los presos en general para ser tenidos en cuenta para una rebaja de penas.
Atentamente,
PRESOS POLÍTICOS
Penitenciaria Doña Juana
La Dorada Caldas

MÚLTIPLES DENUNCIAS Y CRISIS EN LA CÁRCEL DE PALMIRA

Los reclusos de la cárcel de Palmira, en el Valle del Cauca, han redactado una denuncia formal extremadamente grave, los dos puntos principales de la denuncia tratan de la carencia total del servicio de salud y las arbitrariedades que sufren en la ejecución de sus penas.
Primero que todo los presos aclaran que la situación más grave es la que vive el Patio B, solamente allá se reportan seis casos de tutelas ganadas por el derecho fundamental a la salud pero ninguna de ellas es cumplida, ni siquiera con la interposición de los respectivos incidentes de desacato, ello se hizo en todos los casos y tampoco así hay respuesta. Esta irregularidad demuestra un fallo en el Estado Social de Derecho, es inaceptable que el poder ejecutivo ignore lo que manda correctamente la rama judicial, que ha dictado sentencias donde declara el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, lo cual es extraordinariamente grave en términos jurídicos, y que ha dictado sentencias para esos seis casos específicos. Ninguna ha sido cumplida, ni la sentencia T-388 de 2013 que aborda el problema desde una perspectiva sistémica y estructural, ni tampoco las sentencias individuales de los seis enfermos.
En segundo lugar se denuncia que otras nueve personas tienen tienen un delicado estado de salud, desde problemas respiratorios hasta circulatorios, desde dolores crónicos hasta gravísimas cuestiones odoltológicas, el Patio B parece el ala de un hospital.
Por último denuncian 12 casos de presuntas irregularidades por parte de los jueces de ejecución de penas que no les otorgan ningún beneficio legal ni administrativo a pesar de que se trata de reclusos que ya cumplieron los requisitos para obtenerlos. Sobre otra dependencia afirman los presos en su denuncia: "...la oficina jurídica quien no tramita las solicitudes enviadas por los internos para beneficios administrativos y libertades, durando hasta tres meses para responder; además, para dilatar las solicitudes envían documentación incompleta (a los jueces de ejecución de penas)"
Todos los detalles de los anteriormente descrito se hallan en la denuncia formal que los internos presentaron ante distintas autoridades y entes de control, a las cuales se les pide diligencia en el actuar pues varios casos comportan riesgo de vida.
A la ciudadanía y al movimiento popular de Colombia se le pide solidaridad con este caso específico tan grave y con todo el Movimiento Nacional Carcelario surgido en medio de la crisis y el estado de cosas inconstitucional merecidamente declarado por la Corte.

miércoles, 11 de mayo de 2016

AVANZA EL CASO CONTRA LOS 13 JOVENES PERSEGUIDOS POR LA JUSTICIA EN BOGOTA

Avanza el caso contra los 13 jóvenes perseguidos por la justicia en Bogotá
May 10, 2016
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Por Campaña Somos Dignidad

Por Campaña Somos Dignidad | 10 de mayo de 2016*-. Tras realizarse la Audiencia de formulación de acusación contra los 13 jóvenes, líderes y lideresas sociales y estudiantiles, involucrados falsamente el año pasado en la colocación de unos petardos en distintos puntos de Bogotá, quedó fijada la fecha para la Audiencia Preparatoria del Juicio.

El caso tuvo alto impacto político y mediático porque el presidente Santos asoció las detenciones a un golpe contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tras la demostración de irregularidades que afectaron el debido proceso y el derecho a la defensa, el 11 de septiembre de 2015 fueron puestos en libertad, aunque quedaron asociados a la investigación, ya no por supuestas vinculaciones con la insurgencia, sino por una protesta estudiantil en la Universidad Nacional que derivó en represión y enfrentamientos con la policía y el ESMAD.

Desde entonces, una serie de audiencias fallidas dilataron las definiciones, y la situación de los y las jóvenes pareció quedar en un limbo. El 1 de diciembre pasado, la jueza Irma Francisca Cifuentes Prieto, cuestionada por la defensa de los y las jóvenes por “prejuzgamiento”, dejó el caso, lo que modificó el destino de la causa. Desde entonces no hubo mayores novedades hasta el jueves 21 de abril, cuando se fijó fecha para la Audiencia Preparatoria del Juicio.


1 y 2 de agosto

La Audiencia de Acusación estaba prevista para extenderse por dos jornadas, pero agotó su agenda el jueves 21 de abril. Allí la Fiscalía revisó el contenido de su escrito tal cual había sido presentado meses atrás, sin aportar modificaciones, y de esta manera quedó formalizada la acusación.

El siguiente paso será la realización de la Audiencia Preparatoria del Juicio, donde se establecerán las bases de la acusación y las defensas. Las fechas fijadas para que eso suceda son los días 1 y 2 de agosto.

Otra instancia que deberá realizarse y aún no tiene fecha es una nueva Audiencia de Medida de Aseguramiento, en las que un juez de segunda instancia deberá definir si impone la detención intramural a los jóvenes judicializados o habilita que puedan seguir cursando el proceso en libertad, como sucede actualmente desde que el 11 de septiembre salieron de prisión.

Falsos Positivos Judiciales para reprimir la movilización social

La situación de “lxs 13” es parte de los tantos casos que ponen en cuestión el accionar de la Justicia contra líderes y lideresas del movimiento social. La repercusión nacional que tuvo generó un rechazo unánime de parte de los organismos de derechos humanos, sectores sociales, políticos, académicos y religiosos que caracterizaron el hecho como un “Falso Positivo Judicial”.

Alberto Castilla, senador del Polo Democrático Alternativo – PDA – y referente del movimiento campesino, al momento de las detenciones denunció este hecho como un caso de persecución al conjunto de las protestas sociales: “Junto a la Cumbre Agraria venimos denunciando la sistemática persecución al movimiento social colombiano, que se reactiva en contextos como éste”, explicó, y exigió “garantías al Gobierno Nacional”.


Solidaridad

Después de las primeras y graves denuncias públicas que se demostraron inconsistentes, el presidente Juan Manuel Santos no volvió a referirse al caso, que quedó recluido a las audiencias y dilaciones del proceso judicial. Mientras los jóvenes estuvieron privados de su libertad, la movilización social, las denuncias y las campañas por su libertad, en Colombia y en el exterior, fueron muy potentes. La intensidad de las protestas mermó cuando la totalidad de las y los detenidos recuperaron su libertad en el mes de septiembre de 2015. Sin embargo, la amenaza aún latente de que la situación jurídica pudiera complicarse a partir del juicio, mantiene en alerta al conjunto del movimiento social. A esto se le suma el hecho de que el aparato paramilitar continúa amenazando y atacando a sus líderes y lideresas, lo que representa para estos jóvenes, sus familias y sus procesos, un peligro inmanente.

Desde la Campaña Somos Dignidad tomamos este caso, junto al de otros referentes del movimiento social y del pensamiento crítico injustamente perseguidos, como el profesor Miguel Ángel Beltrán, el líder indígena Feliciano Valencia, las y los estudiantes del caso Lebrija y las recientes detenciones de 4 estudiantes de la Universidad de Antioquia, entre otros casos de persecución y agresión políticas, como banderas de lucha para que se cumplan las garantías procesales, se respeten los derechos de los líderes y lideresas sociales perseguidos por la Justicia y se logre su definitiva y pronta liberación. Exigimos, así mismo, que cesen las agresiones permanentes por parte del paramilitarismo que han cobrado la vida de muchos hombres y mujeres constructores de paz en lo corrido del año, así como los pasados atentados contra Imelda Daza, lideresa de la Unión Patriótica, casos recientes que confirman que las estructuras paramilitares siguen vigentes y fortaleciéndose en las regiones, constituyendo un claro obstáculo para la construcción de la paz y la democracia en el país.

10 de mayo de 2016
¡Somos Dignidad!
Campaña permanente contra la persecución al movimiento social

INFORME REUNIÓN DE MESA DE INTERLOCUCIÓN (comunicado)

El pasado jueves 5 de mayo del año en curso, se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de Interlocución con los Presos Políticos sobre el tema Salud, coordinada por el Departamento de Política Criminal del Ministerio de Justicia, para evaluar los avances en el proceso de atención y seguimiento de salud a los/as prisioneros/as políticos/as de guerra de las FARC-EP, que se encuentran en grave estado de salud en las diferentes cárceles y penitenciarias del país.

La reunión se inició con un informe presentado por SanidadINPEC en el cual se señala que ya se realizaron todas las valoraciones por Medicina General de los presos/as políticos/as que se encuentran en la lista general de enfermos que se dio a conocer desde las primeras reuniones de esta Mesa; y de la cual se generaron las respectivas interconsultas en los casos que hubo lugar. Sin embargo, se advierte que la atención con especialistas, actualmente se encuentra paralizada debido a dificultades en la contratación con hospitales, que como en el caso de El Tunal, se muestran reticentes a realizar las atenciones debido a incumplimientos anteriores por parte de la antigua CAPRECOM.

Como salida a éste impasse se vienen adelantando gestiones con el Alto Comisionado para la Paz y la Secretaría de Salud, para que a través de sus buenos oficios se logren cristalizar estas atenciones, a partir de concertar un acuerdo con los cuatro gerentes de hospitales de la Regional de Bogotá. Entre tanto continúan adelantando los procedimientos regulares para la generación de citas con los especialistas y se sigue dando respuesta a las tutelas por el derecho a la salud, todo ello bajo la vigilancia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

La doctora Luisa Fernanda Barón, como representante de la Fiduprevisora, y quien tiene a su cargo la coordinación de Servicios de salud en La Picota, complementa el informe precedente, anotando que pese a las dificultades, ha habido avances significativos en la atención de los presos politicos, y que se ha superado la fase de diagnóstico, al punto que cuenta con 27 pacientes nuevos, con autorizaciones para especialistas.
Por su parte la representante de Medicina Legal señala en su intervención que no ha podido dar curso a las evaluaciones de los cinco presos politicos que quedaron pendientes en el informe previo de éste organismo, dado que persisten los errores de información sobre los mismos, pues en algunos casos no hay certeza en qué centro penitenciario se encuentran; y, en otros no se ha logrado identificar con exactitud al paciente, debido a un problema de homónimos. Responsabilidad que, valga subrayar, es un problema administrativo de la dirección del INPEC.

Respecto al dictamen proferido recientemente por Medicina Legal, en relación al estado de salud del prisionero político Isaac Arias y que fundamentó la negativa de prisión intrahospitalaria al susodicho, se aclara que la solicitud de valoración fue oficiada desde el pasado 17 de febrero y se informa que será sometido a una nueva evaluación para el día 6 de mayo. Las reiteradas inasistencias en las actuaciones judiciales en contra de Isaac -que han impedido que hasta la fecha se le brinde la atención de salud que requiere con urgencia-, han motivado que la MAPP-OEA solicite una reunión con el Consejo de la Judicatura, con el propósito de buscar claridades al respecto.

La Defensoría del Pueblo en su informe sobre las gestiones realizadas ante los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, en las que se solicita se determine incompatibilidad de algunos presos politicos con confinacion intramural, por estado grave de salud, afirma que si bien han radicado varias solicitudes, cuya respuesta está a la espera, no han viabilizado otras peticiones por cuanto encuentran que el documento que debe fundamentar éstas denuncias, esto es, el informe sobre situación de cárceles elaborado por la MAPP-OEA, tiene un nivel de generalización muy alta, que no permite individualizar casos concretos y, por ende, no ofrece los argumentos necesarios para que los jueces puedan determinar la gravedad de la situación de los internos mencionados y actuar en consecuencia.

En ese sentido la representante de la Defensoría hace un llamado a los compañeros de la MAPP-OEA, para que enriquezcan sus conclusiones del informe e incluyan en él, una descripción detallada paso por paso, de las condiciones de habitabilidad que viven los peticionarios en sus respectivos centros de reclusión; observación que es recogida por el compañero de la MAPP-OEA. Fijando un plazo de quince días para su reelaboracion.

Aunque el delegado de la Procuraduría excusó su inasistencia a la reunión, hizo llegar un escrito donde se detalla la intervención realizada por éste organismo para garantizar el cumplimiento de pena con condiciones de dignidad a los prisioneros políticos que, hoy día, se hallan en delicado estado de salud. El informe, pese a su dilatada extensión, brilló por sus inexactitudes, imprecisiones y falta de rigor, por lo que no sorprendió que su conclusión general fuese que "de los sentenciados ninguno padece enfermedad grave, está en riesgo o requiere atención inmediata".

Como balance general, los voceros de los prisioneros políticos consideramos que la mesa se encuentra en una etapa de estancamiento, pero vemos con buenos ojos la intervención del Alto Comisionado de Paz, pues ella podría contribuir a desentrabar el problema de atención en salud. Al mismo tiempo insistimos en la necesidad de pasar de una fase de valoración y diagnóstico de los pacientes a la realización de intervenciones quirúrgicas a quienes así lo requieran.

Proponemos igualmente que la MAPP-OEA sirva de faciliradora ante la Secretaría de Salud, para dar salida a la problemática mencionada, mientras trabajamos en una propuesta integral de intervención en salud, propiciada desde los países amigos del proceso de paz.

En el tema de las "concentraciones" de los presos politicos, seguimos insistiendo en la necesidad de que los compañeros que aún permanecen en el ERON PICOTA, sean trasladados al patio 4 del penal y exhortamos -una vez más- a las directivas del INPEC para que haciendo uso de sus facultades discrecionales conferidas por la Ley 65/93 dispongan estos traslados, en atención a las delicadas condiciones de seguridad que vienen poniendo en riesgo la integridad física y moral de dichos reclusos. Mientras ésto ocurre, trasladamos esta alerta temprana a la Defensoría del Pueblo.

En esta misma dirección planteamos que los presos politicos de otros centros reclusorios del país que se hallen en estado grave de salud puedan ser concentrados en La Picota de Bogotá, en tanto se les adelanta el tratamiento médico adecuado. Por lo pronto asumimos el compromiso de elaborar un nuevo listado de compañeros presos politicos, que a nivel nacional requieren una atención inmediata, y cuya omisión podría tener consecuencias funestas en el corto plazo.

La representación de género en la vocería de los/as presos/as políticos/as fue otro tema abordado en la reunión, abriéndose la posibilidad que la Mesa se enriquezca con la presencia de prusioneras políticas del Buen Pastor, para lo cual el Ministerio de Justicia, conjuntamente con el INPEC, definirá cuál es el mecanismo idóneo para su materialización.

La reunión finalizó con una serie de denuncias que fueron recepcionadas por el Cónsul de DDHH para su trámite y que colocan al descubierto las prácticas corruptas de algunos miembro del cuerpo de custodia y vigilancia, como el dragoneante Nelson Malaver; la suspensión irregular del servicio de luz en horas de la noche por parte de los pabelloneros de turno; así como las irregularidades que siguen presentándose en el tema de alimentación y, particularmente, de las dietas, ésta última denuncia fue reforzada por el señor Director del COMEB PICOTA.

Por parte del Ministerio de Justicia, quedó el compromiso de formalizar la invitación a la Subdirección de la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios, USPEC, para que participe en la próxima reunión que se realizará el próximo 20 de mayo, donde aspiramos contar, también con representantes del Alto Comisionado de Paz, el Consejo Superior de la Judicatura y la gerencia de la Fiduprevisora.

Comisión de Voceros
Colectivo de Prisioneros Políticos de Guerra de las FARC-EP
Columna Domingo Biohó
Patio 4 COMEB PICOTA.
 

Prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP, Columna Domingo Biohó, patio 4 cárcel Picota Bogotá.

Mayo 08 del 2016.
Cárcel Picota Bogotá.

"Uso o aprovechamiento excesivo o indebido de algo o de alguien, en perjuicio propio o ajeno: abuso de poder".

los prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el sabotaje y abuso de poder a que estamos siendo sometidos en su conjunto los reclusos del patio #4 de la cárcel picota Bogotá.

El día de hoy 8 de mayo del 2016, (día de la madre), siendo las 15 horas, los pabelloneros de turno del patio 4: Jhon Sanchez y Hernando Chavez ingresaron al interior de los pasillos con 2 guardianes mas de otros patios -reconocido uno de apellido Segura- estando todavía nuestras visitas en ropa intima y abrieron puertas y cambuches faltando así al respeto de nuestras visitas atropellando su dignidad así como la de nuestros niños que tuvieron que presenciar tan bochornoso acto.

Desde hace varios días venimos denunciando de manera contundente el sabotaje, hostigamiento y provocación a la que nos esta sometiendo un sector de la guardia del INPEC, de esta cárcel en mención; consideramos esto como parte de la serie de agresiones que se han denunciado en otras cárceles del país que en determinado momento pueda desencadenar un choque que afecte la Mesa de Diálogos de Paz en La Habana, Cuba; ya que haciendo un análisis juicioso, encontramos los ataques a una guerrilla en tregua en diferentes partes del país, así que estos hechos no nos parecen simples casualidades o hechos aislados sino que esto obedece a un plan de sectores retardatarios, polítiqueros de extrema derecha que pretende con su accionar acabar el anhelo de paz de los colombianos. Este turno de la guardia (roja), ha dejado sin luz los pasillos impidiendo a los reos leer, escribir y demás actividades, demora las contadas haciendo requisas arbitrarias no autorizadas.

Los reclusos a los que estos guardias le irrespetaron su visita son:
Luis Eduardo Rivera Buitrago TD 83186 celda 30, nombre de la señora ...stefania lenis.
Jose miguel Avellaneda TD 80061 canbuche # 19 nombre de la señora sandra esperanza becerra.
Rafael Yesid Huertas Fierro, td 81108, pasillo 5 el guardia le abrio la puerta de la celda estando allí su visita.
Guillermo Beltrán Camacho td 42294, celda 107 pasillo 5 el guardia le abrio la celda y vio a su compañera en ropa interior.

Igualmente, y no conformes con ello frente a la celda 93, pasillo 5, fueron requisados delante de la visita los prisioneros: Juan Carlos Garay Chimby td 63267 y Daniel Macia Pachon td 58751.
Queremos hacer esta denuncia, así como poner de manifiesto una alerta temprana para ver si ponemos freno a estos deplorables y sucesivos hostigamientos que como ya dijimos tienen un objetivo de buscar el choque cosa que no han logrado.
Cordialmente.

Prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP, Columna Domingo Biohó, patio 4 cárcel Picota Bogotá.

jueves, 5 de mayo de 2016

OCHO MESES SIN SALUD EN CÁRCEL DE PALOGORDO COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

San Juan de Girón, cinco de mayo de 2016

Los privados de la libertad informamos ante a la opinión pública que nuestra vida se encuentra en riesgo inminente desde hace ocho meses que no contamos con un servicio continuo de salud lo cual viola sistemáticamente nuestros derechos fundamentales a la salud a la vida por supuesto a la dignidad.

Informamos de igual modo que el lunes dos de mayo hubo una reunión con las autoridades del penal, la personería y secretaria de Girón y las jueces tercera y cuarta de ejecución de penas de la ciudad de Bucaramanga; la respuesta que dieron a la crisis humanitaria es que esta permanecerá hasta el mes de agosto. En razón de lo anterior continuaremos de modo indefinido la protesta pacífica iniciada el dos de mayo y también informamos que de persistir esta grave crisis nos veremos obligados a recrudecer la forma de protesta.

Hacemos responsable al Estado colombiano en la actualidad de los enfermos de VIH, cáncer, diabetes, tuberculosis, riesgos cardiovasculares y otros que están a la deriva y cuyas vidas dependen de la irresponsabilidad del Estado.

Invitamos a la población colombiana a que se vincule por razones humanitarias a nuestras justas reclamaciones. No es justo lo que debemos soportar los seres humanos en las cárceles de Colombia.

Tenemos nuestras vidas en riesgo por la crisis en salud por el hacinamiento por la mala calidad en la alimentación el alto gobierno pase por alto esta realidad ay permita que esto siga sucediendo.

Presos de Girón, Santander.
Movimiento Nacional Carcelario.

domingo, 1 de mayo de 2016

CARTA DE MIGUEL ANGEL BELTRAN AL COMPAÑERO NICOLAS RODRIGUEZ BAUTISTA ( GABINO )

Bogotá, Marzo de 2016

Compañero Nicolás Rodríguez Bautista (Gabino)
Primer comandante del ELN

Reciba un cálido y fraternal saludo, desde el patio 4 de la Penitenciaria “La Picota”, sitio de reciente concentración de los prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP, así como de los presos de conciencia e integrantes de organizaciones sociales y de la academia, que hemos sido judicializados por el delito de pensar críticamente.
Resulta un verdadero privilegio poder contar con su mensaje solidario, pues somos conscientes que sus palabras nos llegan sorteando las inaplazables urgencias que imponen el día a día en los incesantes fragores de la guerra. Ellas constituyen un aliciente, que nos motiva a seguir adelante con nuestras luchas desde estos ignominiosos muros que infructuosamente pretenden doblegar nuestro ánimo y resistencia.
Valoro enormemente sus reflexiones y agradezco el honor que me brinda de ser el destinatario de las mismas porque, al igual que usted, estoy convencido que a través de la senda unitaria trazada por Camilo Torres, podremos congregar la fuerza necesaria que permita transformación de nuestras caducas estructuras políticas, económicas y sociales.
En esta tarea de sembrar las semillas para la construcción de la nueva Colombia, ha estado empeñado el pueblo colombiano en las últimas seis décadas, recurriendo a las diferentes vías, entre las cuales la lucha armada ha ocupado, sin duda, un lugar importante, pues a través de ella se ha librado una tenaz resistencia contra un estado ilegítimo que se ha mantenido en el poder, por la fuerza del terrorismo estatal y la aplicación incondicional de las políticas imperiales de los Estados Unidos.
Precisamente, desde sus inicios formales en 1965, el ELN represento el anhelo de una joven generación que, en el agitado contexto de los años sesenta, comprendió que esa tradición sanguinaria,despótica y dictatorial de la élite criolla en el poder no permitiría que los cambios sociales transitaran por un camino distinto al de la lucha armada.
El libro negro de la represión: Frente Nacional, 1958-1974, publicado por el comité de Solidaridad con los presos políticos y que la censura editorial redujo a una rareza bibliográfica, constituyen el más vivo testimonio de la violencia estatal en este periodo, la cual convirtió “enemigo interno” cualquier expresión de oposición política y social al régimen.
En las décadas siguientes, la criminalización de la protesta social, la utilización de la justicia como aparato de guerra, el desplazamiento forzado, las masacres selectivas e indiscriminadas, las ejecuciones extrajudiciales, y el exterminio de organizaciones político-legales como la Unión Patriótica, el Frente Popular y “A Luchar”, por cuenta de la violencia oficial, no hicieron otra cosa que fortalecer la opción armada.
Usted compañero Gabino, que siendo un adolescente ingreso al naciente ELN, conoce de primera mano y más que nadie, esta dolorosa realidad. Desde aquel cuatro de Julio de 1964, enque un grupo de estudiantes y campesinos del cual hacia parte usted, apertrechados con rudimentarias armas,iniciaron la marcha por un ideal de justicia y libertad, han transcurrido más de cincuenta años y, pese a las dificultades internas, los cercos y bombardeos militares, el trabajo de desinformación mediática, usted se ha mantenido allí con su actitud sacrificada, sencillez y humildad, a la cabeza de una organización que hoy se ha transformado en un verdadero movimiento social en armas al cual siguen vinculándose centenares de Jóvenes, dispuestos a entregar su vida por una justa causa.
No obstante lo anterior, la narrativa oficial sobre el conflicto colombiano ha reducido el análisis de la insurgencia armada a sus “errores”, “fracasos”, “derrotas” y su impacto negativo sobre la sociedad en su conjunto. Cualquier otra aproximación que se aparte de esta visión hegemónica es vista con sospecha, y en no pocos casos judicializada.
Preocupa aún más que esta visión haya permeado a un amplio sector de la academia que, amparado en una supuesta neutralidad valorativa, pretende subsumir la lucha armada, bajo las nociones mediáticas de “terrorismo”, “narcotráfico” o “bandas criminales” aduciendo en este último caso su “pérdida de horizontes políticos e ideológicos”.
De este análisis simplista - que deja por fuera las complejidades de un conflicto en el que el Estado Colombiano ha tenido un alto grado de responsabilidad en la generación, prolongación y escalamiento del mismo- a la consideración de que el ELN debe aceptar las “generosos” ofrecimiento de paz del gobierno, o de lo contrario “los dejará el carro de la historia”, hay un pequeño paso, que desconoce no solo el estrecho compromiso que ha mantenido esta guerrilla con los intereses del pueblo colombiano, sino su profundo arraigo en amplios sectores de la sociedad.
Cierto es que hace ya varios lustros el ELN ha mostrado su disposición a la búsqueda de una salida política al conflicto armado, pero no sobre la base de una desmovilización y entrega incondicional, sino de un diálogo franco y abierto de cara a la nación colombiana, y donde los temas de la participación de la sociedad y la concreción de una política soberana en el manejo de los hidrocarburos tiene particular relevancia.
A través de sus anuncios públicos y de conversaciones con compañeros del ELN, privados de la libertad en el ERON- Picota, he tenido conocimiento de los esfuerzos realizados por su organización, para cristalizar una mesa de diálogo con el gobierno; y encuentro que les asiste la razón cuando expresan su desconfianza hacia un gobierno que habla de la terminación del conflicto, pero poco o nada ha hecho por el cese de la “guerra sucia” y el desmonte de los grupos paramilitares; que llama a la Reconciliación Nacional pero continua implementando políticas lesivas para el pueblo en el campo laboral, educativo y de la salud, entre otros muchos; que dice ofrecer garantías a la oposición, pero no ceja en su política de criminalización de la protesta social; que pregona la necesidad de defender el patrimonio nacional, pero insiste en la privatización del sector energético, y el impulso a la mal llamada “locomotora del desarrollo”. En fin de un régimen que cuando anuncia gestos de paz, es porque está preparando acciones de guerra.
En ese orden de ideas seguirán teniendo vigencia las palabras del tribuno popular Jorge Eliécer Gaitán, cuando afirmaba: “no me pregunten qué tipo de revolución quiero, si violenta o pacífica. Preguntadle a la oligarquía como quieren ellos que sea la revolución”. Y si hoy las élites dirigentes del país están apostando a la terminación del conflicto armado por las vías política “no lo hace –como lo advierte el escritor William Ospina- porque le preocupe mucho la sociedad, a la que mantuvo siempre en la marginalidad, en la pobreza, en la falta de oportunidades durante décadas, sino tal vez porque ha advertido que de esta decisión dependía su propia supervivencia como casta”.
Resulta claro, sin embargo que un acuerdo para la terminación del conflicto que no incluya al ELN dejaría inconcluso cualquier proceso de paz. De allí la urgente necesidad que el gobierno formalice de manera pública, una mesa de diálogo con el ELN, sobre la base de garantías y compromisos reales y efectivos, que lleven a buen puerto estos acontecimientos.
Entre tanto, en mi condición de preso político de conciencia seguiré participando de manera conjunta con los compañeros del ELN, los prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP, y demás sectores de la población carcelaria, en las jornadas de desobediencia pacífica y huelgas de hambre, a las que nos hemos visto avocados para denunciar y exigir soluciones a la crisis humanitaria en los centros penitenciarios del país, que deriva de los altos índices de hacinamiento, la falta de atención en salud general y especializada, la deficiente alimentación y los altos niveles de corrupción entre los funcionarios del INPEC.
No quisiera despedirme sin invocar esas fuerzas que rigen las cosas positivas para que nos permitan muchos años de lucha más ojalá ¿Por qué no? Para que nuestras trayectorias vitales coincidan físicamente en la construcción de tan anheladossueños.
En ejercicio de La Habana (Cuba) y el que vendrá con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), seguramente determinara el quehacer futuro, en torno a la unidad en el trabajo de campo conjunto y en el día a día de todas y todos las/los hemos mantenido una postura digna frente al criminal Estado colombiano.
Compañero Gabino, sin importar donde me encuentre seguiré aportando en la transformación de mi entorno. Unos gruesos barrotes y unas frías paredes de hormigón no serán suficientes para derrumbar el espíritu y la fe, en que una Colombia mejor y una sociedad justa son posibles. Así ha sido siempre y así seguirá siendo porque como lo expresara aquel personaje de Ostrovski, en Así se Templo el Acero: “hasta es obligatorio morir con entereza si sientes que la razón está contigo”.
Fraternalmente, y con admiración
Miguel Ángel Beltrán
Preso Político
Patio 4 Centro Penitenciario la Picota