Internos de cárcel La Picota se cosen la boca

La Brigada Jurídica
EDUARDO UMAÑA MENDOZA

Informa que continua la desobediencia civil en el patio 4 de la picota por parte de los presos políticos.
Tras dos meses de emergencia carcelaria, Defensoría reconoce avances pero advierte factores puntuales de vulnerabilidad para los DD.HH
La problemática sigue impactando a los centros de detención transitoria, como sucede en la Estación permanente de Policía en Valledupar, donde la Defensoría del Pueblo realizó una visita de inspección que permitió hallazgos críticos en materia de salubrid
El hacinamiento se mantiene estable en el 55 por ciento, mientras el represamiento de servicios médicos solicitados asciende a 14.235 casos.
En cumplimiento de su misión constitucional como organismo de control para los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo ha hecho seguimiento al desarrollo de la medida de emergencia carcelaria, anunciada el pasado 5 de Mayo y oficializada mediante resolución el 10 del mismo mes.
Al cabo de 2 meses y 8 días de su entrada en vigencia, la Entidad reconoce algunos avances importantes frente al diagnóstico que este organismo adscrito al Ministerio Público había hecho señalando que al término del primer trimestre de 2016, el 90 por ciento de las prisiones carecía de todo tipo de asistencia en salud para la población privada de la libertad. Hoy 101 cárceles del país cuentan con red hospitalaria y 114 se han puesto al día respecto a la recolección de residuos hospitalarios.
Sin embargo, la situación en algunos aspectos sigue siendo preocupante y existen factores puntuales de vulnerabilidad para los derechos de los internos, como sucede con las solicitudes de servicios médicos represadas, que alcanzan la cifra de 14.235.
No obstante la contratación de los prestadores, 91 establecimientos (equivalentes al 66 por ciento) reportan insuficiencia en el recurso humano y 71 (52 por ciento) en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, hecho que se ve reflejado en cárceles como la de Sincelejo, donde hace 8 meses las personas que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH) no reciben tratamiento.
Actualmente, la cifra de pacientes oficialmente registrados en el sistema es de 9.752, 520 más que los reportados antes de la emergencia carcelaria a nivel nacional. De ellos, 4.218 padecen hipertensión arterial, 2.255 son siquiátricos, 1.090 han sido diagnosticados son diabetes, 640 con VIH y 104 con cáncer.
Las cifras de hacinamiento se mantienen estables en el 55 por ciento, con una población de 121.249 internos frente a una capacidad instalada para 78.055, lo que representa un sobrecupo de 43.194 personas. Cabe señalar que según información oficial, hay otras 49.038 personas que se encuentran en prisión y/o detención domiciliaria, pero el personal de revista dispuesto por el Inpec es a todas luces insuficiente, como pasa también con los dispositivos de vigilancia electrónica pues de los 4.061 habilitados, 1.207 (el 25 por ciento) no están en funcionamiento por inconvenientes de carácter técnico.
Preocupa a la Defensoría del Pueblo que la crisis advertida a comienzos de año en los establecimientos carcelarios se traslade y agudice en los centros de detención transitoria como las URI y estaciones de Policía, pues así lo dejan entrever los hallazgos de una visita de inspección humanitaria a la Estación permanente de Policía de Valledupar, donde hay cupo para 20 personas pero permanecen 193, es decir con un hacinamiento que asciende al 870 por ciento.
Allí, no hay atención en Salud pues el Fondo Nacional operado por Fiduagraria y Fiduprevisora dice que no es su responsabilidad, sin tener en cuenta la situación jurídica de los detenidos. Por si fuera poco, para las 193 personas encontradas al momento del registro, sólo hay disponibles un sanitario fuera de servicio, dos duchas también fuera de servicio y un orinal comunal con problemas de obstrucción, razón por la cual la población privada de la libertad se ve obligada a hacer sus necesidades en botellas y bolsas plásticas que luego son acumuladas con desperdicios de comida y toda serie de residuos, los cuales constituyen una amenaza evidente a las condiciones de salubridad en ese lugar.
Ante estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo tiene un curso una acción judicial encaminada a proteger los derechos de esta población, y seguirá vigilante al desarrollo de la emergencia carcelaria que aplica desde hace 2 meses en el país.